(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

Para el abogado laboralista Javier Dolorier, una eventual ley de negociación colectiva—la cual permite que los trabajadores negocien directamente sus incrementos salariales con sus empleadores—podría costar entre 200 a 300 millones de soles si no se respetan las normas presupuestarias. 

Cabe recordar que el pasado lunes se aprobó un proyecto de ley de negociación colectiva en la Comisión de Trabajo y Seguridad del Congreso, grupo presidido por Justiniano Apaza (Frente Amplio). 

"[Esta ley] incrementaría el número de pliegos de reclamos en reparticiones del Estado donde actualmente no se negocia colectivamente", señaló Dolorier. "Si tomamos valores actuales, podemos considerar que costaría entre S/ 200 a 300 millones si es que no se respetan las normas presupuestarias", enfatizó. 

Frente a este posible incremento, el especialista recordó que el artículo 79 de la actual Constitución Política del Perú indica que los representantes ante el Congreso "no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos". 

"Se pretende forzar al Estado a otorgar incrementos de remuneraciones sin respetar el principio de equilibrio presupuestario previsto en la Constitución", subrayó Dolorier. 

En ese sentido, advirtió que se deben evitar laudos como los ocurridos en ProInversión, donde se obligó a la empresa a pagar S/16 mil a cada trabajador como cierre de pliego. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN SUDAMÉRICA

Asimismo, el especialista reconoció que, en países como Brasil y Uruguay, se llevan a cabo negociaciones colectivas pero con la existencia de un organismo superior facultado para establecer parámetros. 

"[En estos países] se llevan a cabo negociaciones centralizadas y descentralizadas, pero con un consejo superior de negociación colectiva, encargado de fijar las pautas para llevar a cabo estas negociaciones de forma ordenada", explicó. 

Esto, según remarcó Dolorier, no está comprendido dentro del proyecto de ley aprobado. 

Por su parte, el exministro de Economía, Alonso Segura, dijo que además del costo que el proyecto podría representar, esto podría causar una contingencia fiscal con carácter permanente para todos los presupuestos.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por último, frente a la exhortación del Tribunal Constitucional al Congreso para legislar en esta materia, Dolorier consideró que su debate en el Parlamento fue insuficiente. 

"Si bien es cierto que la negociación colectiva es un derecho constitucional, en el caso de su ejercicio en el Estado debe protegerse también el equilibrio presupuestario como base del ordenamiento de la política económica", sostuvo. 

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