Durante una entrevista con El Comercio, Pedro Francke, vocero oficial de la candidatura de Pedro Castillo, recibió diversas consultas de siete economistas peruanos sobre los planes de un eventual gobierno de Pedro Castillo y las medidas que se implementarían. Estas fueron sus respuestas.
Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico:
—¿Mantendrá la disciplina fiscal? ¿Cómo lo hará?
Mantendremos la idea de una sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Tenemos que tener una meta de reducción paulatina del déficit con cierto cuidado, porque hay un problema de demanda agregada, pero definitivamente, con el objetivo de mantener la deuda dentro de un límite razonable. ¿Cómo? Lo esencial aquí es aumentar la presión tributaria, que se encuentra en 14% versus un promedio de 22% en América Latina. Eso se concreta combatiendo la elusión y evasión tributaria, y cobrando mayores regalías al sector minero.
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Carolina Trivelli, asesora de la oficina regional de FAO para América Latina y el Caribe:
—¿Cómo atenderán la emergencia actual relacionada a la crisis de pobreza y de hambre; y como esa respuesta se articulará con las acciones que implementen para generar la mayor protección social que han ofrecido?
La emergencia tiene varios planos de atención. El programa de empleo temporal, todo el paquete de generación de empleo, mejorar los programas alimentarios para las ollas comunes y potenciar la alimentación escolar, nos parece muy importante. También tenemos que reconocer los gastos de las familias en la educación de sus hijos, porque la educación virtual ha implicado gastos importantes. Creo que estas alternativas plantean una especie de articulación de mediano plazo hacia una reformulación del sistema de protección social peruano.
El ámbito de alimentación y nutrición infantil tiene un eje básico y hay que repensar qué se debe hacer, porque en la medida que logremos recuperar el empleo y tengamos sobre todo un fuerte impulso a la agricultura, eso va a permitir una fuerte reducción de la pobreza.
“Definitivamente, con el objetivo de mantener la deuda [pública] dentro de un límite razonable”
Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE):
—De ser gobierno, ¿qué medidas concretas se van a establecer para recuperar la confianza del sector empresarial y promover más inversión privada?
Primero, seguir aclarando las mentiras que se han dicho e insistir en que no vamos a expropiar, estatizar, confiscar ahorros, ni aplicar un control de cambios; va a seguir funcionando una economía con mercados. Ese es un tema esencial. Además, estamos pensando en un amplio programa de créditos a bajas tasas de interés a las empresas, para que puedan reinvertir; y una propuesta de diversificación productiva mejorando la articulación de los CITES, fomentando la innovación tecnológica y ampliando los espacios de las mesas ejecutivas, para permitir un mejor desarrollo productivo de nuevos sectores.
Oswaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes):
—¿Qué señales concretas va a dar Pedro Castillo en un eventual gobierno suyo sobre el respeto a la propiedad privada y compromiso con promover la inversión antes de 28 de julio? ¿Se van a señalar nombramientos clave como MEF y BCR antes de esta fecha?
Respecto a la propiedad privada, lo ha dicho el profesor Castillo en el debate y lo hemos reiterado nosotros: se va a respetar. No va a haber ni expropiaciones ni estatizaciones. En esto la política es sumamente clara. Sobre el nombramiento de ministros u otros funcionarios, creo que hay que esperar todavía unas semanas para ver cómo avanzan las cosas.
Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas:
—Tanto Perú Libre como Juntos Por el Perú han propuesto una reforma del título económico de la Constitución, inclusive ratificado en el pacto entre ambas agrupaciones. ¿Van a insistir con ello? ¿Son conscientes que ello podría sumir al país en un largo período de incertidumbre y potencialmente parálisis de inversión privada y generación de empleo?
El tema del cambio de la Constitución tendrá que plantearse y discutirse en el marco de la propuesta de cambio constitucional en su conjunto. No es nuestra propuesta discutir el tema en la parte económica al margen de una reforma constitucional en general.
“[Con las medidas tributarias] podemos plantearnos un aumento de la recaudación tributaria de cuatro puntos del PBI”.
—¿Qué proponen cambiar del título económico y por qué? ¿Qué objetivos no pueden lograrse dentro del marco constitucional actual?
Ese es un tema que se planteará a la Asamblea Constituyente. No está para discutirse ahora.
—¿Qué tan importante considera usted la minería para el Perú? Rankings internacionales de contribución impositiva del sector muestran que en el Perú estas contribuciones ya son mayores al promedio internacional.
El Perú en los ránkings de competitividad minera todavía está en un rango más o menos alto. El costo de producción de una libra de cobre en el Perú está en alrededor de un dólar. En Chile está en US$1,40. Tanto por razones geológicas como por otras razones de costo, la minería tiene un margen de competitividad importante y ahora con el cobre a US$4,70 hay un gran margen de sobreganancias mineras. No se pretende que las empresas mineras no tengan ganancias, sino que compartan una parte de las sobreganancias. De todas maneras las empresas mineras van a terminar ganando más de lo que ganaban el 2020, con el cobre a US$2,40. Eso es un incentivo a la inversión, desde luego. Si tienen más ganancia, van a venir más. El otro gran tema para promover y facilitar la inversión minera es que hay que establecer un nuevo pacto social y relación de la minería con las comunidades y los pueblos, porque el gran problema de la minería en los últimos tiempos se relaciona a los conflictos sociales. Precisamente, creo que el gobierno de Pedro Castillo tiene las mejores condiciones para poder atender y prevenir los conflictos sociales logrando una nueva relación con los pueblos y comunidades. Hay un compromiso de respeto por las normas ambientales, que tienen que estar más estrictamente protegidas, y una mayor repartición de la renta minera también debe aportar a los desarrollos de los pueblos donde está la actividad.
—¿Qué propone para que los inversionistas del sector confíen e inviertan? ¿Qué cambios concretos (con tasas) proponen?
Los mecanismos son las regalías y un impuesto a las sobreganancias mineras. Las tasas específicas todavía hay que estudiarlas y dialogarlas. Eso es muy importante. Muchas de estas cosas requieren cambios legales. Deben ser producto de una concertación política y social. No es cuestión de que se implemente de forma vertical o dictatorial una tasa. Eso tiene que dialogarse con diversos sectores.
—Los países de la región (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina) que han adoptado políticas afines a las que Perú Libre (en su versión extrema) y Juntos Por el Perú han propuesto en la campaña, tienen ratios de inversión privada e IED (inversión directa extranjera) sustancialmente menores al Perú. Con esas experiencias (y la del Perú en los ochentas), ¿qué le hace pensar que no habría un impacto negativo importante en inversión privada de insistir por esa senda?
Niego la premisa. Nuestra propuesta no se parece a la política económica de Venezuela ni a las otras mencionadas. Es una propuesta distinta y propia.
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Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes):
—¿Qué aspectos del modelo económico constitucional actual se van a mantener sin variación en un eventual gobierno de Perú Libre? ¿Pueden anunciar y comprometerse a ello desde antes de 28 de julio?
Todo lo que tenga que ver con un cambio de la Constitución pasa por un proceso. Hay un proceso que implica ver cómo se aprueba un referéndum, para determinar cómo es que se va a establecer la Asamblea Constituyente, y los cambios corresponden a esta asamblea. No es algo que vayamos a ver ahora.
—¿Qué tipo de reformas tributarias implementarían en su eventual gobierno sin desalentar la inversión en un contexto de mejoramiento de condiciones externas? ¿Cuánto esperarían aumentar la recaudación con estas reformas, y cómo van a ser estas aprovechadas para recuperar la senda de nuestro equilibrio fiscal?
Las medidas tributarias esenciales son combatir la evasión y elusión de las grandes empresas, y hacer una reforma de tal manera que se capture la mayor parte de las sobreganancias mineras que hay actualmente. En este contexto podemos plantearnos un aumento de la recaudación tributaria de cuatro puntos del PBI.
—Durante la campaña se han propuesto revisiones de contratos, cobrar el 70% de Impuesto a la Renta a algunas empresas, o controlar algunas importaciones. A la par, se ha hablado de respetar la independencia del BCR por su buen rol para el control de la inflación. ¿Cómo plantearían este balance de la importantísima independencia del BCR con medidas paralelas que tendrían consecuencias negativas sobre la inversión, el crecimiento y la inflación?
Se mantendrá la autonomía del BCR y con esto esperamos que se mantenga la inflación dentro del rango meta que tiene ahora. Eso lo definirá el BCR con su autonomía, pero hasta ahora nos parece que ha sido positivo mantener la inflación en el actual rango meta de 1% a 3%. Eso favorece la inversión. En las reglas generales que hemos planteado los mercados seguirán funcionando, no habrá controles de cambios, ni expropiaciones ni estatizaciones. Todo eso da garantías y facilidades para que la inversión pueda desarrollarse con la seguridad de que va a poder recuperar lo invertido.
Las importaciones que se necesitan seguirán como están ahora: si alguien necesita importar maquinaria o por el proceso productivo de algún bien, importar insumos, serán bienvenidos. La idea de que defender de forma técnica la producción nacional de las importaciones a precios subsidiados o dumping de ropa asiática nos va a favorecer, porque puede aumentar la producción nacional, va a darle más mercado a los productores y por lo tanto va a promover la inversión en estos sectores.
“Se mantendrá la autonomía del BCR y con esto esperamos que se mantenga la inflación dentro del rango meta que tiene ahora. Eso lo definirá el BCR con su autonomía”.
Roxana Barrantes, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP):
—¿Mantendrán la política sobre pesca? ¿Se implementarán nuevos mecanismos en el sector?
Ahí creo que un aspecto muy importante es cómo mejorar la formalización de la pesca artesanal. Muchas veces hablamos de la gran pesca, pero hay todo un gran tema de reconocimiento y formalización de la pesca artesanal. La formalización en este sector es muy costosa, y en realidad se ha preferido favorecer la pesca industrial. Hay otros aspectos como revisar si los derechos de pesca deben ajustarse o no; y habría que mejorar también la transparencia en las regulaciones e información científica, porque también ha habido problemas en ese sentido.
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