Representante de Cruz del Sur expresó que hay una retracción de la demanda de viajes en buses interprovinciales.
Representante de Cruz del Sur expresó que hay una retracción de la demanda de viajes en buses interprovinciales.
Christian Lengua

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La en Perú trajo consigo una serie de restricciones de acuerdo con el nivel (moderado, alto o muy alto) en el que se encuentre cada región. Hasta fines de enero hay ampliación del toque de queda, e inmovilización los domingos.

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¿Cómo han afectado estas restricciones al transporte interprovincial? Según comentó Luis Ramírez, gerente general de la empresa de transportes Cruz del Sur, las medidas no tienen mayor impacto en sí mismo. Lo que no se puede, explicó, es embarcar pasajeros en cualquier ciudad calificada como riesgo muy alto los domingos, “pero si el pasajero parte de Lima a Huancayo (calificado como muy alto), sí puede desembarcar porque hay transporte público”.

Por su parte, Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, enfatizó que la actividad económica del transporte no se ha suspendido, ya que el transporte interprovincial no se encuentra dentro de las actividades económicas que han sido materia del Decreto Supremo de la PCM.

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Sin embargo, expresó que al no ser clara la ley, en algunos casos hay desinformación por parte de los gobiernos regionales. Hay lugares como Chimbote o Jaén que hacen su propia interpretación de la ley, comentó. “Lo que está prohibido los domingos es la movilización peatonal, así como de vehículos particulares, pero no el servicio de taxi. Pero hay algunos terminales que se han tomado atribuciones más allá de lo que dice la norma”.

Añadió que esto origina que los buses ilegales trabajen y expongan al público a situaciones caóticas, al no cumplir con lineamientos de seguridad vial ni del COVID-19, sobre todo en los terminales de administración municipal o regional. Lamentablemente la norma de por sí no es muy clara, dijo Ojeda. Aclaró que como gremio ya han conversado sobre este punto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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Sin embargo, Ramírez manifestó que, más allá de las restricciones, otros factores vienen afectando al transporte interprovincial como los comentarios desde hace semanas de la segunda ola y una nueva cepa del coronavirus, lo que mantiene la demanda deprimida.

“Hemos hecho planes de una recuperación progresiva, porque mientras permanezca el virus en la sociedad va a haber preocupación. Nuestros planes son de operar en el orden del 40% o 50% que el mismo periodo del año anterior, pero no se está alcanzando al haber una retracción de la demanda”, precisó el gerente general de Cruz del Sur.

Argumentó que vienen cumpliendo con todos los estándares de seguridad sanitaria antes, durante y después del viaje, y recientemente han implementado en su flota un sistema de rayos UV en los ductos del aire acondicionado para asegurarse que el aire que ingresa está totalmente limpio.

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Asimismo, Ramírez explicó que vienen trabajando para promover con ofertas conjuntas el turismo interno. Aunque por lo que conoce, ahora la mayor parte de los viajes son de visita familiar y de trabajo.

Ojeda, por su parte, confirmó que la segunda ola ha tenido un impacto en el sector. “De lo que estábamos subiendo desde marzo, y estábamos llegando a un 35% de la demanda, ahora ha vuelto a bajar a un 20%, sobre todo en las zonas de contagios consideradas muy altas”, dijo.

Posible paralización

Como gremio de transporte terrestre, Ojeda advirtió que han hecho un pedido al Ejecutivo de tres puntos, que si no se cumplen “lamentablemente, ya está coordinado que va a haber una paralización tanto del transporte de mercancías como del transporte de buses para el 16 de marzo”.

En primer lugar, piden la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pero sin las barreras que el Estado ha establecido. Porque, apuntó que del 100% de las empresas de transporte que se han acogido a la devolución, no llega ni al 1% las que han calificado, porque pese a que hay pandemia las barreras que ha establecido el gobierno son distintas a las de años anteriores.

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En segundo lugar, solicitó que el plan Reactiva Perú amplíe el periodo de gracia a dos años y el cronograma de pago a dos años más. Porque cuando se hizo Reactiva nadie presagiaba una ola tan fuerte como la que estamos viviendo. Y el sector se ha visto afectado por los bloqueos de carretera y la baja demanda en temporada alta.

Y tercero, es que el gobierno se pronuncie por la acción de institucionalidad respecto a la norma de formalización de taxis colectivos (ley 31096) que aún no se reglamenta. “Hay que ver la cantidad de muertes que nos cobra esta ley. Esperamos que el Gobierno interponga acción de institucionalidad”, acotó.