(Ilustración: Rolando Pinillos)
(Ilustración: Rolando Pinillos)
/ Rolando Pinillos
David Tuesta

Desde hace algún tiempo varios colegas economistas se han venido sorprendiendo que el Fondo Monetario Internacional (), una institución históricamente concentrada en la estabilidad macroeconómica y financiera empezara a preocuparse por temas sociales. La crisis financiera global del 2008-2009, que trajo la pérdida de millones de empleos, y su precarización, impulsó con fuerza líneas de investigación como el del “crecimiento inclusivo”. Hemos visto también, dentro del contexto de la crisis del Covid19, sus predicamentos por mayor atención a los temas de pobreza y desigualdad. De hecho, para el caso peruano, sorprendió a muchos con sus recomendaciones de elevar aun más la proyección de endeudamiento para el 2021, con el fin de otorgar más bonos universales a las familias (IMF, 2021).

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Para un país como el nuestro, donde varios de mi generación sufrimos en carne propia la hiperinflación y pobreza de los noventa, hablar de elevar sustancialmente los niveles de endeudamiento no deja de generarnos escozor. Subrayemos además que gran parte de nuestro preciado grado de inversión -ese factor que nos permite acceder a los mercados y que la inversión privada tenga confianza en el Perú- se ha construido en base a la vigencia de una regla fiscal que ha mantenido a raya el déficit y el endeudamiento. Recordando además que el FMI ha estado siempre detrás de que nuestra férrea disciplina fiscal se cumpla, sus recomendaciones de endeudarnos más, incrementando las ayudas monetarias cuasi-universalmente, marcó todo un hito.

Ahora bien, los expertos de este organismo ni otros académicos de primer nivel se han vuelto locos. Sus recomendaciones se basan en evidencia, y parten además de la premisa que el mayor crecimiento económico en base a productividad está detrás de la reducción de la pobreza, y que de hecho es la principal variable determinante. Sólidos trabajos como los de Squire (1993), Chen y Ravallion (2000) y el estudio de Adams (2003) del Banco Mundial, respaldan este hecho. La economía peruana, además, es sin duda un vivo ejemplo de ello. Nuestra estrategia de crecimiento basada en mejoras de productividad desde los noventa ha permitido cuadruplicar el PIB per cápita que teníamos a inicios de los 60s y reducir sustancialmente la pobreza y desigualdad, en contraste a la parálisis producida por los experimentos fallidos de los 70s y 80s. Pero, también se reconoce que esto no es suficiente, sobre todo cuando las condiciones estructurales, o de partida, que tienen millones de familias, les hace prácticamente imposible dar el salto a un mayor bienestar.

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Es importante, por supuesto, reclamar que el Estado haga su trabajo para solucionar las “fallas de mercado” que impiden que nuestros compatriotas más pobres gocen de la denominada “igualdad de oportunidades”; es decir, el acceso servicios de calidad de salud y educación, sólo por mencionar dos aspectos clave. Pero también es importante observar que mientras esas funciones no sean bien suplidas por el Estado, y mientras los que están en pobreza no tengan las condiciones básicas de alimentarse y vivir con cierta dignidad para entrar al mercado y ganarse el pan, ello va a ser una tarea casi imposible. Muchos, sin embargo, piensan que las ayudas monetarias son sólo un incentivo para “generar una base social que sólo estira la mano” (se lo escuché a un comentarista conocido de la televisión hace poco). La evidencia muestra que esto es un estereotipo que muchos tenemos en nuestra cabeza y que necesitamos cambiar. Y los datos hablan.

Comencemos primero por desentrañar los mitos que creen que las ayudas monetarias no condicionadas sólo generar mendicidad. Comentarios como que los pobres quieren tener muchos hijos y ser madres solteras para recibir la ayuda del Estado, son lugares comunes en el pensamiento. Varios estudios (Moffit, 2003; Ziliak 2016) muestran utilizando estudios de campo que no hay evidencia para esa visión. Similares leyendas de que los bonos incentivarán a que los pobres consuman más alcohol, tabaco y otras drogas, también han sido desmentidas por la apabullante evidencia estadística (Evans y Popova, 2017; Haushofer y Shapiro, 2016); y, los datos tampoco toleran los argumentos de que las ayudas monetarias volverá a la gente ociosa y que estos dejarán de buscar trabajo (Banerjee et al,2017). Por ejemplo, las distribuciones de cheques por recursos provenientes de recursos naturales como en Alaska (US$ 2,000 por persona) o por los dividendos del negocio de los casinos a los miembros de la tribu Cherokee (US$ 4,000 por adulto al año) no ha generado que los más pobres dejen de trabajar y por el contrario ha tenido impactos positivos en la educación adolescente (Jones y Marinescu, 2018; Akee et al, 2010).

Y cuando dejamos de lado todos estereotipos sobre los pobres, nos encontramos también con mayores y agradables sorpresas. Las investigaciones de varios de los programas de ayudas monetarias no condicionadas han impactado muy favorablemente a incrementar el gasto en alimentación por encima del de cualquier vicio, incentiva la búsqueda a trabajar, incrementa el nivel de nutrición de los hijos, la asistencia a la escuela y los indicadores de salud (Gentilini et al, 2014; Banerjee, 2016; Banerjee, 2017). Es decir, mejoras que claramente impactan positivamente sobre el capital humano y sobre la mayor productividad en el largo plazo. Los estudios encuentran además la superioridad de las ayudas de tipo más universales, que las condicionadas, debido a que estas últimas suelen poner demasiadas restricciones que al final juegan en contra de las bondades de un programa, sea porque demasiadas restricciones generan un alto coste de monitoreo a los gobiernos, sea porque alientan a mayor corrupción, o sea porque los requisitos establecidos por muy loables que sean (que llevan al niño al colegio, que les haga chequeos médicos, entre otros), suelen generar una carga innecesaria que al final autoexcluye a una cantidad importante de potenciales recipientes del programa (Caldes et al, 2006; Gupta, 2019; Duflo, 2017; Benshassine, Devoto y Duflo, 2015) y sus efectos positivos, que como vimos alientan a hacerlos más productivos y a incrementar el capital humano.

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Si bien la evidencia va dando muestras de que hay razones no sólo filantrópicas, sino de mejoras sostenibles de bienestar económico y productividad, como consecuencia de las ayudas cuasi universalizadas para los más pobres, también queda claro que esto no es la panacea y que la base para que esto sea realmente sostenible en el tiempo proviene de que las economías sean capaces de generar empleo continuo de calidad a largo plazo y esto sólo es posible con mayor inversión privada que impulse la productividad de un país.

Banerjee y Duflo (2018) indican que estas ayudas monetarias no transforman a las personas no les genera prosperidad de la noche a la mañana, pues sólo da mejoras de base. Sí, bien las transferencias monetarias ayudan a los pobres a “liberarse de las preocupaciones de sobrevivir dándoles el apoyo y esperanza para focalizarse en buscar trabajo y mantenerlo”, reconocen que se requiere generar trabajo sólidamente y esto no es posible si “el sistema hace prácticamente imposible despedir a un trabajador, (en un mundo), donde están los suertudos que tienen sus trabajos protegidos por la regulación, mientras los que están fuera no pueden acceder a ellos”. La rigidez laboral “mata” la posibilidad de que millones de persona acceden a un trabajo digno.

Para que el país finalmente progrese será necesario no sólo terminar con los estereotipos que señalan que las ayudas monetarias generan mendicidad, sino también será necesario desterrar las creencias de que un salario mínimo más alto, y que incrementar los costos de contratación formal (¡que en el Perú llega casi al 70%!) traerá “por arte de magia” empleo para todos. Más solidaridad sí, por supuesto, y con recursos fiscales que lo financien, claro está. Pero eso sí, sin generar la confianza para que haya inversión privada que impulse la productividad no llegaremos a ningún lado.

Referencias

Adams, Richard (2003) “Economic growth, inequality and poverty: findings from a new data set” World Bank Policy Research Working Paper 2972.

Akee, Randall, William Copeland, Gordon Keeler, Adrian Angold y E. Jane Costello (2010) “Parent’s income and children’s outcomes: a quasi-experiment using transfer payments from casino profits”. American Economic Journal: Applied Economics 2, Nº1: 86-115.

Banerjee, Abhijit, Rene Hanna, Gabriel Kreindler y Ben Olken (2017) “Debunking the stereotype of the lazy welfare recipient: evidence from cash transfer programas” World Bank Research Observer 32, Nº 2. August.

Caldas, Natalia, David Coady y John Maluccio (2006) “The cost of poverty alleviation transfer program: a comparative analysis of three programs in Latin America” World Development 34, Nº 5: 818-37.

Chen, Shaohua y Martin Ravallion (2010) “How did the world’s poorest fare in the 1990s?” Workd Bank Policy Research 2409.

Duflo, Esther (2017) “The economist as plumber” American Economic Review: Paper & Proceedings 107, Nº 5: 1-26

Evans, David y Anna Popova “Cash transfers and temptation goods” Economic Development and Cultural Change 65, Nº 2

Gupta, Sarika (2019) “Perils of the paperwork: the impact of information and application assistance on welfare program take-up in India”. Harvard University, November.

IMF-International Monetary Fund (2021) “Perú: staff report for the 2021 Article IV consultation” March, 2.

Jones, Damon y Ionna Marinescu (2018) “The labor market impacts of universal and permanent cash transfers: evidence from the Alaska Permanent Fund”. NBER Working Paper 241312.

Haushofer, Johannes y Jeremy Shapiro (2016) “The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor: experimental evidence from Kenya” Quaterly Journal of Economics 131, Nº 4: 1973-2042

Moffit, Robert (2003) “The temporary assistance for needy families program” Means-tested transfer programs in the U.S. Editado por R. Moffit. Cambridge y NBER.

Squire, Lyn (1993) “Fighting poverty” American Economic Review. May. 377-382.

Ziliak, James (2016) “Temporary assistance for needy families”. Economics of means-tested transfer programs in the U.S. Vol. 1. Ed por R. Moffit (NBER y University of Chicago), pp: 303-93.

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