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En medio de la controversia desatada por el nuevo salvataje financiero solicitado por Petro-Perú, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola salió a poner ‘paños fríos’ para calmar a la opinión pública.
“No habrá dinero fresco (ni) capitalización, a favor de Petro-Perú”, indicó en el programa televisivo Punto Final el domingo por la noche.
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Esto, debido a que ese dinero “se ha invertido en el Fenómeno de El Niño” y a que las prioridades del Gobierno son otras, pues “la presidenta ha puesto [el foco] en agua y desagüe”, manifestó el funcionario.
Como consecuencia de dichas declaraciones, los bonos en dólares de la petrolera estatal (con vencimiento en 2032) se contrajeron hoy en más de 2,5 centavos, a 71 centavos, su “mayor caída desde agosto de 2022″, informó Bloomberg.
“Por decencia, en caso la tuviesen, el ministro de Energía y Minas y el directorio de Petro-Perú deberían renunciar,”, exclama un ex alto funcionario de Petro-Perú quien quiso mantener su nombre en reserva.
SOLUCIÓN DE COMPROMISO
De acuerdo a esta fuente, la intención del primer ministro al negar el rescate financiero no sería otra que “mostrar dureza” para forzar la renuncia de los funcionarios del sector hidrocarburos que han quebrado a Petro-Perú.
Petro-Perú adeuda cerca de US$1.600 millones a sus proveedores de crudo y combustibles, entre ellos, a las petroleras de Talara que suministran petróleo ligero para la nueva refinería.
“Luego de ella la rescatarían”, indica la fuente.
Por el contrario, los demás especialistas consultados para este informe concuerdan en que el Gobierno sí prepara un salvataje, aunque de manera parcial, pues “no puede dejar colgados a los proveedores de Petro-Perú, particularmente, a las petroleras de Talara y del extranjero”, explica Carlos Gonzales, experto en hidrocarburos.
Por esta razón, Gonzales considera que el Gobierno se encuentra buscando una solución que no implique la entrega de dinero en efectivo, pero sí otras alternativas para que pueda pagar los US$1.600 millones que adeuda a sus proveedores.
En efecto, lo que Otárola declaró en Punto Final fue que “no habrá dinero fresco (US$1.150 millones) ni capitalización a favor de Petro-Perú”, pero sí reprogramación de su deuda con el MEF (US$750 millones).
Sin embargo, no negó en ningún momento la entrega de facilidades financieras a la estatal.
“Ergo, todo lo que pedía Petro-Perú en cuanto a créditos indirectos (préstamos, garantías y reprogramación de deudas) sí va”, considera Fernando de La Torre, ex gerente de Finanzas de Petro-Perú.
Hablamos de una ayuda financiera de US$2.400 millones, la cual incluye la reprogramación de la deuda de US$750 millones que la empresa contrajo con el MEF en el 2022 (y que debió pagar en diciembre de ese año).
De los cuatro items solicitados por Petro-Perú, el Gobierno ha rechazado de plano el primero (nuevo aporte de capital). El segundo lo ha considerado a medias, pues propone reprogramar su deuda en vez de capitalizarla. Los dos últimos no los ha negado.
También la renovación de la línea de comercio exterior solicitada en 2022, la cual fue fijada, inicialmente, en US$500 millones, pero que ahora será ampliada a US$1.000 millones. Y, asimismo, el otorgamiento de una nueva garantía de U$650 millones para el pago de deudas adquiridas en el 2023, enumera de La Torre.
SALVATAJE A MEDIA AGUA
A entender de De La Torre esto sería suficiente para que Petro-Perú obtenga el oxígeno necesario para “ordenar la casa y salir adelante, pero haciendo bien las cosas”.
Esto pasa, señala, por “poner fin a los negociados de las cofradías al interior de la estatal” y por colocar en un fideicomiso los inventarios y las cuentas por cobrar a clientes, para “que los flujos de ventas y cobranzas vayan directamente a pagar a proveedores de crudo y refinados” sin que nadie más pueda tocar ese dinero.
Por el contrario, el economista Alejandro Incháustegui advierte que lo que está haciendo el Ejecutivo con este “salvataje a media agua” es empeorar las cosas.
Esto porque Petro-Perú puede culpar luego al Gobierno, enrostrándole que sigue sin resolver sus problemas porque no le dieron la ayuda completa.
“Acá no hay más opciones. La empresa está en quiebra (su deuda es cuatro veces más grande que su patrimonio). Entonces, o la salva el Estado o se va a manos de los acreedores. La peor decisión es dejar las cosas a medias o ambiguas como lo está haciendo el primer ministro”, remarca.
Petro-Perú se expone a seguir perdiendo su calificación crediticia y a quebrar por completo si no recibe alguna ayuda del Gobierno. (Foto: Difusión)
¿Qué ocurriría si el Gobierno no sale en ayuda de la estatal?
De acuerdo a un ex presidente de Petro-Perú, quien quiso mantener el anonimato, lo primero que ocurriría es que las clasificadoras de riesgo rebajarán la clasificación de la estatal, tras lo cual “sería poco probable que la compañía obtenga nuevos créditos a costos razonables”.
De resultas de eso, la empresa entraría en quiebra y los bonistas que pusieron dinero para la nueva Refinería de Talara perderían sus inversiones hecho que “afectaría la emisión futura de bonos del país”.
Por esto, aconseja declarar la empresa en emergencia, cambiar al ministro de Energía y Minas, y nombrar a un nuevo directorio con un mandato específico: concluir con la implementación técnica de la refinería de Talara ya que “es lo único que generará flujos” para la empresa. Esto, tras 10 años de proceso constructivo y US$6.530 millones invertidos hasta la fecha.
REFORMA DEL DIRECTORIO
Esto último va en línea con la decisión del Gobierno de reformar el directorio de la estatal “para generar eficiencia e independencia”.
Se trata, a decir de Erick García, ex director de hidrocarburos del Minem, de una iniciativa que “debe generar un precedente para que cualquier directivo en el país piense antes de tomar decisiones que afecten a la empresa, la institucionalidad y a la población”.
¿Pero cómo debería ser esa reorganización?
Los especialistas en hidrocarburos proponen que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) obtenga mayoría en el directorio de Petro-Perú y también en la Junta de Accionistas que hoy domina el Minem (con el 60%).
Lo primero que el Gobierno debe hacer, según todos los especialistas consultados para este informe, es reponer a los directores del MEF (2) que abandonaron la empresa en noviembre pasado.
Actualmente el directorio de Petro-Perú se componen de cuatro miembros: el presidente, Pedro Chira, dos directores nombrados por el Minem (ambos ex trabajadores de Petro-Perú) y un director en representación de los trabajadores.
Al respecto, Erick García propone que el directorio sea recompuesto de tal forma que el MEF obtenga mayoría. Esto con directores 100% independientes y eliminando la figura del “representante de los trabajadores”.
En paralelo, propone también la reforma de la Junta de Accionistas, de tal manera que el MEF obtenga preminencia sobre el Minem (que hoy ostenta el 69%) porque “si no, el problema continuará”.
Finalmente, urge tomar acciones contra los directores y/o gerentes que tomaron las malas decisiones que llevaron a que Petro-Perú pierda sus líneas de crédito en el 2022.
Hablamos de una deuda cercana a los US$1.600 millones, la cual representa una “mochila muy pesada” para Petro-Perú, según ha reconocido Pedro Chira, presidente de la empresa estatal.
Al cierre de este articulo Petro-Perú confirmó todo lo dicho en este informe:
“Se viene coordinando con la Junta General de Accionistas las acciones de soporte financiero que el Ejecutivo ha manifestado brindará a Petroperú, relacionadas a las garantías para líneas de crédito y reprogramación de deuda con el Estado, con la finalidad de cumplir sus compromisos con proveedores por adquisición de crudo y combustibles en 2023″, indicó.
Comunicado de prensa de Petro-Perú en torno al salvataje financiero.
