Telefónica acudió al Ciadi el 12 de marzo del 2021. En su denuncia, el grupo español indicó que las medidas emprendidas por el Estado peruano quebrantaba las obligaciones del país en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú. I EFE/MARISCAL
Telefónica acudió al Ciadi el 12 de marzo del 2021. En su denuncia, el grupo español indicó que las medidas emprendidas por el Estado peruano quebrantaba las obligaciones del país en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú. I EFE/MARISCAL
Redacción EC

El reclama al Estado peruano 1.122 millones de euros (aproximadamente US$1.219 millones) por daños y perjuicios históricos, correspondientes a impuestos realizados en el país y provisiones fiscales de tributos pendientes de abonar.

El monto total o parcial de este reclamo, que pudiera o no retornar a las arcas de la compañía española, se conocerá a finales de febrero o inicios de marzo del 2025, según indicó el medio español elEconomista, que agrega que la medida deberá resolverse en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), la cual se registra hace más de tres años.

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El medio indicó también que el área legal de Telefónica, junto con sus asesores fiscales, evalúan las opciones en el Ciadi, no solo para reintegrar los pagos ya realizados, sino también para desbloquear las provisiones de otros tributos exigidos por el estado peruano.

Los primeros se refieren a impuestos ya desembolsados por el valor de US$572,5 millones (523,6 millones de euros). El segundo pago aluden a otras exigencias fiscales, de hasta US$647,2 millones de dólares (592 millones de euros), este monto es exigido por Perú, pero no pagados por Telefónica.

La compañía telefónica considera que se violan los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú. “En el mejor de los casos, Telefónica podrá decidir la suerte de esas previsiones, ya sea mantenerlas en un país con alta seguridad o reducir la deuda, entre otras opciones”, sostiene elEconomista.

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A las cifras antes mencionadas se suman otros US$7,4 millones (6,7 millones de euros), relacionados con el perjuicio emergente, de costos de asesores legales y fiscales, así como del establecimiento de fianzas en procesos locales.

Cabe recordar que Telefónica acudió al Ciadi el 12 de marzo del 2021. En su denuncia, el grupo español indicó que las medidas emprendidas por el Estado peruano quebrantaba las obligaciones del país en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú.

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