El aumento del sueldo mínimo es una de las promesas bandera que no suele faltar en las campañas presidenciales. En un contexto de pandemia y con un sector empresarial golpeado, sin embargo, se ha hecho insostenible escuchar a los candidatos prometer un alza.
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Lo que sí se ha encontrado en los planes de Gobierno de las agrupaciones políticas son solo dos propuestas sobre cómo determinar la remuneración mínima vital (RMV) y cuándo y cuánto debe elevarse. Como se sabe, en los últimos años esa medida ha sido tomada únicamente por el Gobierno de turno; siendo el último aumento el otorgado por PPK a unos días de dejar su cargo y pasó de S/850 a S/ 930 en abril del 2020.
Así, por un lado, Victoria Nacional plantea crear un sistema de determinación de remuneraciones mínimas diferenciadas por tamaño de empresas y regiones, los mismos que estarán “en función a las productividades sectoriales y el costo de vida regional”.
Y por otro, Juntos Por el Perú buscar generar un mecanismo que permita elevar periódicamente la remuneración mínima vital “con criterios técnicos, que garantice su suficiencia y en diálogo social establecido”; un mecanismo, vale decir, que viene siendo discutido desde el 2007 en el seno del Consejo Nacional de Trabajo (CNT).
DESINCENTIVOS
Si bien una RMV diferenciada en el Perú en el aspecto técnico parece una medida razonable pues el país tiene niveles de productividad e ingresos muy heterogéneos entre las regiones, su aplicación sería bastante difícil, advierte Diego Macera, gerente general del IPE.
La operatividad de generar este mecanismo, asimismo, sería muy complejo para el aparato estatal, recalca el ex viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, quien también comenta que esta medida ya ha sido analizada anteriormente en el CNT y no tuvo éxito.
Y de aplicarse, Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad de Pacífico, indica que ello podría generar “desplazamientos masivos de trabajadores” hacia zonas con mejores salarios mínimos. “Se produciría un exceso de oferta, porque no encontrarán trabajo [a donde vayan] (...) Eso implicaría que la autoridad que regule ello tendría que estar interviniendo permanentemente en la fijación de esos salarios, lo cual no es conveniente”, añade.
Con respecto a la diferenciación de la RMV por tamaños de empresa, Macera comenta que ello podría ser una razón más por la que las firmas prefieran quedarse ‘pequeñas’. González Izquierdo añade que ello incentivaría a que las empresas más grandes se dividan en más empresas para pagar menos salarios. En tanto, Cuadros consideró que una opción más viable podría ser considerar una RMV diferenciada para las micro empresas, bajo la aprobación del CNT, y hacer los incrementos más graduales.
CONSENSOS EN EL CNT
La predictibilidad no ha sido un elemento existente en las alzas del sueldo mínimo. Precisamente la fórmula que desde la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos del CNT se venía ajustando desde inicios del 2019, en base a la ya consolidada en el 2007, tenía como fin consensuar los criterios técnicos para institucionalizar el cálculo de la RMV. El partido liderado por Verónika Mendoza impulsaría este mecanismo.
Para Macera, sería positivo tener predictibilidad sobre cuándo y en cuánto se elevará la RMV. Sin embargo, a la fecha no hay acuerdos sobre las variables y fuentes de información que considerará el mecanismo. Por ejemplo, en lo relacionado a en qué contextos excepcionales no se elevaría la RMV, la periodicidad del aumento, o las fuentes para el cálculo de la productividad, según informó en su momento el Ministerio de Trabajo.
“Lo que se tendría que hacer es que la Comisión de Salarios Mínimos del CNT termine de hacer los ajustes pendientes del mecanismo y trasladarlo en una norma que es competencia del Ejecutivo”, precisa Cuadros. Aunque para ello, primero, las centrales sindicales tendrán que retornar al CNT, de donde se retiraron desde inicios del 2020.
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MÁS ALLÁ DEL 2022
Dado el escenario crítico que siguen viviendo las empresas ante la pandemia del COVID-19, González Izquierdo considera que recién luego del 2022 se podría evaluar un reajuste del sueldo mínimo.
Cuadros, en tanto, considera que es un buen momento para tener una política para calcular el alza de la RMV de forma institucionalizada. “Es importante ya plasmarlo en una norma. Y ya después de eso se verá si procede el incremento o no. Claramente este no es un contexto para elevar la RMV, aún en el marco de una recesión económica”, comenta.
Sin embargo, Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, no cree que ahora sea apropiado pensar en elevar la RMV ni discutir las condiciones para sus futuros incrementos, pues existen otros temas que deben priorizarse.
En esa línea, Macera resalta que el aumento del sueldo mínimo beneficiará solo a algunos trabajadores formales a costa de potencialmente excluir a la gran mayoría informal, específicamente a las microempresas, que ya tienen dificultad en hacer sostenible su actividad. De hecho, según cálculos del IPE, los beneficiarios de un posible incremento de sueldo mínimo serían 300 mil trabajadores formales de los 17 millones que existen en el ámbito formal e informal.
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