SPH: dictamen pone en riesgo masificación de gas natural generando impacto económico negativo en regiones

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió que la aprobación de una ley en el Congreso, que cambia las reglas de juego en el sector eléctrico para incorporar energías renovables sin un análisis integral de sus implicancias, y adaptado a la realidad del país, podría afectar negativamente la masificación del gas natural y perjudicar a las regiones que reciben recursos por la producción de este recurso energético.

Indican que esta medida podría generar un incremento en las tarifas de distribución de gas natural, de hasta el 28%, impactando a cerca de dos millones de usuarios domiciliarios, más de 4.000 industrias y comercios y más de 400.000 vehículos convertidos a GNV.

“Desde la SPH pedimos al Pleno del Congreso que disponga una mayor revisión técnica de la propuesta, a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico y promover la diversificación de la matriz energética”, sostuvo Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Cantuarias acotó que, de aprobarse el dictamen en mención por el Pleno, se generaría una disminución de la demanda de gas natural para la generación eléctrica, lo que significará la reducción del canon por la producción de gas natural para la región Cusco, en S/354 millones en los próximos cuatro años. Pero, no solo la región Cusco se vería perjudicada, también Ayacucho, Lima, Ica, Huancavelica y Ucayali; regiones que financian proyectos de desarrollo económicos y sociales con los recursos del FOCAM. En este caso el impacto económico ascenderá a S/67 millones.

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“La incorporación forzada de generación renovable afectaría la confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEIN). Ello tomando en cuenta la creciente frecuencia de eventos como el Fenómeno del Niño, que inciden directamente en la producción de este tipo de energía”, agregó el presidente de la SPH.

En ese sentido, la SPH manifestó su compromiso con el uso de energías limpias, incluyendo las renovables y el gas natural. No obstante, sostienen que la propuesta legislativa que el Congreso pretende aprobar, tal como ha sido aprobada por la Comisión de Energía y Minas, no garantiza un suministro eléctrico seguro, confiable y eficiente.