El Ministerio de Energía y Minas (Minem) derogó los decretos supremos –firmados por Pedro Pablo Kuczynski horas antes de renunciar a la presidencia– que aprobaban la firma de cinco contratos de licencia de la empresa Tullow Oil para la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar del norte peruano en los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68.
La norma, publicada ayer en el diario “El Peruano”, establece también un plazo de 120 días –que comienzan hoy– para que se apruebe el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos. Este será de aplicación inmediata e incluirá procesos de contratación en trámite.
De esta manera, el Ejecutivo puso fin a casi un mes de incertidumbre. A pesar de que los contratos estaban listos para ser firmados y de que los decretos supremos contaban con la opinión favorable de la contraloría, el gobierno de Martín Vizcarra no concretaba los acuerdos con Tullow debido a los reclamos de gremios de pescadores artesanales del norte del país, que se oponen a la actividad petrolera en el mar alegando que esta dañaría el litoral.
El caso Tullow se desarrolla en un momento difícil para el sector hidrocarburos, cuyas inversiones han caído considerablemente en los últimos años.
De acuerdo con Cómex-Perú, en el 2012 la inversión en hidrocarburos llegaba a casi US$900 millones, pero en el 2017 solo se registraron US$17 millones.
Además, actualmente consumimos seis veces más petróleo del que producimos, lo que obliga a nuestro país a importar hidrocarburos por alrededor de US$5.000 millones, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Para Tullow Oil, la anulación de los contratos se produce en una coyuntura compleja, pues la petrolera tiene como plan reactivar la búsqueda de nuevos recursos petroleros y gasíferos en África y Latinoamérica.
La compañía afirmó que está profundamente decepcionada por la decisión del Ejecutivo. “Ahora vamos a considerar nuestros siguientes pasos”, apuntó George Cazenove, jefe de comunicación de la petrolera, en un correo electrónico remitido a Reuters.
REACCIONES
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) consideró que la medida da un mensaje adverso respecto a la inversión privada y la seguridad jurídica. Además, resaltó que el proceso de tramitación de la firma de los contratos cumplió con las normas vigentes.
También destacó que Tullow maneja los más altos estándares ambientales y seguridad de la industria petrolera internacional.
“No se debe permitir que esta medida sea capitalizada como un triunfo político por quienes construyeron y manipularon las protestas de los pescadores”, añadió Felipe Cantuarias, presidente del gremio, mediante un comunicado.
Cómex-Perú y la SNMPE también criticaron la derogación de los decretos supremos. Jessica Luna, gerenta general del primer gremio, aseguró que la medida responde a “una presión política”.
“El Ejecutivo ha tenido miedo, y con miedo no se puede gobernar este país [...]. Han sido decretos supremos del Minem, pero no es coincidencia que en el Congreso el partido del primer ministro Villanueva [Alianza para el Progreso], a través de Marisol Espinoza, haya tenido un proyecto para derogar los decretos”, criticó.
La SNMPE dijo que la medida genera incertidumbre entre los inversionistas, en circunstancias en las que se necesita asegurar la sostenibilidad y competitividad de esta actividad.
El gremio destacó que la exploración y explotación petrolera en aguas profundas alejadas de la línea costera no genera efectos ambientales adversos y rechazó que resulte incompatible con la pesca artesanal.
Coincidió en esto último Beatriz de la Vega, socia líder de Energía de EY Perú. Además, consideró que las cargas políticas y sociales que rodearon esta controversia vienen de la mano. “Hay una nueva administración que busca tener a la población contenta”, asegura.
Más allá de ello, continuó, será vital el rol que cumpla Perú-Petro –y su nuevo líder, Seferino Yesquén– en el corto y mediano plazo. “Una buena señal tendría que ser avanzar con las mesas de diálogo y hacer audiencias con las asociaciones, explicando en qué consisten las actividades exploratorias”, sostuvo.
En tanto, el Gobierno negó ayer que se esté oponiendo a la inversión privada con esta medida. Es más, resaltó que la decisión responde a que no se hicieron las consultas necesarias a la población. “Vamos a respetar los contratos, pero los que empiecen bien”, apuntó César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros.
Aseguró también que como Gobierno se optó por reanudar un proceso de diálogo, con referencia a la consulta ciudadana que efectuarán el Ministerio de Energía y Minas y Perú-Petro.
Asimismo, indicó que aunque entiende la preocupación de la SNMPE, a la población le hace falta más información sobre los decretos.
Sin embargo, habiendo inversión de por medio, De la Vega considera que Tullow podría optar por estudiar qué perjuicio económico le puede causar la medida e identificar si es posible pedir un reembolso. “El Ciadi no [es una opción] porque tendría que haberse firmado el contrato”, finalizó.
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EN LA FOTO.-
El martes, un día antes de que el gobierno derogara los decretos que permitían a Tullow Oil explorar y explotar cinco lotes petroleros, el congresista Roberto Vieira publicó en Facebook fotografías de una reunión realizada en Palacio de Gobierno con el mandatario Martín Vizcarra. El parlamentario apoya de cerca a los gremios de pescadores artesanales que pedían al gobierno no firmar los contratos con la petrolera y ha sido un sonoro crítico de que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski firmara los decretos supremos favorables a Tullow horas antes de renunciar.
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