Las tres advertencias del Consejo Fiscal: Petro-Perú, la MML y la reforma de pensiones

A través de un comunicado, el Consejo FIscal (CF) expresó su preocupación por la gestión de la política que está conduciendo a un marcado deterioro de las fortalezas fiscales del país en los últimos años, centrándose en la reforma de pensiones, las medidas tomadas en relación con Petro-Perú y el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“La reciente gestión de la política fiscal ha provocado un incremento descontrolado del déficit fiscal, impulsado por la disminución de los ingresos fiscales y el incremento del gasto público, erosionando la credibilidad sobre los principales compromisos de política fiscal y llevando a incumplimientos, que podrían tornarse reiterados, de las reglas fiscales que tanto bien han hecho al país”, señala el documento.

La CF indicó que la actual gestión fiscal está exponiendo al país a múltiples riesgos fiscales, sobre los cuales ya se han emitido alertas y de no ser atendidos podrían devenir en nuevos incumplimientos de las reglas fiscales o comprometer la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo.

Estos riesgos incluyen la aprobación de la reforma del sistema previsional sin un estudio técnico adecuado sobre su costo actuarial; el continuo apoyo financiero a Petro-Perú con recursos del Tesoro Público sin una estrategia concreta para su sostenibilidad financiera y el creciente endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

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Carlos Oliva, expresidente del Consejo Fiscal y Luis Miguel Castilla, director Ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía, compartieron las preocupaciones del CF y señalaron que lo que se advierte no es nada nuevo, pues desde hace tres años han salido comunicados en la misma línea que advierten de estos mismos temas. Pese a ello, no ha habido una reacción del MEF para poder comenzar una consolidación fiscal.

“El Gobierno haría bien en responderlos. El mismo comunicado habla de cuáles son los problemas y eventuales medidas que tendrían que tomar, pero el Gobierno ha tomado la decisión, aparentemente, de no hacer caso a lo que dice el CF y seguir adelante con sus cosas”, dijo Oliva.

En cuanto a Petro-Perú, el CF reiteró sus preocupaciones, expresadas en comunicados e informes previos, sobre el continuo deterioro financiero de la empresa estatal, que ha llevado al Gobierno a implementar nuevas medidas de apoyo financiero a través del Decreto de Urgencia N° 013-202410, las cuales ascienden a aproximadamente US$ 4 mil millones.

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De acuerdo con la entidad, estas medidas sientan un mal precedente para la gestión de empresas públicas, pues alivian temporalmente los problemas de liquidez de la empresa, a costa de comprometer recursos del tesoro público que bien podrían tener usos alternativos. “El principal riesgo fiscal derivado de Petroperú radica en su alto grado de apalancamiento y en que su operatividad implique una situación permanentemente deficitaria”, se lee en el comunicado.

“En el caso Petro-Perú, es evidente que un 10% del déficit de este año se le imputa a su salvataje. Hasta la fecha, el propio MEF no ha dado mayor detalle de los condicionamientos que estaban en el decreto de urgencia para poder sanear la empresa, no hay directorio para conducir ni comenzar a ejecutar lo que se propuso”, dijo Castilla.

Respecto a la reforma del sistema previsional, el Consejo Fiscal reiteró que coincide con los objetivos principales de la reforma previsional aprobada en cuanto a buscar ampliar la cobertura y mejorar las prestaciones del sistema, especialmente para los sectores más vulnerables.

No obstante, consideró que esta norma presenta un riesgo fiscal significativo, al no contar con un análisis técnico riguroso de sus efectos en las finanzas públicas a mediano y largo plazo. Hasta la fecha, ninguna entidad, pública ni privada, ha presentado un estudio integral transparentando los supuestos utilizados para calcular los costos fiscales y actuariales asociados a esta reforma.

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Sobre el endeudamiento de la MML, anotaron que podría constreñir su capacidad de prestación de bienes y servicios futuros, y una serie de decisiones en la gestión presupuestal de parte del Ejecutivo que rompen con buenas prácticas de prudencia y responsabilidad que han caracterizado la gestión fiscal del país.

Y es que sus niveles de endeudamiento como consecuencia de la segunda operación en la emisión de bonos, según el CF, ascendió a S/ 1.250 millones, triplicando el límite máximo de la regla fiscal.

Para Castilla, el caso de la MML es más difícil porque el daño ya está hecho y porque el respaldo que el grupo político del alcalde, Rafael López Aliaga, le da al Ejecutivo pesa, anotó.

“Creo que se tendría que ser más exigente, no ceder más a presiones de este tipo y adelantar lo que se ha querido hacer desde hace mucho tiempo que es un saneamiento de los municipios insolventes que hay en Lima y en el país”, agregó.

Con este saneamiento, Castilla se refiere a una iniciativa que se dio desde el Ejecutivo en el 2018 para lidiar con municipios que no cumplen con las reglas fiscales y están quebrados. Se trataría de un programa que pueda intervenir de alguna manera en el manejo, sincerar las deudas, pero a cambio de mejoras en el manejo de la gestión financiera de esos municipios.

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“Esos municipios no pueden endeudarse, no pueden hacer una APP, Oxi porque están en incumplimiento. La deuda que tienen es con el Estado, con la Sunat, con Essalud, con las AFP, más atraso de deuda financiera. Es como cuando un país es insolvente y entra el Fondo Monetario, da liquidez financiera, recursos, a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones, ese es el espíritu de este programa de saneamiento que el MEF ha estado viendo hace años para poder sanear los municipios insolventes con deudas que arrastran de hace mucho tiempo”, dijo.

Además, señaló que un cuarto punto que no se ha mencionado es el rol que tiene el Estado de observar leyes y presentar acciones de inconstitucionalidad, que es otra de las formas de poder hacer frente a las presiones de gasto cuando se aprueban leyes por insistencia en el Congreso.

En este punto coincide Oliva, pues estimó que el Ejecutivo debe controlar el apetito de gasto. “Escuchamos que vamos a comprar aviones de guerra y la justificación es que tenemos plata. No entiendo lo que se está planteando. Tienen que ser mucho más firmes con el Tribunal Constitucional y defender la previsión de la iniciativa de gasto, eso también está causando un gran problema al fisco”, dijo Oliva.

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Con relación al déficit fiscal, el Consejo Fiscal señaló que durante el 2023 y en lo que va del 2024, este ha crecido de manera preocupante. “Así, al cierre de agosto, el déficit del Sector Público No Financiero (acumulado en los últimos 12 meses) se mantuvo por cuarto mes consecutivo en 4,0% del PBI, superando en 1,2 puntos porcentuales al límite recientemente modificado al alza para este año (2,8% del PBI)”.

Precisaron que esta tendencia apunta a un incumplimiento de la regla del déficit fiscal por segundo año consecutivo, a pesar de que los documentos oficiales de política económica indican que la consolidación fiscal debería estar en marcha. De no corregirse esta situación, este sería el cuarto incumplimiento de las reglas fiscales desde su implementación en el año 2000 , con el agravante de ser el segundo año consecutivo en que esto ocurre y el primero en que se incumpliría en el mismo año en que se flexibilizó la regla.

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Sobre esto, Castilla anotó que el año entrante el ajuste será mucho más severo -de 2,2%- y eso significaría un ajuste de 1,5 puntos porcentuales del PBI. “Es muy fuerte, incluso tomando en cuenta que habrá ingresos que van a incrementar de cara a la regularización de las mineras cuando pagan el impuesto a la renta. Aún así, será difícil que se pueda cumplir no solo este año, sino los entrantes”, afirmó.

Por su parte, Oliva dijo que es probable que no se cumpla, y esto afectaría la credibilidad del Gobierno pues no se tendrá garantía de que se cumpla cualquier meta que se ponga en el futuro.

“Se pierde esa herramienta que ha sido tan útil durante más de 20 años y que nos ha servido para tener grado de inversión y reconocimiento mundial. Al perder credibilidad, estamos en el camino hacia futuros ‘downgrades’ de la deuda y no creo que sea en el corto plazo, pero estamos en esa dirección”, señaló.

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El Consejo Fiscal destacó en la urgencia de adoptar medidas que reduzcan el déficit fiscal, vía moderación en el incremento del gasto público o incremento de ingresos permanentes. Asimismo, se recordó que mientras mayor sea el desvío en 2024, más difícil será cumplir con la regla del déficit fiscal en 2025 y los años siguientes, pues se requerirán ajustes fiscales mayores en el mediano plazo, con posibles efectos adversos sobre la actividad económica.

Finalmente, el CF subrayó que los riesgos mencionados en este comunicado se están materializando ante la actitud pasiva del Poder Ejecutivo, que no ha tomado medidas efectivas para mitigarlos. En opinión del CF esto revela una creciente fragilidad institucional y debilidad del gobierno frente a otros actores políticos. Además, revela un menor margen de maniobra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al interior del Ejecutivo de oponerse a iniciativas legislativas que generan mayores gastos públicos y afectan la sostenibilidad fiscal.

Pero, ¿estamos a tiempo? Según Oliva, se puede aún dar “vuelta al timón”, pero no se están tomando las medidas y eso es problemático. En tanto, Castilla, anotó que mucho dependerá de lo que pase también en el mundo con los commodities.

“Si el precio del cobre se recupera, ayudaría; pero una fuerte preocupación es que, con la agudización de los conflictos en Medio Oriente, el precio del petróleo se pueda disparar y se pueda aumentar las contingencias que se derivan de tener un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, donde se comienza a acumular una deuda con las refinerías para mantener el precio dentro de la banda. Eso sí comprometería mucho más las finanzas públicas”, explicó.

Al ser consultada por este Diario sobre lo dicho por el Consejo Fiscal, la Municipalidad de Lima reiteró su posición que brindó hace dos meses.

“Ahora tenemos un equipo de primer nivel, con gerentes, con capacidad de controlar los plazos, la calidad y los montos. Tenemos una municipalidad con proyectos y [pasamos] de menos S/ 300 millones de caja a tener una caja que supera los S/ 800 millones. Cuando mostramos eso a Fitch, S&P, Moody’s, nos dicen que podemos emitir a 20 años. Las clasificadoras nos ponen por encima de la nota que le ponen a Perú, nos dan AApara mercado local, para mercado internacional nos ponen BBB+cuando a Perú S&P lo ha bajado a BBB-”, dijo López Aliaga.

Asimismo, el alcalde en su momento mencionó que la MML está resolviendo el problema del transporte con el ahorro municipal. “Aún así, el CF solo habla de la Municipalidad de Lima, por qué no de la Refinería de Talara donde se van US$ 1.300 millones que son parte del problema”, añadió.

En aquel entonces, desde el municipio afirmaron que el Consejo Fiscal se pronunció con un mensaje político y nada técnico.