SPH propone publicar un nuevo reglamento en hidrocarburos
SPH propone publicar un nuevo reglamento en hidrocarburos
Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos () considera negativa la decisión del gobierno de derogar los decretos supremos que aprobaban cinco contratos de licencia para la empresa para la exploración y explotación de en el mar del norte peruano en los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68.

Felipe Cantuarias, presidente de la SPH consideró que la medida oficializada mediante decreto supremo hoy en El Peruano da un mensaje adverso a la inversión y seguridad jurídica. Además, dijo que el proceso de tramitación de la firma de los contratos cumplió las normas vigentes. 

“La tramitación de estos expedientes y la adjudicación y aprobación de los Decretos Supremos para firma los contratos con Tullow han cumplido razonablemente la norma vigente, por tanto no existe irregularidades como se ha pretendido hacer creer a la opinión pública”, indicó.

Recordó que la Contraloría determinó que Perupetro actuó dentro de la facultades de la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, la que señala que los contratos pueden celebrarse por negociación directa o por concurso. En tanto, destacó que Tullow maneja los más altos estándares ambientales y seguridad de la industria petrolera internacional.

"No se debe permitir que esta medida sea capitalizada como un triunfo político por quienes construyeron y manipularon las protestas de los pescadores", añadió.

Sin embargo, señaló que este precedente debe servir para realizar "un proceso informativo y de consulta dirigido a los ciudadanos de las regiones beneficiarias, basado en la transparencia y la verdad, y que esta vez el Gobierno lo lidere eficaz y oportunamente sin dejarse avasallar por intereses políticos e ideológicos que buscan la confrontación entre peruanos".

“La población no siente que el aprovechamiento de los recursos naturales en general les haya traído beneficios. La industria de hidrocarburos ha generado importantes rentas para las regiones productoras. (...) La Contraloría puede y debe contribuir a la fiscalización del buen uso de esos ingresos”, sostuvo.

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