Quincena de diciembre, por María Rosa Villalobos

La llegada de la primera mitad del último mes del año fue turbulenta. El viernes pasado, finalmente, el Pleno del Congreso puso fin al capítulo de las facultades legislativas. No obstante, el documento final aprobado –basado en el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución liderada por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez– difiere significativamente de la solicitud original. La discusión pública sobre el pedido de facultades legislativas, y especialmente el punto relacionado al cambio del régimen tributario minero, se dio durante una semana en la que los conflictos de este sector no dieron tregua. De hecho, el jueves pasado la minera Las Bambas anunció el inicio del cese de su operación, como estuvo previsto, dados los continuos bloqueos que imposibilitaban su funcionamiento. El jueves, la minera denunció un ataque a su operación y el viernes por la noche confirmó que detendría completamente su producción desde el sábado. Adicionalmente, la mina Cerro Lindo, de Nexa, anunció también el cese de sus operaciones por un bloqueo ilegal de sus vías de acceso. Y aunque la minera retomó su actividad durante la misma semana, la percepción de una situación convulsa en el frente minero se mantiene.

MIRA: PCM en Las Bambas: equipo viajó para lograr pase humanitario y salida de trabajadores de la mina

Todo este escenario coincidió también con la publicación del Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), cuya proyección para la inversión minera en el 2022 asciende a 3,4%, y para el 2023 a –16,7%. Este último resultado responde a un efecto estadístico por la finalización de Quellaveco y a que no existen por el momento más proyectos mineros a la vista. Además, la proyección del BCR para la inversión privada en el 2022 se mantuvo en 0%, al igual que en el reporte de setiembre.

A luz de estas cifras, el camino a seguir es bastante intuitivo. Una de las grandes tareas que tendrá el Gobierno el próximo año será no solo tratar de mantener o mejorar las proyecciones de inversión, sino no empeorarlas o llevarlas a niveles inferiores a los hoy proyectados. Para ello, valdría la pena resolver de manera firme –aunque no definitiva– los conflictos sociales, trasversales a los distintos sectores productivos, pues en nada favorecen a la construcción de confianza. Como se ha mencionado ya varias veces en esta columna, concentrar esfuerzos en reconstruir la confianza entre el sector público y privado termina siendo fundamental, y no es pedir poco. Valdría la pena comenzar antes del término de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR

• Facultades legislativas: Los puntos y las ausencias en el texto aprobado por el Congreso
• MTC: 140 proyectos a su cargo no registran avances
• ¿Cómo se encuentra el comercio entre Perú y Costa Rica y qué oportunidades podemos aprovechar?
• El Peru dejaría de recaudar S/1.450 millones por conflictos sociales mineros
• Banbif: Cartas de créditos del sector financiero superará los niveles prepandemia a finales de 2021