A raíz del caso Pura Vida, marca del Grupo Gloria, el 9 de junio la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito habría denunciado a la empresa Gloria por estafa y delito contra la salud pública ante la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este.
Además, la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud (Minsa) solicitó el lunes a la Fiscalía Provincial Mixta de Ate Vitarte ampliar la denuncia penal contra la compañía por falsedad genérica y estafa agravada.
De acuerdo con Mario Amoretti, abogado penalista, la Fiscalía debe realizar una investigación preliminar para verificar si se han cometido los delitos mencionados y establecer quiénes son los responsables, que pueden ser un jefe de área o el gerente general de la empresa. “A las empresas no se les puede sancionar penalmente […] se les aplican medidas accesorias como una suspensión, una clausura o la imposición de una reparación civil que paga con la persona sentenciada”, explicó el especialista.
Si la Fiscalía consigue identificar el delito y sus responsables, elevará la denuncia a una sala del Poder Judicial para que inicie un proceso y emita una sentencia condenatoria o absulotoria.
LOS DELITOS
- Estafa. Cuando se emplea un medio engañoso con la finalidad de obtener un beneficio, previa inducción al error a la víctima. “Si al público le dicen que el tarro de leche tiene determinados ingredientes y en base a ello lo compran, se está induciendo al error siempre que los mencionados ingredientes no correspondan al etiquetado”, explica Amoretti.
- Falsedad genérica. A través de hechos, palabras o gestos se dice una cosa que no es real. Según Amoretti, al estar esta conducta incorporada en el delito de estafa, ya no podría darse el delito de falsedad genérica.
- Delito contra la salud pública. Primero se debe demostrar que la ingesta del producto causa daño a la salud. Esto puede estar sujeto a una investigación amplia donde médicos, especialistas y peritos sean quienes definan si el producto es dañino para la salud.
SANCIONES
► La máxima pena para el delito de estafa es de 6 años.
► Por el delito contra la salud pública, la máxima pena sería de 3 a 4 años de prisión.
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