Perucámaras: el nivel de cancelaciones en el sector turismo ya alcanza el 80%

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—¿Cómo observan desde el gremio los recientes acontecimientos que viene enfrentando el país?

Ya habíamos emitido un pronunciamiento como Perucámaras y luego como parte del colectivo que formamos, indicando que –en primer lugar– respaldábamos la transición constitucional que se había dado producto del golpe de Estado y de la ruptura del orden democrático que hizo el expresidente Castillo. También hemos manifestado nuestra posición en cuanto a respetar el derecho a la protesta, pero ese derecho no debe colisionar con el derecho al trabajo del resto de peruanos. El derecho a mantener el orden, la propiedad privada y pública; mucho menos [se debió] convertir una manifestación en actos de violencia que configuran delitos. Lamentamos también que, producto de la distorsión del reclamo, se hayan generado pérdidas humanas. Hemos exigido que se hagan las investigaciones del caso con la mayor diligencia, se siga el proceso y se encuentren a los responsables directos e indirectos.

Producto de lo que ha venido sucediendo, hemos manifestado nuestra preocupación por el efecto negativo en la economía del país [ante] un proceso de reactivación no culminado porque hay sectores y regiones que no han llegado a sus niveles de producción y generación de ingresos previos a la pandemia. Los ingresos promedio están todavía por debajo de [ese periodo] y los indicadores de producción también. Hay sectores que realmente están en una situación crítica, con muchas expectativas de la estacionalidad de fin de año donde se genera un 40% de los ingresos producto del alto nivel de consumo. El sector turismo se activa bastante, las ventas mayoristas y minoristas también; pero ya vimos que esa expectativa de ingresos y campaña se ha caído casi a la mitad. Producto de los bloqueos, hubo problemas en carreteras.

—¿Cuál es el balance de la afectación que observan a escala departamental?

En las diferentes regiones, se contrajo la demanda en el sector turístico. Los productos no llegaron a los mercados. Los pequeños empresarios que producen y comercializan sus productos a nivel nacional se quedaron con una pérdida importante de ventas. Eso afectó muchísimo. Hay una estimación entre S/1.500 y S/2.000 millones de lo que se ha perdido en estos días. Esta semana hemos visto el reflejo de estas manifestaciones en Lima. Eso también se está empezando a contabilizar en el impacto económico. Primero, en la caída de la productividad porque muchas empresas han tomado la decisión de dar [a sus colaboradores] la libertad de no estar presencialmente en su centro de trabajo. Hubo extensiones en horarios de ingreso y hay pérdidas de horas hombre entre el miércoles y el jueves.

—¿Existe algún otro factor que les preocupe?

En particular, a las cámaras de comercio de las regiones más afectadas, es la imagen y reputación en el país. Recuperar económicamente algunas actividades se podrá hacer, se puede compensar. El Gobierno está pensando seguramente en algunas políticas de apoyo para que no se caigan las empresas y no se incumplan las cadenas de pago. Hay una cadena muy precaria en la macrorregión sur, sobre todo. Las noticias transmiten una situación de conflictividad, caos y violencia. Eso, en términos de reputación y atractivo para el país, va a tomar mucho más tiempo en recuperar y muchos más esfuerzos de los organismos y agencias de promoción. Vemos cómo se ha caído la llegada de turistas en estas épocas del año. Ya se cayeron para los primeros días del 2023 y ya se están viendo cancelaciones importantes a la estacionalidad que hay en el mes de febrero para ver carnavales típicos en algunas regiones. [También] en Semana Santa, que atrae a muchos turistas del extranjero. Según las estadísticas de gremios de turismo, ya están en un 80% de cancelaciones. Es una afectación económica y de imagen. La pérdida intangible es mucho más alta que las pérdidas contabilizadas económicamente.

—¿Qué soluciones plantearían al respecto?

Nunca se debe renunciar a la posibilidad de seguir haciendo un llamado al diálogo. Veo que hay un problema del lado de los manifestantes. No visualizamos dirigentes, quienes lideren ese reclamo. En el fondo, porque los reclamos no tienen un sustento o son políticos. Cuando [es así], no se encuentra un mecanismo para que alguno de esos reclamos se cumpla. El adelanto de elecciones ya está planteado –ya tenemos un fecha máxima que es abril–, veremos que el Congreso logre alinearse con los organismos electorales y que permitan hacer el llamado a elecciones en una fecha más próxima. Eso tiene que hacerse con la debida responsabilidad. Se tienen que hacer algunas reformas políticas que tengan consenso de todos. La institucionalidad tiene que mejorarse. Es importante encontrar un equilibrio que logre conjugar, de manera pragmática, cambios y reformas políticas que mejoren y eleven la calidad del proceso electoral.

En segundo lugar, ante esta situación de manifestaciones que se han convertido en actos que configuran delitos, [queremos] hacer un pedido a la Fiscalía para que actúe en un acompañamiento concurrente a las fuerzas del orden que son las encargadas de mantener el orden interno. En este momento le toca jugar a la Fiscalía un rol importante. [Finalmente] hacer un llamado a quienes se están manifestando: que lo sigan haciendo de manera pacífica. Me preocupa muchísimo [el hecho que] hoy día, me acaban de avisar que hay un grupo de manifestantes que se está dirigiendo a Ollantaytambo en Cusco con la consigna de tomarlo y tomar Machu Picchu como una manera de chantajear al Gobierno central para que acepte sus reclamos. Eso sería realmente grave. Esto ya configura una especie de orquestación planificada para generar zozobra y pretender, a través de la violencia y el miedo, ocupar posiciones. Defendemos la institucionalidad democrática y constitucional del país.