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Este martes por la tarde, el Poder Ejecutivo publicó el decreto de urgencia que otorga medidas para garantizar la continuidad en el abastecimiento de combustibles y hacer más eficiente la gobernanza de Petro-Perú. En la medida, resalta, como lo adelantó El Comercio, un endeudamiento a corto plazo por US$800 millones bajo la modalidad de garantía del Gobierno Nacional.
También se establece la ampliación hasta por US$500 millones de las operaciones de crédito que tenía Petro-Perú con el Banco de la Nación para la importación de petróleo, combustibles y otros derivados.
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Pero el endeudamiento establecido en el decreto de urgencia viene con condiciones. Como lo había anunciado el lunes el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, se establece una recomposición obligatoria del directorio de la estatal petrolera en un plazo de 15 días hábiles. Ellos tendrán 20 días hábiles para aprobar las acciones de reestructuración a aplicarse en el 2024.
Los nuevos directores permanecerán en el cargo hasta que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) realice el proceso de selección de los nuevos directores y estos sean elegidos por al Junta General de Accionistas (JGA) de Petro-Perú, con un periodo de mandato a iniciar a partir del 2025.
Como señala el decreto, también el directorio deberá aprobar disposiciones de austeridad, disciplina, calidad en el gasto y de ingresos en el personal, así como aprobar un programa de retiro voluntario en la estatal petrolera.
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Hay que añadir que, en el caso de las garantías otorgadas por el Gobierno, Petro-Perú deberá otorgar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sus bienes inmuebles y predios en calidad de contragarantía, con excepción de los activos críticos nacionales. Para el honramiento de esta garantía, el MEF puede encargar estos bienes a Proinversión para su venta y recuperar los recursos dados por el Tesoro Público.
Expectativas
Un punto a definir en Petro-Perú es su objetivo y visión, consideró el analista económico Alejandro Indacochea, dado que el decreto de urgencia señala en su exposición de motivos, que se deben dar facilidades financieras a la estatal para evitar un desabastecimiento inminente de combustibles, además de que la empresa tiene alrededor de un tercio de participación en los distintos mercados de combustibles, así como un 85% de participación en la selva (Loreto, Ucayali y Madre de Dios).
Asimismo, se indica que con estas medidas económicas y financieras se permitirá que culmine la secuencia de arranque de la Refinería de Talara, entre otros objetivos.
El dato
Cuota de mercado
Según la exposición de motivos del decreto de urgencia, la participación de mercado de Petro-Perú en el 2023 fue de 31% en diesel, 49% en gasolinas y 32% en gasoholes, además de atender un 35% de la demanda de GLP en el norte del país.
Un aspecto positivo, agregó, es la participación del Fonafe en el proceso de selección de nuevos directores, aunque precisó que ello, al ser un campo especializado y sin que tenga influencias políticas, se debería realizar a través de ‘head hunters’ privados.
Por su parte, Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens, sostuvo que Petro-Perú tuvo que pasar en su totalidad a manos del Fonafe, para que esta entidad decidiera si la petrolera pública pasa a un proceso concursal o se reestructura con sus flujos de caja.
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“Esto es otro intento fallido de reestructurar esta empresa”, comentó y añadió que el cambio de directores se pudo haber realizado a través de una junta extraordinaria de la JGA.
En el caso de los bienes y predios de Petro-Perú, Indacochea consideró que se pueden subastar, aunque para ello se necesita la decisión estratégica de directores independientes y decidir qué hacer con estos activos. No obstante, Vásquez sostuvo que ello no bastaría para subsanar esta nueva deuda.
Pero cabe preguntarse, ¿esta medida bastará para revertir la situación de Petro-Perú o habrá que esperar un nuevo pedido de rescate financiero? Alfredo Mendiola, director de Maestría en Finanzas de Esan, sostuvo que no hay garantías de que hayan resultados con este rescate, pero ante ello está la posibilidad de que el MEF disponga de los bienes inmuebles y predios de Petro-Perú.
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Para él, la medida del Ejecutivo apunta a dar oxígeno a la compañía pública para que empiece un proceso de liquidación de activos que le permita pagar sus deudas y ceder operaciones, como la distribución de combustibles al sector privado, para quedarse con la operación de la refinería.
Rescates previos
Como ha señalado en distintas ocasiones este Diario, Petro-Perú ya había recibido dos salvatajes económicos durante el 2022, por un monto acumulado de US$2.350 millones por aporte de capital, capitalización de un préstamo, documentos cancelatorios, y la garantía de comercio exterior.
Para este tercer salvataje, Petro-Perú estaba solicitando una cifra un poco superior a los US$3.000 millones, aunque el endeudamiento dado por el Ejecutivo es mayor a un tercio de ese monto.
Más datos
El analista económico Alejandro Indacochea consideró que Petro-Perú tiene que transparentar el plan de reestructuración elaborado por la consultora Arthur D. Little, además de que considerar que se debe investigar el incremento de la inversión en la construcción de la Refinería de Talara.
