Tarifas y servicios de notarios en el centro de la controversia

El espanto no fue equiparable al que sentimos cuando vimos a Montesinos sentado en su salita repartiendo cerros de billetes, pero el país quedó bastante escandalizado cuando saltó a primera plana una nueva red de corrupción, en este caso dedicada a la compra y venta fraudulenta de propiedades. Un abogado, Rodolfo Orellana, se había apropiado ilícitamente de inmuebles públicos y privados con ayuda de por lo menos 11 notarios, quienes certificaron documentos de compraventa de bienes de ciertos testaferros.

Los depositarios de confianza por definición, los notarios, aparecían ahora como parte de una presunta mafia criminal y no solo surgió el clamor de sanción a estos, sino que en el entorno legal se recordó un viejo debate sobre su forma de operar y la necesidad o no de migrar a un estilo más liberal.

En el mundo existen tres modelos de organización del mercado de servicios notariales – el anglosajón, el latino y el cubano – los cuales responden a realidades muy distintas, aclara Mario Romero Valdivieso, decano del Colegio de Notarios de Lima (CNL).

En Estados Unidos existe un fedatario, quien certifica firmas y para hacerlo no necesita ser abogado, solo honorable. Su ejercicio es bastante libre de controles porque tienen seguros que devuelven el dinero si hubo fraude y la ciudadanía tiene un gran temor a las altas sanciones vigentes, aclara Octavio Chávez, socio legal de Deloitte Perú.

En Latinoamérica la situación es bastante diferente: la suplantación y falsificación son pan común y la cultura del fraude está arraigada (25% de las empresas peruanas pierden US$500 mil al año por sufrir al menos cinco fraudes según EY). El notario latino, un garante que solo puede ser abogado, opera bajo varias reglas estrictas en haras de que el servicio público que brinda de manera privada no sea corrompido, recalca Chávez.

En Cuba la situación es distinta, agrega Romero, porque los notarios son funcionarios estatales por completo y si bien es un modelo obsoleto (Rusia lo dejó hace varios años) hay países latinos como Venezuela y Bolivia que están buscando adoptarlo.

¿Nuestro país hace bien en mantenerse bajo el modelo latino? Mientras instituciones como el Indecopi, según consta en diversos de sus estudios de mercado, abogan por liberalizarlo, los abogados más tradicionales claman por dejarlo tal cual está para proteger la seguridad jurídica del país.

Un notario es aquel llamado a dar buena fe y seguridad a las transacciones en las que interviene, explica Yuri Vega, del estudio Muñiz, y hoy más que nunca es imprescindible su labor tal como está definida y con todos los controles que posee para evitar la generalización del delito. Un cambio podría ser para peor, advierte, porque los mafiosos tendrían más puntos débiles de los cuales aprovecharse. “El día que exista una ley distinta... ¡Dios nos coja confesados!. Sería un caos si lo liberan”, enfatiza Romero.

¿BIEN DE SALUD?

La actividad notarial en el país ha sufrido varios cambios normativos en los últimos treinta años, pero en esencia es la misma: un servicio público ejercido por privados. El reconocido abogado, Alfredo Bullard, los ha calificado públicamente como mercantilistas que no merecen un trato excepcional en su faceta privada, porque son una actividad económica más, como cualquier otra. Sus opiniones las basa en irregularidades en su funcionamiento como mercado, las cuales recogió Indecopi en estudios publicados en el 2011, 2013 y 2014.

Para Romero el servicio notarial es el ejercicio de una profesión que salvaguarda la seguridad jurídica, no un negocio. Acepta que un notario puede ganar tanto como un abogado y que existen notarías que tramitan 13 mil expedientes mientras otras solo manejan 300, pero ello lo justifica en la demanda de la jurisdicción en la que operan y el tipo de servicio ofrecido.

Desde Indecopi la mirada es bastante crítica. A su entender, el mercado de servicios notariales no presenta las características de un mercado competitivo porque “no son homogéneos en cuanto a los procedimientos y al tiempo requerido para su provisión; existen asimetrías de información entre proveedores y consumidores; los agentes no son tomadores de precios; existen costos de transacción basados en la incertidumbre y el ingreso a la actividad notarial es restringido de acuerdo a ley”.

Las tarifas son variadas y distan mucho entre unas y otras, según los estudios de Indecopi. Mientras que una escritura pública de compra-venta de un inmueble cuesta S/.400 en una notaria, en otra alcanza los S/.1.270. La diferencia entre el precio promedio máximo y el precio promedio mínimo se quintuplica y tranquilamente llega a S/. 863. Y hasta algo tan simple como una copia certificada pasa de S/.10 a S/50 según la zona.

Esas diferencias parecen no espantar a muchos abogados porque sienten que una oferta calificada amerita esos costos. “La labor del notario es imprescindible para otorgar seguridad jurídica. No es un sobrecosto sino un costo asociado al tráfico mercantil en donde no se cobra por el trabajo realizado, sino por la responsabilidad asumida” rescata Daniel Echaiz (Estudio Echaiz).

Coincide con ello Maria Eugenia Yabar, del estudio Olaechea, quien asegura que en Lima hay suficientes opciones para elegir. “Yo no creo que se deba censurar a alguien por tener una cuota alta de mercado. Hay siete u ocho notarias grandes que trabajan en exclusiva con el sistema financiero. En ellos se confían las operaciones de mayor envergadura porque están especializados en la idiosincrasia del cliente. Los bancos los eligen porque su honorabilidad y eficiencia les generan menos riesgos”, asegura.

En Indecopi se oponen a esta concentración de mercado, la cual se acrecienta porque no se puede montar una notaría si no abren una nueva plaza por concurso público aun cuando se perciba un déficit de 115 notarios a nivel nacional (2013). Además reclaman que existen deficiencias en calidad que no son adecuadamente difundidas a los clientes. Por ejemplo, en el 2009 el 20% de los registros de bienes inmuebles fueron devueltos por errores, lo cual quiere decir que los ciudadanos pagaron a los notarios S/. 56,3 millones por gusto. Perdieron tiempo y dinero.