Lotes de Talara: Isabel Tafur involucrada en conflicto de interés con petrolera Upland

Así lo dio a conocer a este Diario el integrante de la Comisión de Energía y Minas, tras puntualizar que fue la misma Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien le solicitó “el envío de la documentación”.

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¿De qué se trata esta nueva denuncia?

CONFLICTO DE INTERÉS

En suma, se trata de un caso de conflicto de interés que involucra a la presidenta de Perupetro y a un antiguo empleador suyo, la petrolera Upland Oil & Gas, a la que esta habría favorecido en un arbitraje con el Estado peruano que “íbamos a ganar de todas maneras”, anota Morante.

Pero no solo eso. El congresista denuncia que la funcionaria fue más allá, invitando a esta misma empresa a participar en un concurso petrolero, el del lote 8 (en Loreto), cuando el arbitraje ante CIADI todavía se hallaba en curso.

La cronología de estos hechos se encuentra detallada en la denuncia remitida a la Fiscalía de la Nación y la Contraloría de la República.

Así como también el nexo entre Tafur y Upland Oil & Gas, empresa de propiedad de Jorge Rivera Reusche, quien también aspira a participar en el desarrollo del SIT-Gas (otrora gasoducto surperuano) como representante de la trasnacional estadounidense Energy Transfer.

De acuerdo a la investigación desarrollada por Morante, la vinculación entre Tafur y Rivera se remonta a fines del 2019, cuando una empresa relacionada con este último, Pacifica Energy, fue convocada al proceso de selección del socio que acompañaría a Petroperú en la explotación del lote 192 (Loreto).

Para asesorarlo en este cometido, refiere el congresista, Rivera contó con los servicios “de la señora Isabel Tafur Marín”.

Esto, hasta junio de 2021, en que el proceso concluye dando por ganador a Alta Mesa Energy.

“Es decir que, durante todo ese plazo, la actual presidenta de Perupetro mantuvo una relación profesional con una de las empresas del señor Jorge Rivera Reusche”, anota Morante.

Un año y medio después, ya siendo presidenta de Peru-Petro, Tafur volvería a cruzar caminos con Upland, esta vez para conciliar con la empresa en un arbitraje internacional que esta tenía todos los visos de perder.

Así, según versión de Morante y otras fuentes del sector hidrocarburos con las que este Diario conversó, la historia de este arbitraje es como sigue.

ARBITRAJE EN CIADI

En el año 2021 Upland solicitó la declaratoria de fuerza mayor en el lote XXIII (Tumbes), alegando que la pandemia de COVID-19 le impedía cumplir con su compromiso de perforar un pozo exploratorio.

Para entonces, la empresa llevaba más de cinco años en el proyecto sin poder perforar ese pozo que Perupetro le exigía a fin de que cumpla con su obligación prevista “en el segundo periodo de la fase de exploración para poder pasar a la tercera fase”, refiere una fuente familiarizada con el tema.

De acuerdo a esta fuente, Upland argumentó que los pobladores de la zona tenían miedo a contagiarse de COVID-19, razón por la cual no podía ingresar al proyecto para realizar la perforación exigida.

Ante esto, un equipo de gestión social de Perupetro se acercó a la zona y verificó que no existía tal miedo en la población. “¿Entonces, como se justificaba la fuerza mayor?”, agrega la fuente consultada.

Pero eso no es todo. Morante recuerda que para entonces las empresas de hidrocarburos y minería ya contaban con permisos habilitantes para realizar actividades, razón por la cual no cabía el pedido de Upland.

En consecuencia, Perupetro urgió a la empresa petrolera la perforación del pozo. En respuesta, esta presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI en contra de la agencia de hidrocarburos.

La demanda fue admitida por el CIADI el 13 de julio de 2022 con el beneplácito de Perú-Petro, que confiaba en ganar el litigio y dar por terminado el contrato con la petrolera y ejecutar la carta de fianza respectiva por más de US$3 millones.

“Durante casi dos años Perupetro tuvo una posición muy clara con respecto a ese tema, pero bastó que llegara Tafur (octubre de 2022) para que cambie radicalmente dicha posición y modifique las obligaciones del contrato”, explica Morante.

EL CONCURSO DEL LOTE 8

En efecto, solo tres o cuatro meses después de su designación como presidenta de Perú-Petro, Tafur se reunió con Upland y “sobrepasando las normas, planteó que se busque una solución para darles lo que querían”, comenta otra fuente conocedora de los acontecimientos.

Así, la petrolera pudo comunicar a la agencia de hidrocarburos que desistiría de la demanda arbitral a cambio de que esta modifique (postergue) el programa mínimo de trabajo del lote XXIII.

Esto ocurría el 15 de marzo de 2023. El 30 del mismo mes, el grupo de trabajo creado por Perúpetro para evaluar el caso concluía que la propuesta de Upland era admisible.

Tres días después, se autorizaba al gerente general de Perupetro a suscribir un nuevo documento que evitaba la terminación del contrato del lote XXIII por “incumplimiento de la obligación del programa mínimo de trabajo y la consecuente ejecución de la carta fianza por US$ 3,39 millones”, relata Morante.

Esto, cuando el arbitraje iba viento en popa para el Estado y se encontraba bajo la tutela del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI-.

Pero todo no termina allí. En el intermedio (marzo de 2023) y cuando arbitraje estaba en curso, la presidenta de Perupetro invitó a Upland a participar en el proceso de selección de ‘la empresa más idónea’ para el lote 8 (Loreto).

Esto es, a una empresa en litigio con el Estado peruano, que ha incumplido su compromiso de inversión en el lote XXIII y que, además, no produce un solo barril de petróleo.

Para evitar posibles críticas, la agencia de hidrocarburos habría alargado la fecha de presentación de ofertas por el lote 8 hasta el 22 de mayo. Esto con la presunta intención de dar tiempo a Upland para que retire su demanda ante Ciadi.

De hecho, la petrolera presentó su solicitud de desistimiento el mismo 22 de mayo, pero el proceso se cerró recién el 1 de junio, fecha en la cual la corte internacional emitió la resolución de archivamiento respectiva.

“Esto quiere decir que el conflicto de interés se mantuvo durante todo el concurso”, remarca Morante.

EL GASODUCTO Y TALARA

Este Diario ha averiguado que Upland todavía se mantiene en carrera por el lote 8, en tanto que Petrotal, primer productor de crudo del país con 20 mil barriles diarios, ha sido descalificado.

Por si esto no bastara, Morante ha encontrado que Jorge Rivera, propietario de Upland, también es accionista y representante en el Perú de Energy Transfer, trasnacional norteamericana que busca desarrollar el SIT-Gas, otrora gasoducto surperuano.

De hecho, Rivera formó parte de la comitiva de Energy Transfer que se reunió en agosto pasado con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para dialogar sobre “el potencial del Perú para desarrollar nuevos proyectos de inversión en gas natural e hidrocarburos”, según reza la cuenta de Linkedin del Minem.

Finalmente, este Diario supo que una empresa relacionada con Upland ha sido invitada a participar por Petroperú en la explotación de los lotes I, VI y Z-69, que revertirán transitoriamente a Petroperú en tanto Perupetro organiza una licitación internacional.

Se trata de Servicios Energéticos Ambientales, empresa gerenciada por Ana Katerina Rivera, quien figura como asistente de gerencia en Upland.

Por todas estas razones, Morante llama la atención de la Contraloría y la Fiscalía para que realice una investigación exhaustiva y rigurosa de esta situación que “involucra a los contratos petroleros del lote XXIII, el lote 8 y una posible participación en el Gasoducto Sur Peruano”.

Este Diario se comunicó con la presidenta de Perúpetro, Isabel Tafur, para que ofrezca su versión en este espinoso asunto, pero declinó responder.