Registro de Abogados Sancionados: Una herramienta que no se usa

La creación del Registro de Abogados Sancionados por malas prácticas implica la integración de todas las sanciones cometidas por los profesionales del derecho en un sola base de datos sistematizada por el Ministerio de Justicia. Así, se harán públicas todas estas penas, estén vigentes o vencidas, por un plazo de cinco años. 

"Las diferentes entidades que ya existen y que ya aplicaban sanciones, van a centralizar la información de cada una en este registro", explica Adolfo Román, socio de Rodriguez Angobaldo Abogados.

De este modo, los colegios de abogados, las entidades administrativas y el Poder Judicial, tendrán 180 días para informar sobre todas las sanciones impuestas. Sin embargo, a pesar de estar ya reglamentado, aún no se tiene una fecha de implementación, informó el especialista.

Cada entidad mantendrá su propia capacidad y responsabilidad de sancionar las inconductas. Eso no se ha estandarizado con la nueva norma. No obstante, un punto positivo de esta legislación es que dispone que cada colegio de abogados tenga un Código de Ética y un Tribunal de Honor que juzgue las malas prácticas en el ejercicio del derecho. 

Además, ahora las suspensiones de ejercicio impuestas por un colegio deberán ser tomadas en cuenta por todos los demás. Esto evitaría que los abogados inhabilitados por su gremio original consigan una colegiatura en otra localidad para seguir practicando su carrera y burlar sus sanciones. Pero, quedaría fuera de este supuesto la sanción de separación temporal del colegio. 

Román agrega que el registro no es el sancionador. "A uno lo sancionarán en su colegio o en el juzgado en el que está patrocinando una causa", comenta. "Esta norma no tiene ningún impacto respecto a los procedimientos sancionadores" que se le sigan a los abogados, considera, pues lo que se publicita es la resolución definitva.  

Solo en el caso de que la sanción sea revocada por la autoridad competente, la sanción se borraría del registro. 

Otro aporte nuevo es que "aquellas personas a las que se les haya aplicado la suspensión temporal del ejercicio de la profesión, no podrán brindar servicios legales al Estado ni ser contratados para cargos públicos que requieran el título de abogados", agrega Román. Esta prohibición durará mientras se mantenga la pena.

Sin embargo, el experto llamó la atención sobre sanciones más graves que no están dentro del alcance de esta norma. Por ejemplo, la sanción de expulsión definitiva del colegio profesional no está contemplada en este marco, ni es objeto del impedimento de contratar servicios legales con el Estado, explicó. 

El registro será de acceso gratuito y público a través del portal web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Integrará todas las sanciones disciplinarias, administrativas y penales.