ProInversión postergó por un mes más la fecha de adjudicación de la iniciativa para la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca (PTAR Titicaca), atendiendo a diversas recomendaciones que formuló la Contraloría para mejorar el contrato de concesión del proyecto.
Si bien hasta ahora ProInversión tenía previsto otorgar la buena pro de esa iniciativa para fines del presente mes, ahora la adjudicación prevé otorgarla para el 29 de abril.
Asimismo, ProInversión detalló que el cronograma actualizado se puede encontrar en línea con los tiempos requeridos para incorporar los comentarios y sugerencias de la Contraloría respecto a la versión final del contrato, el cual fue publicado por esa entidad gubernamental en diciembre del 2018.
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RECOMENDACIONES
La Contraloría plantea como recomendación que ProInversión considere la evaluación del estado actual de los predios que formarán parte del proyecto, con la finalidad de que sean entregados al concesionario en el plazo previsto en el contrato de concesión.
Con ello, se pretende evitar posibles retrasos que conlleven al pago de compensaciones al concesionario o que se generen otras contingencias económicas al Estado.
Cabe recordar que la inversión prevista en este proyecto, es de más de S/863 millones, planteado como iniciativa privada cofinanciada.
La Contraloría señala que el proyecto de sistema de tratamiento de aguas residuales en mención abarca el cambio de tuberías de desagüe y la puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento que atiendan a diez localidades de Puno, donde existen plantas, cuya operación y mantenimiento será encargada al concesionario que se adjudique el proyecto.
Además, sugirió que se precise en el contrato de concesión que será el propio concesionario el que tramite los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), según normativa ambiental vigente.
“De esta manera, se garantiza que el postor cuente con las acreditaciones necesarias para iniciar el proyecto acatando las normas ambientales vigentes que señala que los IGA deben ser solicitados
por el titular del proyecto y no por terceros”, anotó.