El MEF busca integrar los diversos sistemas para contratar con el Estado. (Foto: Dante Piaggio | GEC)
El MEF busca integrar los diversos sistemas para contratar con el Estado. (Foto: Dante Piaggio | GEC)
/ DANTE PIAGGIO
Redacción EC
Redacción EC

El (MEF) , que reemplazaría a la actual Ley de Contrataciones del Estado.

A diferencia de la norma actual, la propuesta del Gobierno no se limita a regular la contratación pública, sino que regula el íntegro de la cadena de abastecimiento; es decir, la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de las adquisiciones y la administración de lo adquirido.

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Según lo manifestado por el MEF, esta norma busca cambiar el paradigma actual, que ve a las contrataciones como un mecanismo para la satisfacción de necesidades de las entidades públicas, para convertirla en una herramienta que permita a dichas entidades satisfacer las necesidades de la ciudadanía y, al Estado en general, brindar los servicios que le corresponde de manera oportuna y con la calidad esperada por la población.

Esta Ley busca sentar las bases, los principios y el marco autoritativo que modernizará el sistema de abastecimiento público, buscando que este sea eficiente, eficaz y transparente.

Para ello, establece el marco para iniciar el cambio en las estructuras de las entidades, la profesionalización de los compradores públicos, la ordenada programación, el abastecimiento oportuno, el adecuado almacenamiento, distribución y disposición final de lo adquirido.

Todo ello, irá acompañado por el seguimiento de cada eslabón de la cadena de abastecimiento pública a través de plataformas electrónicas integradas y una supervisión presencial que incluye la asistencia técnica, por parte del OSCE.

En tanto, se plantea que los servicios contratados menores a 15 UIT (S/64.500) estén excluidos de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir se hacen de manera directa sin necesidad de concurso público. Actualmente, esto se aplica solo para los contratos menores a 8 UIT (S/34.400)

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En cuanto a la programación, propugna el empleo de plataformas electrónicas integradas que permitan el seguimiento y trazabilidad de lo que se adquiera, permitiéndose a partir de esa visibilidad programar adecuadamente y, por lo tanto, adquirir oportunamente.

Entre las novedades en materia de contrataciones, se reconoce que una necesidad puede ser satisfecha a partir de varios productos, soluciones o mecanismos, por lo que plantea la posibilidad de priorizar las exigencias funcionales por sobre las descripciones rígidas al momento de definir las compras y promueve la interacción entre usuario, comprador y vendedor para definirlas.

Adicionalmente, impulsa la estandarización de las características de los bienes y servicios y el uso masivo de los catálogos electrónicos; las subastas inversas y procedimientos de selección cortos para productos homologados; para lo cual se fortalecerá el papel de Perú Compras.

En el reglamento se sumará la incorporación de diversos mecanismos para la selección de proveedores, los que ya no se definen en función de los montos involucrados en la compra, sino en la complejidad de estas y la forma más adecuada de atenderlas; así como la posibilidad de contar con contratos dinámicos, con mecanismos de solución de controversias efectivos y medios adecuados de rendición de cuentas.

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Finalmente, sobre gestión de la administración de los bienes públicos, el proyecto reconoce la importancia del almacenamiento, la distribución y la gestión unificada de estos, priorizando que lleguen al usuario final de manera oportuna.

Para lograr estos objetivos, se empleará un sistema único e integrado de los diversos regímenes de contratación. El Sistema Integrado de Gestión de Abastecimiento agrupará las actuales SIGA, SEACE y Perú Compras. Esta nueva plataforma permitirá, no solo la trazabilidad y control de lo adquirido, sino también transacciones seguras y transparentes.

El proyecto de ley propone el desarrollo de capacidades de los compradores públicos para programar, gestionar y administrar las adquisiciones, de manera paralela al desarrollo de capacidades de gestión y ética.

Asimismo, se impulsa la modernización de las estructuras de las entidades en lo referente al abastecimiento, con áreas especializadas para gestionar la programación, las adquisiciones y el mejoramiento en el almacenamiento y distribución, según sus necesidades.

La ciudadanía en general podrá realizar comentarios sobre el proyecto de Ley, por un plazo de 15 días calendario, hasta el 18 de octubre de 2020.

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