Sunafil debe revisar multas laborales antes de fin de año

En la sesión de Consejo de Ministros del último viernes se aprobó un decreto de urgencia que incluye tres medidas vinculadas a la protección de derechos de los trabajadores a nivel nacional. Así lo informó Sylvia Cáceres, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), quien también indicó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) deberá revisar la pertinencia de las sanciones laborales que impone en la actualidad a las compañías que incumplen las normas antes de que finalice el año.

► McDonald’s: Sunafil concluyó que empresa cometió 6 infracciones que provocaron muerte de jóvenes

► Ministerio de Trabajo reduce de 30 a 10 días el tiempo de investigación por accidentes laborales mortales

Esto debido a que, según Cáceres, se debe analizar el monto de las multas actuales para determinar si estas han sido lo suficientemente estrictas para el incumplimiento de las normas por parte de los empleadores.

Dentro de las nuevas disposiciones que realizó el sector Trabajo, una de las más drásticas establece como sanción los cierres temporales por hasta 30 días ante accidentes de trabajo con consecuencias fatales. Dichas clausuras ya ocurren durante la investigación ante estos casos; y con el nuevo DU, Cáceres explicó que ahora se abre la posibilidad de que se imponga como sanción cuando se determine que un empleador incumplió con sus obligaciones.

Para Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, la medida mencionada es disuasiva, ya que busca fomentar una revisión exhaustiva por parte de los empleadores para que prioricen la capacitación y seguridad de los trabajadores.

Otra medida es la activación del seguro de Vida Ley, que cubrirá a los trabajadores desde su primer día de trabajo en una empresa del sector privado. Cabe resaltar que hoy en día este derecho es reconocido al cumplir cuatro años y un día en la misma empresa.

A partir de esta medida, el abogado detalló que en caso de muerte o discapacidad durante un accidente laboral se otorgaría a la familia de un trabajador una indemnización de treinta y dos sueldos.

Por último, se cambió la condición que señalaba que un establecimiento debía ser previamente notificado por la Sunafil a efectos de impulsar una acción penal donde se produjera un accidente de trabajo. Según Toyama, esto acelerará el proceso de denuncias por delitos contra la seguridad y salud en el trabajo cometidos por jefes, supervisores o compañeros laborales.