Gremios empresariales en contra de posible adjudicación de lotes petroleros de Talara a Petro-Perú: ¿cuáles son los motivos?

Tres gremios empresariales se mostraron en contra de que posiblemente el Gobierno, a través de Perupetro, adjudique directamente los lotes petroleros I, VI y Z-69, ubicados en Talara, a la empresa estatal Petro-Perú.

En conferencia de prensa, los presidentes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, (ComexPerú) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), consideraron que para la entrega de estos lotes se debe realizar un concurso público internacional.

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“La adjudicación directa de los lotes petroleros, sin licitación alguna, violaría la libre competencia, los tratados de libre comercio y la igualdad de condiciones que debe primar en una economía de libre mercado. Estas prácticas ahuyentan la inversión privada que tanto necesitamos hoy en día para lograr la reactivación económica y generación de empleo”, expresó Julia Torreblanca, presidenta de ComexPerú, en la conferencia.

Cabe mencionar que los contratos de explotación del Lote I, operado por Petro-Perú, y Lote VI, concesionado a la empresa Sapet, culminan en octubre, y el contrato del Lote Z-96, a cargo de Savia, finaliza en noviembre. En esa situación, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, señaló el último martes que es decisión del Gobierno que estos yacimientos petrolíferos pasen a manos de Petro-Perú.

Pero la intención de entregar los lotes a la estatal petrolera data de meses atrás. En febrero, la presidenta Dina Boluarte, en Piura, declaró que los lotes “serán del Estado peruano”.

Proceso en tres años

A semanas de que finalicen los contratos de explotación de estos lotes, Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, criticó la decisión de las anteriores gestiones de no iniciar un proceso de licitación pública e internacional de los yacimientos petrolíferos.

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“Hace dos años se tomó una decisión errada de no tomar un decisión. Tenemos dos contratos muy próximos a vencer, dos operaciones complejas donde no hay claridad de qué va a pasar. Esa incertidumbre es para todo el país y creo que es responsabilidad de Perupetro”, declaró.

La SNMPE había señalado en un comunicado de abril que Perupetro debía realizar una licitación pública para estos lotes donde participen los actores interesados. Además, la Constitución establece que el Estado peruano debe velar por la libre competencia.

A su vez, Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, consideró que el Gobierno, a través de Perupetro, debe generar las condiciones para convocar a una nueva licitación en tres o cuatro años y tener, mientras tanto, una “etapa de transición”, que es una extensión temporal de los contratos para que se pueda hacer la transferencia de los lotes a los mejores postores.

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“El Estado participa de las concesiones petroleras a través de las regalías y los impuestos; participa de los resultados económicos, mas no de las inversiones. Además, las empresas privadas que operan esto tienen que hacer una inversión de riesgo en la exploración, después en operación y mantenimiento, y tienen los resultados económicos que a veces son favorables y a veces no lo son”, indicó.

En ello coincidió Gobitz, apuntando a que la exploración petrolera es una actividad de alto riesgo económico y que está diseñada para ser asumida por el sector privado.

Apoyo financiero

Durante la conferencia, Torreblanca criticó los apoyos financieros brindados a Petro-Perú durante el 2022 y los que solicitó la empresa para este año. Justamente, consideró que las transferencias económicas a la estatal sacrifican otras obras, como la construcción de colegios, carreteras e infraestructura en general. “Entregarle más dinero a Petro-Perú es botarlo al agua”, dijo.

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Asimismo, señaló que entre el año pasado y el actual, el apoyo financiero a Petro-Perú alcanza los S/12.747 millones. Este 2023, la petrolera ha solicitado un aporte de capital de S/5.573 millones.

Es necesario precisar que, como lo indicó Canal N la semana pasada, el directorio de Petro-Perú acordó a inicios de agosto solicitar un apoyo financiero que consiste, además del aporte de capital mencionado, en una capitalización de apoyo financiero por US$750 millones o S/2.953 millones, la extensión o continuidad de las facilidades de documentos cancelatorios hasta por S/500 millones y una garantía de Gobierno Nacional por US$1.000 millones.

Y para el 2022, los apoyos financieros a la empresa estatal alcanzaron los US$2.250 millones relacionados a una inyección de capital, un préstamo del Ministerio de Economía y Finanzas una garantía y una garantía del Banco de la Nación.