Indecopi propone “mejorar” ley concursal: ¿Qué debería modificarse para evitar infracciones como en Universitario?

Luego de informar sobre diversas irregularidades identificadas en el proceso de Universitario de Deportes, Hania Pérez de Cuéllar, presidenta del Indecopi, indicó que el Consejo Directivo ha remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) una propuesta de actualización a la ley general del sistema concursal.

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El objetivo es proteger de “mejor manera” el patrimonio de las empresas deudoras.

La funcionaria adelantó que las modificaciones apuntarían a “establecer mejores incentivos para la protección del patrimonio, definir reglas y sanciones más claras para las partes involucradas y, finalmente, fortalecer las facultades de los fiscalizadores y sanciones” que pueda establecer la autoridad concursal (Indecopi).

“Este proceso [concursal de la 'U'], y otros casos, han demostrado que existen vacíos y posibles mejoras a la ley. El objetivo es establecer reglas más claras, sanciones más drásticas sobre el comportamiento de los administradores y fortalecer el rol fiscalizador del Indecopi”, subrayó.

Al respecto, Alfonso Pérez-Bonany, director del área concursal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), indicó que el informe realizado sobre Universitario es relevante, pues las infracciones identificadas (como pagos irregulares, afectación patrimonial, actos de los administradores a favor de uno de los acreedores, suscribir contratos simulados, entre otros) son “trasversales a todos los procesos”.

CUESTIONES DE FONDO

Para la optimización de las acciones del Indecopi, inicialmente, se deben brindar mayores recursos que permitan contar con más personal para ejecutar las fiscalizaciones, pues el actual es insuficiente, indicó Pérez-Bonany.

“El reconocimiento de los créditos de una empresa concursada es todo un evento ceremonioso, pero luego de ello parece que se olvidan del proceso. Y esto es porque no se tiene el personal ni el presupuesto para fiscalizarlo, como el cumplimiento de las medidas adoptadas en juntas. Justamente, lo importante es estar encima del administrador o liquidador para que cumpla con su trabajo”, apuntó.

A su turno, Daniel Schmerler, exmiembro de la Comisión de Procedimiento Concursal del Indecopi, refirió que, en lugar de incrementar sanciones económicas, una opción interesante sería fijar mecanismos de control más próximos a las decisiones de las gestiones, pues así se minimizan los casos de incumplimientos.

“Se debe apuntar a una forma de supervisión que esté más próximas a la gestiones para así minimizar escenarios donde se generen infracciones. Pero también está la posición de incrementar las sanciones, pues si siempre se incurren en estas es porque no se encuentra un incentivo para no cometerlas”, refirió Schmerler.

El exfuncionario del Indecopi apuntó que los trámites deben agilizarse acortando sus plazos, pues “demoran muchos meses”.

En esta línea, Pérez-Bonany agregó que las fiscalizaciones deben priorizar “el cumplimiento de los convenios pactados en juntas de acreedores, como los relacionados a los planes de reestructuración, y no aspectos menudos”.

“Considero que son buenos los profesionales del Indecopi. Pero se tiene que dar mayor logística o ampliar el número de profesionales para poder tener una atención acorde al encargo”, subrayó Schmerler.

MAYOR ESPACIO DE ACCIÓN

Respecto a contar con mayores facultades, Pérez-Bonany explicó que la principal barrera responde a que estos procesos en el Perú son administrados por la administración pública (Indecopi) y no, como ocurre “en casi todo el mundo”, por jueces especializados en materia concursal, que tienen un abanico más amplio de acciones.

En esta línea, Michelle Barclay, socia de CMS Grau en el área de reestructuración empresarial e insolvencias, indicó que se podría evaluar aplicar el caso de Colombia, donde estos procesos son llevados también por la administración pública, pero brindándole algunas facultades jurisdiccionales.

Schmerler indicó que esto serviría, por ejemplo, ante escenarios relacionados a actos perjudiciales cometidas por el deudor sobre su patrimonio.

“Cuando una empresa está por entrar a un proceso concursal, en algunos casos, disminuyen sus patrimonios o inventan créditos, lo que va en contra del colectivo de acreedores. Ante este caso, la junta de acreedores acude al Poder Judicial para la ineficacia de estos actos jurídicos perjudiciales y el proceso se vuelve muy engorroso. Entonces, se puede facultar al Indecopi para que identifique actitudes defraudadoras y también permita la restitución del patrimonio”, indicó el exfuncionario.

Pérez-Bonany agregó que, para el corto plazo, serviría realizar precisiones en la normativa para que las decisiones que adopte el Indecopi y las juntas de acreedores, respaldadas en la suscripción de un acta, se ejecuten desde el día en que se aprueban y que las inscripciones a otras entidades públicas sean declarativas.

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“La solución sería regresar al sistema concursal donde lo ven los jueces, pero esa no es la opción más inmediata. Entonces, se debe apuntar a que las decisiones del Indecopi y de las juntas se ejecuten de la forma más célere. Todo lo que sea acortar plazos y menos burocracia hará más eficiente el proceso”, puntualizó el abogado de PPU.

Por último, Barclay mencionó que también debería contemplarse mejorar los incentivos para que existan mayores entidades que se registren para ser administradoras concursales o liquidadoras. Así, las deudoras contarán con mayores opciones durante su proceso.

Consultada sobre la situación actual de esta propuesta por El Comercio, desde la PCM indicaron que ya se ha iniciado el trámite de su aprobación y “el referido proyecto viene siendo evaluado por las instancias técnicas correspondientes, con el fin de absolver observaciones y precisiones a la norma". Posteriormente, corresponderá que sea "evaluada por los sectores involucrados y elevada al Consejo de Ministros, para su aprobación”.

Este Diario también intentó conocer más detalles sobre la propuesta por el lado de Indecopi, pero no se obtuvo respuesta a la consulta.

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