El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Gustavo Rosell de Almeida, señaló que en diciembre se tendrá el reglamento del decreto de urgencia que tiene como objetivo garantizar que las farmacias públicas y privadas cuenten con un stock mínimo de medicamentos genéricos.
“En 30 días debe tenerse el reglamento [que permitirá la entrada en vigencia de la norma]. Tienen que tomarse acuerdos [para el reglamento], pero se tiene una idea clara de lo que se va a trabajar”, dijo Rosell de Almeida en diálogo con El Comercio.
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En este sentido, Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma (que agrupa la cadena de boticas InkaFarma y MiFarma), refirió que la fijación de un stock de genéricos no tendría un relevante impacto, debido a que, en sus negocios, ya registran una importante venta de estos remedios (40% del total de sus ventas). Sino que se debería abordar el problema de desabastecimiento en el ámbito público.
Logística pública
Para asegurar que estos productos lleguen hasta los establecimientos de salud, Rosell de Almeida destacó que en la norma se establece la creación de un “operador logístico” público, el cual reemplazará al actual Centro Nacional de Compras de Recursos Estratégicos (Cenares).
Así, centralizando la compra y distribución de los medicamentos, el funcionario apunta a que los usuarios obtengan mejores precios y se reduzcan los riesgos de corrupción (casos de concertación de precios).
“El actual modelo hace que nosotros compremos medicamentos y estos se queden en los almacenes. [El operador logístico] está en el proceso de generar la documentación para que empiece a operar”, dijo el funcionario.
Sin embargo, Rogério Marcondes, CEO de Salog, empresa encargada –vía asociación público-privada– de la logística de Essalud en Lima Metropolitana desde el 2010, no observa con buenos ojos el lanzamiento de este mecanismo.
“Hay experiencias públicas como Chile, donde opera la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud [Cenabast], donde no ha funcionado bien este esquema. No se tiene un cambio importante porque el Estado no tiene el ‘expertise’”, comentó.
Para Marcondes, debería llevarse el trabajo público-privado a un nivel macro a fin de obtener beneficios como, en el caso de Salog por ejemplo, registrar un ahorro y tener un sistema que recoja qué remedios recetan los médicos y qué entregan los farmacéuticos, y así tener calculada la efectiva necesidad de abastecimiento.
Mayor cobertura
El Ejecutivo también anunció ayer la aprobación del aseguramiento universal en salud (AUS), que demandará una inversión de S/900 millones en el presupuesto público del 2020.
Según detalló Rosell de Almeida, se tendrá un nuevo modelo de cuidados integrales que potencie las atenciones de primer nivel. Esto, para que mediante trabajos de prevención y promoción, se evite atender a pacientes con complicaciones y, por ende, se reduzcan los costos.
“Un escenario es atender a un niño con anemia y otro es que se realice las tareas de prevención. No se quiere más recursos para más enfermos, sino para evitar las enfermedades”, puntualizó.
En un mediano plazo, el funcionario calcula que los casi cuatro millones de personas que carecen de alguna cobertura tendrán un Seguro Integral de Salud (SIS).
Precisó que esta implementación será gradual. Por ejemplo, la semana pasada, el SIS suscribió un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para que alrededor de 16.000 estudiantes accedan a los beneficios de este seguro.
Próximamente se incluirán otros grupos de personas carentes de seguros sociales, como personas con discapacidades y adultos mayores, entre otros.
Avances del reglamento
El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, precisó que se tendrá una lista de hasta 40 remedios priorizados, en línea a los informes de las demandas de cada zona, que son actualizados permanentemente.
Asimismo, en el documento que se publicará en diciembre se conocerá el monto del ahorro del sistema de salud con estas implementaciones.
Rosell de Almeida también dijo que en esta iniciativa no se incluye la normativa de intercambiabilidad, que demuestra que dos fármacos son terapéuticamente equivalentes, por ser un tema técnico.