Gobierno anuncia un nuevo salvataje y restructuración de Petro-Perú: ¿por qué son medidas insuficientes?

A ese efecto, el premier Alberto Otárola anunció el otorgamiento de una “serie de garantías (financieras) y ampliación de garantías” para la petrolera estatal.

LEE TAMBIÉN: Gobierno anuncia medidas de garantías a Petro-Perú para asegurar el abastecimiento de combustibles

“Esto no es un dinero en efectivo, no es capitalización, sino es una manera de asegurar el abastecimiento de combustibles en el país”,

señaló el premier.

A decir del ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, se trata de un apoyo financiero porque el gran problema de Petro-Perú en estos momentos no es su solvencia patrimonial, sino “que atraviesa un enorme problema de liquidez”. Explicó que, por este motivo, se acordó darle a la petrolera estatal una fuente de financiamiento con garantía soberana a través del Banco de la Nación.

“Se ha hecho un profundo análisis en el gabinete ministerial y se ha analizado las causas y también cuales son las consecuencias de este rescate”, precisó Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas.

¿A cuánto ascendería este nuevo salvataje, el tercero que recabará Petro-Perú en los últimos dos años?

Si bien el decreto de urgencia con los pormenores del rescate será publicado hoy 27 de febrero, este Diario supo, preliminarmente, que su monto ascendería a US$800 millones.

De ser cierta esta información, Petro-Perú terminaría recibiendo del Estado peruano unos US$3.150 millones en tres sucesivos rescates (o el 1,3% del PBI nacional).

Esto incluye los US$2.350 millones, “entre aporte de capital y garantías” que el Estado le otorgó en el 2022 y que sirvieron de muy poco, pues “para el 2023 (la estatal) había generado US$2.500 millones de déficit de capital de trabajo”, señaló César Gutiérrez, expresidente de Petro-Perú.

“La experiencia indica que no se le puede dar dinero a Petro-Perú porque son irresponsables en el manejo”, apuntó el especialista.

Peor aún, Fernando de la Torre, exgerente de finanzas de la estatal, advirtió que el rescate financiero será insuficiente, pues para que una medida como esta funcione debe ser oportuna y suficiente, lo que no ocurre en este caso.

“Petro-Perú pidió US$3.000 millones como nuevo rescate y ahora le van a dar US$800 millones. Eso solo va a generar que en poco tiempo (entre 6 y 9 meses) vuelvan a pedir más”, dijo.

Para Carlos Paredes, ex presidente de Petro-Perú, se trata de una decisión errónea del Gobierno porque la estatal no va a poder devolver ese dinero, sino que terminará siendo capitalizado en el futuro.

Y eso significa que “no está aprendiendo nada de las lecciones”.

“Por eso, hacer un aporte escondido a través de un apoyo financiero temporal del Banco de la Nación es no medir la magnitud del problema”,

aseveró Carlos Paredes, ex presidente de Petro-Perú.

El gobierno, sin embargo, tiene otra posición. Y es que, a su entender, la crisis de la petrolera estatal puede corregirse con una serie de iniciativas, que incluyen la recomposición inmediata de su directorio y la implementación de medidas de austeridad.

Se trata, a decir de Alberto Otárola, de una restructuración integral que va a contar con la intervención permanente, no solamente del Minem, sino también del Fonafe y del MEF.

“Yo creo que, con este alivio financiero, más el cambio total en la gobernanza de Petro-Perú y las normas de austeridad que se está planteando, esta empresa volverá a ser lo que siempre ha sido, una empresa solvente y que sea el orgullo de todos los peruanos”, indicó Arista.

El decreto de urgencia (DU) con los pormenores de este planteamiento será publicado mañana (27 de febrero).

Propone, adelantó Otárola, la recomposición total del directorio de Petro-Perú con miembros independientes que será elegidos por el Fonafe. Esto, en los 15 días posteriores a la promulgación de la norma.

“El objetivo es que a fines de año e inicios del próximo el flujo (financiero) sea positivo en esta empresa”, explicó.

Detalló que en la norma aparecen, claramente, una serie de disposiciones, de austeridad, disciplina y calidad en el gasto e ingresos del personal.

“Lo que queremos es profesionalizar una institución que en tiempos pasados ha sido coto de intereses políticos, para no hablar de corrupción de algunas gestiones anteriores”, manifestó.