Sistema Nacional de Pensiones busca evitar el litigio con criterios para el allanamiento ante casos de solicitudes de pensión. (Foto: GEC)
Sistema Nacional de Pensiones busca evitar el litigio con criterios para el allanamiento ante casos de solicitudes de pensión. (Foto: GEC)
Israel Lozano Girón

La Oficina de Normalización Previsional () ejecutó a junio de este año un total de 26.883 sentencias emitidas en procesos ante el Poder Judicial y que determinaban beneficios en favor de los afiliados.

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De dicho total, son 20.707 los procesos vinculados a afiliados al Decreto Ley 1990, régimen pensionario que concentra a la mayor cantidad de afiliados administrados por la ONP. Esos resultados están incluidos en el plan de descarga procesal que ha realizado la entidad como parte de la Ley 30927.

Esa norma, que data de abril del 2019, faculta a la ONP a desistir o allanarse de oficio en los procesos judiciales en materia previsional. En el mensaje a la nación del 2018, el presidente anunció la medida. “No podemos permitir que un juez disponga su tiempo en estos casos. Queremos que redoblen sus esfuerzos en procesos judiciales y no dar la lucha contra nuestros adultos mayores”, señaló en aquel entonces el jefe del Estado.

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Los casos

El allanamiento se rige en función de criterios establecidos por ley, los cuales sirven para determinar en qué casos la entidad se allanará y reconocerá el derecho a la pensión, entre otros beneficios. Por ejemplo, uno es que la ONP se allana en los casos cuya demanda tenga como controversia la acreditación de aportes.

Hasta antes de esta disposición, los requisitos para corroborar la pensión eran rígidos en cuanto a la documentación. Un segundo criterio para el allanamiento es que, para el caso de los afiliados que se desafiliaron de la AFP y pasaron a la ONP, se deberá reconocer como fecha de inicio de pensión el momento en que la persona ya cumplía los requisitos legales y no la fecha en que la SBS emitió la resolución de desafiliación.

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Uno de los criterios más importantes fue aquel relacionado al cálculo de la remuneración promedio. El director general de la oficina de asesoría jurídica de la ONP, Roberto Burneo, explicó que antes se realizaba un promedio de las remuneraciones percibidas, lo cual reducía la posibilidad de pensión del afiliado.

“Antes se hacía el cálculo promedio de las sesenta últimas remuneraciones. Si no se trabajaba un año, le ponían cero, y eso hacía que la pensión se redujera. Lo que establece el criterio es que solo se contaban los meses trabajados, mejorando el cálculo”, aseveró.

Hablamos de casos que hace cinco años representaban más de 150 mil procesos judiciales. A la fecha se han reducido a 55 mil procesos. “Ahora restan cerca de 24 mil procesos sin sentencia firme. Se encuentran en segunda instancia o por parte del administrado o que no cuentan con alguna sentencia hasta el momento. Pensamos ir reduciendo de forma más dinámica para favorecer al administrado”, acotó.

Burneo sostuvo que, como parte del proceso de desjudicialización emprendido por la entidad, hasta la fecha se han destinado más de S/300 millones.Asimismo, informó que durante la pandemia del COVID-19 la ONP continuó con la ejecución de sentencias, para lo cual destinó más de S/32 millones.

“Estamos dentro de este esfuerzo de evitar el litigio y con una mentalidad conciliadora. Estamos revisando caso por caso y reconociendo los que nos faculte la ley”, finalizó.

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