La inflación del 2021 fue alta en el Perú y en el mundo. A escala nacional, se registró un incremento en el índice de precios al consumidor (IPC) de 6,99% (6,43% en Lima Metropolitana), el mayor incremento en más de una década. Si bien el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señala que la inflación retornará al rango meta (entre 1 y 3%) este año, la alta inflación del año pasado nos deja impactos negativos.
Un componente relevante de la inflación del 2021 es la llamada inflación alimentaria. Los precios de los alimentos han alcanzado su nivel más alto mundialmente desde el 2011 de acuerdo con la FAO (23% más que en el 2020, año en el que ya estaba en ascenso). En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirma que a escala nacional (según el IPC de las principales ciudades) los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en 10,4% (aceites subieron en 49%, carnes y azúcar en 15%), y en Lima Metropolitana en 8%. Otros dos componentes de la alta inflación del 2021 fueron el incremento de los alquileres, combustibles y electricidad, en algo más de 13%, y en transportes y comunicaciones (11% a escala nacional y 8% en Lima).
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El incremento de precios en estos rubros afecta de manera diferenciada a los hogares peruanos. Como se muestra en los gráficos basados en las encuestas de hogares (Enaho del INEI), los hogares del quintil 1, el 20% más pobre, destinan más del 53% de sus –insuficientes– gastos a alimentos (dentro y fuera del hogar), mientras que el quintil 5 destina un tercio de sus gastos a este rubro. Un mayor costo de alimentos golpea más a los más pobres, obligándolos a consumir menos alimentos y/o a sustituir alimentos que han subido más, como las carnes, por alimentos menos nutritivos.
Complementariamente, fruto de las medidas de aislamiento en el 2020, el peso del gasto en vivienda y electricidad subió. Con ello los hogares más pobres destinaron en el 2020 más del 70% de sus recursos a alimentación y vivienda, y los más ricos, el 55%. Mayores precios en estos rubros afectan negativamente la calidad de vida de todos, pero más la de los más pobres que aún no recuperan siquiera sus niveles de ingreso prepandemia.
De igual forma, hay un efecto mayor en los hogares rurales. Un hogar peruano en la zona urbana destinó, en el 2020, 40% sus gastos a alimentos, y un 25% a alquileres, combustibles y electricidad; un hogar rural destinó 57% de su gasto a alimentos y un 13% a alquileres, combustibles y electricidad. En estos dos rubros se gasta en promedio el 65% del presupuesto familiar en las zonas urbanas, y el 80% en las zonas rurales. Si los precios de estos dos rubros suben más de 10% en un año, el efecto es serio. Los hogares tienen que consumir menos, dejar de gastar en otros bienes y servicios, o sustituir el consumo de lo que más ha subido.
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Los hogares rurales han sido duramente afectados, pero no solo por la inflación alimentaria del 2021. Si bien uno podría pensar que mayores precios de alimentos benefician a muchos de ellos, pues les permiten vender a mayor precio sus productos agropecuarios, esto no sucedió. Unos pocos productos de la agricultura familiar vieron incrementos en sus precios (los que más subieron fueron la yuca, en 10%; la papa amarilla, en 3%-4%; y la lenteja, en 3%) y muchos otros reportaron menores precios que en el 2020 (frutas y hortalizas, sobre todo) con el agravante de que todos enfrentaron mayores costos de fletes por el aumento en combustibles, y de producción por el exorbitante incremento en los precios de los fertilizantes (la úrea triplicó su precio en el mercado internacional entre enero del 2020 y noviembre del 2021).
Luego de un mal 2020 para los agricultores, en el que la mayoría no logró vender toda su producción ni obtener ingresos –agrícolas y no agrícolas– suficientes para sembrar adecuadamente para el 2021, la inflación y los mayores costos de producción los han golpeado nuevamente. No sorprende que el 44% de los encuestados por Ipsos en zonas rurales en diciembre pasado señaló que estaban peor o mucho peor que en el 2020, ni que solo el 26% piense que en los próximos 12 meses estará mejor.
Mayor inflación alimentaria en un país con grandes desigualdades y limitados mecanismos de protección para lo básico –la alimentación– se traduce en hambre y peor nutrición para los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, incluso para los hogares que producen alimentos.
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