Los últimos datos de pobreza monetaria publicados por el INEI en el Perú –a pesar de la postergación intempestiva en la presentación oficial que llegó desde el Gobierno– revelan lo que ya muchos esperaban: en el 2023 más peruanos cayeron en situación de pobreza monetaria y el mayor golpe se vio en las ciudades, así como en la situación que sufren los pobres extremos del país.
Javier Herrera, miembro de la comisión consultiva del informe de pobreza monetaria del INEI, hizo un balance acerca de las recientes cifras en conversación con El Comercio, y nos alerta sobre la situación que enfrenta el Perú de no tomar cartas en el asunto en el corto plazo.
— ¿Le sorprendió el mensaje del INEI sobre la reprogramación?
Sorprendió a todos los miembros de la Comisión Consultiva, puesto que ya se había anunciado la fecha, hora y se habían cursado las invitaciones. Es lo menos que podemos decir. Más allá de lo que apareció en el comunicado, no sabíamos nada.
— El resultado de la pobreza monetaria al 2023 fue, lamentablemente, tan negativo como muchos esperaban. ¿Qué reflexión le merecen las cifras?
Después del choque de la pandemia, estamos en una tendencia distinta a la que hemos observado en los últimos 20 años. No va a haber un regreso a la “normalidad”. Estamos, mas bien, en una senda de crecimiento de la pobreza que ya tiene dos años consecutivos.
Lo que vemos, sobre todo, es un aumento de la pobreza urbana. Si uno toma los datos de pobreza de Lima Metropolitana, donde la situación de deterioro ha sido mayor, y los compara con datos del 2016 –hace apenas siete años–, casi se ha triplicado la incidencia de la pobreza. En ese lapso, el indicador de pobreza de Lima ha pasado de 11% a 28,7%. Es un incremento muy, muy significativo, y lo mismo ocurre también en otros entornos urbanos alrededor del país. En el mundo rural la pobreza cae muy moderadamente este último año, pero a la par se observa un crecimiento de la pobreza extrema.
— Los pobres en el mundo rural han pasado, en algunos casos, a la situación de pobreza extrema.
Lo que ha ocurrido es que los pobres rurales se han hecho más pobres. El problema es que la política de programas sociales implementada desde el 2005 se ha mantenido hasta la fecha, pese a que mucho ha cambiado. Los programas sociales, como el programa Juntos, fueron concebidos a partir del 2005 en base a un diagnóstico de la situación de esa época (la incidencia de la pobreza rural total era de 82,5% entonces): casi ocho de cada 10 personas en el área rural eran pobres y se diseñó una política muy importante en esa época, orientada hacia la pobreza extrema rural (que era de 41%). Realmente unas cifras espantosas. Pero la par, cambió la configuración de la pobreza: el 2019, el porcentaje de pobres totales que vivía en la capital era 28,2%, y ahora, en el 2023, es 32,6%. Un tercio del total de los pobres viven en el área de Lima, en la capital. En el área rural solo quedan 26.9% del total de pobres, mientras que en el 2019, esta cifra era de 43,3%.
Hay una suerte de piloto automático. Ha habido una reconfiguración espacial de la pobreza que no ha sido considerada en el diseño de las políticas públicas ni en la estrategia en la lucha contra la pobreza. Eso es lo más preocupante por una falta de reacción y de capacidades. Es un piloto automático que simplemente va contra un muro.
— ¿Se deben reformular las estrategias actuales?
No se trata de abandonar las políticas vigentes. La pobreza en el mundo rural y urbano es de naturaleza distinta: la pobreza urbana tiene mucho que ver con empleo urbano, inflación laboral, productividad, distribución de la composición del mercado laboral y crecimiento sectorial. En el caso rural, [la pobreza] guarda más relación con la dotación de activos, pequeña producción, la ausencia del Estado, entre otros puntos. Son pobrezas distintas. Pero se ha descuidado la pobreza urbana y sabemos que la mayor proporción de pobres se encuentra en las ciudades.
— Ha habido incapacidad desde el Estado para salir del piloto automático que usted comenta.
Sí, basta con ver qué ocurrió en pandemia. La incapacidad y gran dificultad del Estado para distribuir los bonos en el área urbana se dio porque no se tenían los instrumentos de focalización. Ya se tenía decidida una política, que era entregar bonos, pero no se podía hacer de manera eficiente. Toca ahora repensar una estrategia que no debe basarse solamente een bonos, porque se tiene que desbonificar la política social.
— La respuesta no puede ir por darle bonos a la población.
No. Tenemos que mirar más a mediano y largo plazo. Los bonos fueron una política de urgencia para atender situaciones de choque y son instrumentos para atender a una población incapacitada de generar ingresos por su propia cuenta. La política de lucha contra la pobreza debería considerar eso y asentarse en el desarrollo del empleo de calidad y de las fuerzas productivas.
“Si la tendencia al alza de la pobreza, que tiene dos años, se mantiene, ya no estaremos cuestionándonos en cuánto tiempo nos va a tomar regresar a [la tasa de pobreza del] 20%, sino qué tan rápido regresaremos al punto más alto de pobreza que tuvimos a inicios del 2000″.
Javier Herrera, director de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)
— ¿Se deberían impulsar medidas que permitan la creación de más puestos de trabajo formal desde el sector privado? ¿Por donde pueden ir las acciones en el ámbito del empleo a corto plazo?
Creo que la dicotomía público-privado no es tan pertinente en la definición de la estrategia contra la pobreza. Lo que sabemos es que para el caso de la pobreza urbana, es muy importante abordarlo desde distintos puntos de vista. Primero está el entorno donde se desarrollan las actividades productivas, y aquí es importante no solo la infraestructura que permita a una empresa sobrevivir con mayor probabilidad de éxito, sino también el entorno institucional. Tenemos en las grandes ciudades ahora una extensión muy amplia de la criminalidad que afecta, sobre todo, a los micronegocios: las extorsiones, cobro de cupos, entre otros mecanismos delictivos, limitan el desarrollo de las actividades y la creación de empleo de la población. Ese es un punto que no ha sido suficientemente atendido. Se ve más desde un punto de vista de lucha contra la inseguridad ciudadana, cuando también es un componente de la política de lucha contra la pobreza.
Tenemos que recordar también que estamos en una coyuntura macroeconómica poco favorable. Hemos visto una disminución del crecimiento en el último año. y eso hace mucho más difícil que la pobreza se reduzca. Hoy va a ser mucho más difícil que se caiga la pobreza cuando al mismo tiempo tenemos una caída de la demanda agregada. Y otro componente muy importante y con efecto sobre la pobreza es la inflación.
— Usted ha resaltado antes que la inflación actúa como un impuesto contra los pobres.
El costo de la canasta básica refleja la inflación que enfrentan los hogares pobres en el Perú, considerando no solo hogares urbanos sino también rurales. Se ha observado que hay un incremento en el costo de la canasta básica de consumo alimenticio en un porcentaje bastante elevado, cerca de 11%. Esta inflación del 2023 sigue siendo elevada y tiene impacto sobre la pobreza. Sumando el bajo crecimiento, baja generación de empleo de calidad y no recuperación del empleo, estamos ante una situación que genera menores ingresos para los hogares, un estancamiento de los gastos y por consiguiente un incremento de la pobreza.
Un punto importante a señalar es que el volumen de empleo no se ha recuperado. Lo que uno nota es que el número de personas que trabajan por hogar ha disminuido: la fuerza de trabajo generadora de ingresos, de la cual disponen los hogares, han disminuido por la situación del mercado laboral. No hay generación de empleo y el sector donde entran las personas con menos calificación está saturado. Para muchos hogares es aún muy difícil recuperarse.
— El exministro de Economía, David Tuesta, ha proyectado que tomará 20 años regresar a la tasa de pobreza de 20%. ¿Cómo ve esta estimación?
Antes de la pandemia habíamos alcanzado el punto mínimo de pobreza y ahora estamos cuesta arriba. Si la tendencia al alza de la pobreza, que tiene dos años, se mantiene, ya no estaremos cuestionándonos en cuánto tiempo nos va a tomar regresar a [la tasa de pobreza del] 20%, sino qué tan rápido regresaremos al punto más alto de pobreza que tuvimos a inicios del 2000.
Con lo mencionado, va tomar mucho más tiempo regresar a la tasa de pobreza del 20%, sobre todo, por dos razones: no se vislumbran políticas públicas que puedan apuntar en la disminución de la pobreza y en particular en la disminución de la pobreza urbana; y las perspectivas de crecimiento de la economía, así como la tasa potencial de crecimiento, tienen un techo mucho más bajo que en el pasado. Este problema va a limitar las posibilidades de recuperación. A esto se añade un tercer problema que esperemos que se reabsorba: si bien la tasa de inflación está disminuyendo, ello no implica que los precios van a bajar. La canasta de consumo sigue siendo igual de cara con una inflación supuesta de cero este año, con un costo de 446 soles. El costo de esa canasta ya la pone fuera del alcance de muchos hogares que hoy se encuentran en situación de pobreza. Los precios no van a disminuir.
— Frente al aumento del costo de la canasta básica de consumo, ¿qué está ocurriendo con la situación alimentaria de las personas en situación de pobreza? ¿Qué nos dicen las cifras del INEI?
Según datos del 2023, el déficit calórico nacional fue de 36,3%. Ese déficit calórico mide qué proporción de personas en un hogar tiene una ingesta aparente de calorías menor a la mínima requerida. Es decir, más de un tercio de la población sufre hambre. Esta es la cifra más alta que se haya tenido desde el 2004 (desde que se tiene el cálculo). Y aquí el punto esencial es que hay más hambre en Lima que en el mundo rural.
— ¿A cuánto asciende el déficit calórico en Lima?
En el 2007 la incidencia de déficit calórico en Lima era apenas de 15,3%. Ahora estamos en 43,5%. Ya estamos llegando casi a la mitad de la población que no logra cubrir su necesidad alimenticia básica.
— Son cuatro de cada 10 limeños que pasan hambre.
Que no cubren una necesidad alimenticia básica. Y acá no estamos hablando de calidad de la dieta. Si la gente ya dio un primer ajustón de su presupuesto de alimentos, cambiando y degradando la calidad de la alimentación, ahora ya entra también en una restricción de la cantidad. Eso lleva a tener menos calorías de las que podían comprar antes.
— Es una cifra muy preocupante.
Y lo que más preocupa aquí es que no hay ninguna política pública dirigida a atender esta situación. Ya conocemos los problemas con Qali Warma a la fecha, y muchas de las políticas actuales son de limitado alcance. También hay que ver como han estado funcionando aspectos como las ollas comunes.
Lo que debería darse tras este fracaso es un cambio de estrategia. Lo que vemos es un persistente incremento del déficit calórico y de la pobreza urbana, en particular en Lima, y no se tienen políticas públicas diseñadas para abordar esa pobreza urbana (ni diseño de la estrategia ni los instrumentos). En este contexto, es muy difícil que se logre contener o disminuir la pobreza urbana.
— ¿Qué es lo más urgente en medio de esta crítica situación?
La situación alimentaria se debe de atender con urgencia. Las respuestas deben ser múltiples: lo que ya existe hoy, como las ollas comunes, el programa Qali Warma, el desayuno escolar y su refuerzo, tiene una atención inmediata que se necesita y se debe dar en múltiples canales, aprovechando lo que ya existe para canalizar esa ayuda. Mirando más a largo plazo, se necesitan dos tipos distintos de lucha contra la pobreza con un enfoque en lo urbano y otro en lo rural; y en el caso urbano, se debe centrar las prioridades en la generación de empleo de calidad. En el ámbito rural debe acompañar a los productores y hogares productores agricolas a poder orientar su producción hacia el mercado, elevando también la productividad.