Pensiones de bolsa compartida: ¿Cuáles son los riesgos a futuro de los sistemas colectivos?

En las últimas semanas se dieron a conocer los lineamientos básicos de la propuesta de reforma del sistema de pensiones a cargo de la Comisión de Reforma Previsional del Congreso.

Entre las distintas modificaciones, se propone la creación de un componente solidario, financiado con un porcentaje de las contribuciones mensuales de todos los aportantes, que permita incrementar las pensiones de los afiliados de menores ingresos.

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Si bien no se ha publicado un informe técnico que detalle cómo será implementado este esquema, las experiencias internacionales de esquemas similares ayudan a aclarar algunos aspectos.

PRIMEROS ANUNCIOS

Como reforma del pilar contributivo del sistema de pensiones, la comisión plantea una transición de los sistemas de reparto, administrados por la ONP, y de capitalización individual, administrados por las AFP, hacia un esquema de capitalización mixto en el que un porcentaje de la contribución mensual se destine a cuentas individuales de capitalización (CIC), como sucede ahora en las AFP, y otro porcentaje a un fondo de riesgo compartido (FRC), de capitalización colectiva.

El objetivo es que la redistribución ayude a financiar una pensión mínima para todos los aportantes, proporcional al esfuerzo de aporte de cada persona.

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Los lineamientos de la propuesta también sugieren la creación de un organismo público de pensiones (OPP) que reemplazaría a la ONP y las AFP en casi todas sus funciones, con excepción de la inversión de los fondos, y la adición de aportes del empleador además de los del trabajador.

Dependiendo de cómo se estructure, esto último podría convertirse en un costo adicional de la formalidad, reduciendo aún más la inclusividad del sistema.

DESINCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN

La capitalización colectiva de los fondos de pensiones es un esquema híbrido entre los sistemas de reparto, como el que administra la ONP, y la capitalización individual. Todos los aportantes contribuyen a un fondo colectivo que capitaliza en el tiempo y luego se reparte.

Fuera del componente redistributivo, los proponentes de este mecanismo argumentan que se reducen costos de gestión de fondos y que la rentabilidad de los fondos de pensiones es menos volátil en el tiempo, lo que disminuye la incertidumbre acerca de los niveles de pensión futuros.

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Según la consultora AON Hewitt, si el Reino Unido hubiese adoptado un esquema de capitalización colectiva durante los últimos 50 años, la mediana de la pensión para cualquier cohorte de jubilados en ese período habría sido 28% del último salario, en vez de entre 17% y 61% del último salario por el componente de capitalización individual.

Vale destacar que, dentro de las opciones disponibles para los fondos individuales, es posible optar también por alternativas conservadoras de menor volatilidad y rentabilidad.

Pero la preocupación no es únicamente la rentabilidad. Según Alfredo Thorne, exministro de Economía, una menor pensión potencial bajo el esquema colectivo podría generar desincentivos a la contribución al sistema previsional, al cual, en la actualidad, solo el 27% de la fuerza laboral es aportante.

“Un grupo de trabajadores podría subreportar ingresos, declararse independiente o incluso pasar a la informalidad. Así, se reduciría la cobertura del sistema previsional e incluso la recaudación del Impuesto a la Renta, a través de una mayor evasión”, mencionó Thorne.

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De esta manera, los potenciales desincentivos a contribuir en la capitalización colectiva podrían llevar a que el fondo solidario no sea autosostenible y, por el contrario, requiera aportes del Estado para completar las pensiones mínimas.

Por lo tanto, según Thorne, una redistribución más eficiente y que generaría menores distorsiones se daría a través de pensiones mínimas garantizadas por el Estado que se subsidien directamente con impuestos.

RIESGOS A FUTURO DE LOS SISTEMAS COLECTIVOS

Países como Costa Rica y los Países Bajos tienen esquemas de capitalización colectiva como parte de sus sistemas de pensiones, mientras que el Reino Unido y otros están evaluando adoptarlos.

Estos países mantienen una proporción de trabajadores formales significativamente mayor a la peruana, pero aún así enfrentan problemas de financiamiento.

En Costa Rica, por ejemplo, un estudio de la OCDE señala que el sistema de pensiones costarricense enfrenta problemas de sostenibilidad en el mediano plazo. Al 2037, el fondo de reserva de la Caja Costarricense del Seguro Social se agotaría, con lo cual el pago de pensiones se cubriría con un gasto de Gobierno que ascendería al 9% del PBI hacia el 2050.

Asimismo, el Estado ya financia la pensión mínima del sistema para aquellos contribuyentes que no cumplen con los requisitos para jubilación.

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Por su parte, en los Países Bajos, los esquemas de capitalización colectiva han tenido dificultades para mantener el nivel de activos requeridos para el pago de pensiones, lo que ha llevado a que se incrementen las tasas de contribución, se reduzcan los derechos de pensión de los aportantes o se limite el ajuste anual de las pensiones.

El descontento por estas medidas ha llevado a un proceso de reforma cuyos principales acuerdos –alcanzados en el 2020– establecen una transición hacia un esquema de capitalización individual.

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