Perú no cumple meta de déficit, una recaída fiscal sostenida podría afectar la calificación, indicó Fitch Ratings

El déficit fiscal de Perú en 2023 pone de relieve cómo los riesgos para el perfil crediticio soberano derivados del crecimiento moderado y la incertidumbre política podrían extenderse a las cuentas fiscales, señaló Fitch Ratings. Si bien esto parece contenido, la agencia calificadora continuará evaluando el riesgo de que las presiones fiscales y el crecimiento potencial post-pandemia más débil comiencen a generar déficits y deuda estructuralmente más altos en el mediano plazo para ayudar a informar de la resolución de la perspectiva negativa sobre la calificación soberana ‘BBB’ de Perú.

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En 2023, la economía se contrajo aproximadamente un 0,2% debido al malestar social a gran escala en el 1S23 y a eventos climáticos extremos. En opinión de Fitch, el crecimiento potencial puede haber sido reducido por la inestabilidad política y la reducción de la inversión.

El débil crecimiento y los menores precios del cobre provocaron una caída de los ingresos y un aumento del déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), a pesar de la restricción del gasto. Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que el déficit del SPNF en 2023 se amplió al 2,8% del PIB desde el 1,7% en 2022, por encima de la regla fiscal del gobierno del 2,4%.

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Los ingresos cayeron 2,3 puntos porcentuales hasta el 19,7% del PIB. El gasto cayó 1 punto porcentual hasta el 22,5% del PIB a medida que se eliminó gradualmente el gasto relacionado con la pandemia, a pesar de los mayores salarios e intereses, el lanzamiento del plan gubernamental de reactivación económica “Con Punche Perú” y los esfuerzos de mitigación de eventos climáticos.

Fitch anticipó que no se alcanzaría el objetivo de déficit para 2023 a medida que los ingresos se ajustaran a la recesión y a los precios del cobre, aunque por un margen menor (se había pronosticado un déficit del 2,6% del PIB). La deuda del SPNF/PIB cayó 0,8 pp hasta el 33,0% del PIB debido al fuerte crecimiento del PIB nominal en medio de una alta inflación, 22,8 pp por debajo de la mediana de la categoría ‘BBB’. El fondo de estabilización fiscal se repuso, duplicándose hasta el 1,2% del PIB interanual en junio. La baja deuda pública de Perú en relación con sus pares de la categoría ‘BBB’ es una fortaleza de calificación.

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Se espera que el déficit de 2024 se reduzca gracias a una recuperación económica modesta, suponiendo que no se repita el gasto temporal. Sin embargo, creemos que la estrategia de consolidación de las autoridades, que apunta a déficits del 2% del PIB este año y del 1,5% en 2025, en línea con las reglas fiscales, se basa en proyecciones de crecimiento optimistas. Pronostican que el crecimiento del PIB real se recuperará al 3% en 2024, en comparación con el 2,1% de Fitch, en el extremo inferior del crecimiento potencial.

Existen riesgos fiscales por la posibilidad de un mayor apoyo a Petroperú. Las autoridades han indicado que no planean inyecciones de capital, como se refleja en nuestra reciente rebaja de la calificación de Petroperú a ‘B+’/Negativa desde ‘BB+’/Negativa, que no afecta directamente la calificación soberana del Perú.

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Recientemente, el Gobierno aceleró la reestructuración de Petroperú y mejoró su gobierno corporativo, cambiando el accionista mayoritario de la empresa del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio de Economía. Fitch cree que se necesita más apoyo, ya que persisten altos niveles de deuda en un entorno de compresión de los márgenes de refinación. La deuda total de Petroperú es manejable en 5 mil millones de dólares (1,9% del PIB), pero la empresa presenta pasivos contingentes ante el soberano, que brindó apoyo por un total de 2.250 millones de dólares (0,9%) en 2022, incluido un préstamo directo de 750 millones de dólares, una inyección de capital de 1.000 millones de dólares y 500 millones de dólares en garantías de préstamos. El apoyo recurrente podría convertirse en otra fuente de presión fiscal estructural.

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La estabilidad política y la eficacia del Gobierno se han visto afectadas en medio de la agitación política de los últimos años. La administración de la presidenta Dina Boluarte ha obtenido poderes legislativos para aprobar algunas medidas económicas, pero el continuo estancamiento político puede poner a prueba su capacidad para evitar mayores desvíos fiscales antes de las elecciones de 2026. Volver al cumplimiento de la regla fiscal reforzaría la credibilidad de las políticas y ayudaría a evitar un aumento de la deuda pública.

Pero si el desafiante contexto político dañara aún más el potencial de crecimiento a mediano plazo y condujera a una política más expansiva para apoyar la economía y abordar el descontento social, esto podría perjudicar la trayectoria fiscal en relación con sus pares calificadores. Una flexibilización material de la política fiscal que conduzca a un aumento sostenido de la deuda/PIB de GG, una mayor caída de la gobernanza y/o un menor potencial de crecimiento podría conducir a una acción de calificación negativa.