Retención de pagos a obras de Odebrecht también afectaría a empresas socias

Tras varias semanas de debate, la comisión de Constitución del Congreso aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que busca ampliar los alcances del Decreto de Urgencia (DU) 003 para que impacten también a las empresas socias o consorciadas con Odebrecht.

Al respecto, Guido Valdivia, director Ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), manifestó que muchas de las propuestas presentadas por el gremio a la Comisión de Constitución habían sido recibidas y discutidas. "Hemos tenido una muy buena receptividad por parte de la comisión, en particular del presidente de la Comisión, el Congresista Torres, y en general han sido recogidas las más importantes de las iniciativas que Capeco había planteado, esencialmente la preocupación que se tenía de incorporar a empresas que no habían sido condenadas en las restricciones del DU", dijo el ejecutivo. 
Entre los principales cambios al texto que será debatido en el pleno se propone que el impacto a las empresas socias, consorciadas o asociadas, se limite a los proyectos en los que éstas participen y en los que se haya probado actos de corrupción. 

Asimismo, en el artículo 2 de la norma que define a los sujetos comprendidos, se ha precisado la definición de grupo económico y de subsidiaria:

No obstante, desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) aún se advierten riesgos en el texto que se debatirá en el pleno. "Lo aprobado hoy tiene elementos incongruentes, que afectan su aplicabilidad en el futuro y pueden generar parálisis de proyectos o su abandono.Por ejemplo, se extiende el pago de la reparación civil después de la venta del proyecto cuestionado. Asimismo se encuentran contradicciones entre distintos artículos, que pueden disuadir a los potenciales compradores por falta de claridad e imprecisiones", advierte Gonzalo Prialé, presidente del gremio.

Asimismo, el ejecutivo señala que, si bien se dice que se quiere evitar la ruptura de la cadena de pagos, esto no se cumpliría. "La cadena de pagos relevante es la del proyecto, sin embargo el PL 1410 está dedicado a proteger la cadena del pago de la reparación civil al Estado. No obstante, si se paraliza el flujo de caja de los proyectos incursos, y después estos se vuelven invendibles ¿de dónde saldrían los recursos para pagar la reparación civil?", detalla.  

El origen
El proyecto de ley 1410 apuntaba, en su primera versión, a que las empresas socias o que hayan participado en consorcios con empresas corruptas, deban estar comprendidas por todos los lineamientos del DU.

En palabras de la Congresista Beteta: "Yo no creo que las empresas sean completamente ajenas sobre el hecho de que sus socios hayan pagado coimas. Hay que ser bien ingenuos para creer que ellos no sabían de esta forma irregular como sus socios lograban las licitaciones y con quienes han consorciado. De alguna manera tiene que haber responsabilidad" dijo en entrevista con El Comercio.

Ante la propuesta, gremios empresariales como la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) y entidades del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia (Minjus) advirtieron que la iniciativa vulneraba el derecho a la presunción de inocencia -entre otros-, y que dada la amplitud del alcance de la norma, se podrían ver afectadas muchas compañías de manera injustificada.

Por ello, se decidió acotar el alcance de la norma. “Estamos frente a una línea muy delgada, donde si nos excedemos, van a apelar a que estamos violando derechos constitucionales”, señaló el congresista de Fuerza Popular y presidente de la comisión, Miguel Torres en el debate la semana pasada.

¿Qué es el DU 003?
Como se sabe, el DU 003 fue emitido por el Gobierno a raíz del caso 'Lava Jato'. La norma persigue tres objetivos: procurar la continuidad de los proyectos de inversión pública en los que se haya probado corrupción, evitar la ruptura en la cadena de pagos a proveedores y asegurar la reparación civil al Estado.

Para cumplir con estos objetivos, aquellas empresas que hayan sido condenadas o hayan admitido el delito de corrupción (como Odebrecht), no podrán realizar transferencias al exterior. Asimismo, se les retendrá un porcentaje o el total del producto de la venta de sus activos y de los pagos que les deba el Estado por obras públicas o asociaciones público-privadas. Dichas retenciones se destinarán a un fideicomiso destinado a asegurar la reparación civil por los hechos de corrupción.