Trabajo remoto se usa cada vez menos en el sector público, mientras cuestionan protocolos en labor presencial

Este miércoles se confirmó la muerte por COVID-19 de un segundo trabajador del Ministerio de Vivienda que asistía presencialmente a su centro de labores. Si bien aún no se conoce si el contagio se dio dentro de las instalaciones, los casos ponen en debate la aplicación del trabajo remoto en las entidades del Estado y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el trabajo presencial.

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Sobre ello, el congresista Daniel Olivares, quien recibió cerca de 260 denuncias sobre el tema en solo una semana y en base a estas realizó inspecciones, identificó que muchos funcionarios trabajaban presencialmente cuando la naturaleza de su labor les permitía hacerlo de forma remota.

Un punto por considerar, señala, es que no todos los trabajadores cuentan con una conexión adecuada de Internet, por lo que tienen que trabajar en las oficinas; y las entidades no pueden pagarles estos servicios, pues sus presupuestos no los contemplan. “Se necesita un decreto de urgencia para que entes públicos puedan compensar algunos costos al trabajador”, comenta.

En tanto, los lineamientos para garantizar que el trabajo presencial es seguro “no lo están cumpliendo en el sector público”, advierte Domingo Cabrera, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Estado (CTE). Y ello va desde el incumplimiento del aforo reducido y la existencia de personal en grupo de riesgo laborando presencialmente.

Sobre este último punto, Carlos Cadillo, socio del estudio Miranda & Amado, precisa que toda persona vulnerable que retorne al trabajo presencial debe ser evaluada por un médico ocupacional, quien analizará la información clínica del trabajador y la labor que realizará. Añade que la declaración jurada se usa casi como un consentimiento expreso del empleado.

¿SIN SANCIÓN?

En el sector privado, si un trabajador observa que el empleador no cumple los protocolos respectivos, puede quejarse ante la Sunafil. De verificar las infracciones y demostrarse un contagio masivo, la Sunafil podría clausurar el centro de trabajo, recalca Brian Ávalos, laboralista del estudio Payet. En el sector público esto no ocurre, pues la Sunafil solo recibe denuncias de trabajadores del régimen privado, precisa la entidad.

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La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), encargada de supervisar el cumplimiento de las normas de la emergencia sanitaria en los entes públicos, hace unos días abrió canales de atención a denuncias virtuales.

El secretario general de la CTE solicita que tanto Sunafil como Servir supervisen estas situaciones. Ávalos, no obstante, recalca que la gran carga de trabajo que ya tiene Sunafil y la cantidad reducida de inspectores con los que cuenta harían poco viable que asuma una responsabilidad más.

De otro lado, el parlamentario Olivares informó que hoy se discutirá el que todos los congresistas fiscalicen la situación de los entes públicos en la semana de representación. Usarán un manual para uniformizar las inspecciones y criterios.

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SERVIR RESPONDE

Consultado sobre qué sucede cuando se da cuenta de una falta por una entidad pública respecto a los lineamientos de trabajo remoto y el cumplimiento de protocolos en el trabajo presencial, Servir informó a El Comercio que inician las acciones de supervisión correspondientes en relación a la falta presentada, emitiendo recomendaciones para la subsanación una vez verificada.

En medio del inicio de esta segunda ola del COVID-19, asimismo, preguntamos cuántos entes públicos aplican parcial o totalmente el trabajo remoto. Al respecto, Servir precisó que registraron 688 entidades en diciembre, que representa al 25% de la masa laboral de trabajadores estatales.

La entidad también reconoció que se ha visto una reducción de personal aplicando el trabajo remoto: “entre los meses de abril y septiembre, 1 de cada 3 servidores se encontraba en trabajo remoto. Sin embargo, en el último trimestre observamos que 1 de 4 servidores se encontraron en dicha modalidad”.

De otro lado, Servir reportó que es difícil calcular cuántos de los empleos de Estado pueden realizarse mediante trabajo remoto dada la naturaleza del cargo.

“Hay entidades como Servir y el Ministerio de Ambiente que tienen entre 70 y 90% de los servidores haciendo trabajo remoto. En el caso de los municipios es más difícil porque otorgan muchos servicios a la ciudadanía que requieren ser presenciales y, además, no necesariamente cuentan con las facilidades tecnológicas para implementar el trabajo remoto”, comentó.

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