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Pocas regiones en años recientes han ejecutado significativos montos de inversión pública como ha sido el caso de Piura, donde el Estado llevó a cabo uno de sus proyectos de mayor envergadura de las últimas décadas a través de la nueva refinería de Talara (NRT). Pese a este importante despliegue de recursos públicos, los avances sociales y económicos en esta región han sido muy limitados. Revertir este preocupante panorama dependerá en buena parte de mejorar la gestión y asignación de los recursos públicos para orientarlos hacia donde puedan generar mayor bienestar, en lugar de seguir cubriendo las deficiencias en la gestión de Petro-Perú.
Débil avance
A lo largo de la última década, el camino de Piura hacia mayores niveles de desarrollo y bienestar se ha visto limitado por continuos choques adversos que incluyen el fenómeno de El Niño del 2017 y la pandemia del 2020. De acuerdo con cifras del INEI, los ingresos por habitante de la región –calculados como PBI entre la población– se han reducido desde el 2014, al mostrar una caída promedio anual de 0,4% hasta el 2022. Este desempeño negativo contrasta con lo registrado en Piura entre el 2007 y 2013, en los que el PBI por habitante creció a un promedio de 4,9% por año.
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En ese contexto, la pobreza en Piura ha oscilado en alrededor de 30% de la población durante los últimos nueve años, la cual ha venido acompañada de un exiguo avance en el acceso de los hogares a mayores y mejores servicios básicos. Al cierre del 2022, el 59% de las familias en Piura contaban con acceso al paquete de electricidad, agua y desagüe, cifra que apenas supera los niveles de cobertura alcanzados en el 2017 (58%), y que registra notables diferencias en la sierra de la región. Así, estos niveles son bastante inferiores en Ayabaca (15%) y Huancabamba (26%), distritos que en el 2019 registraron índices de desarrollo humano por debajo de la mitad de lo alcanzado por la capital de la región.
Un elefante blanco
En este contexto de estancamiento económico y lentos avances sociales, Piura ha sido escenario de la construcción de la nueva refinería de Talara, uno de los proyectos de inversión pública más costosos en la historia del país al sumar alrededor de US$5.500 millones. A pesar de su elevada inversión, la NRT ha presentado graves deficiencias en evaluación económica. Por un lado, su capacidad de procesamiento de 95.000 barriles por día (BPD) más que duplica la producción nacional de petróleo de menos de 45.000 BPD en promedio durante los últimos nueve años. Aunque refinar petróleo importado podría ser rentable, según el economista Carlos Paredes, expresidente del directorio de Petro-Perú, el análisis financiero del proyecto no consideró aspectos como los costos logísticos, las tasas gubernamentales aplicables ni la ubicación de los principales mercados (Lima y el sur del país). Esto habría llevado a subestimar los costos e inflar artificialmente la rentabilidad esperada del proyecto.
Durante su fase de construcción iniciada en el 2014, la debilidad del gobierno corporativo de Petro-Perú, evidenciada en la alta rotación de funcionarios (13 presidentes de directorio y 17 gerentes generales entre el 2014 y 2023), generó retrasos de más de cuatro años y sobrecostos significativos. En total, se generó una pérdida de US$ 1.650 millones en el valor de la empresa estatal, según estima Paredes. Dicho monto podría haberse utilizado para financiar la totalidad del presupuesto para inversión pública en la función salud en el país en el 2022.
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Brechas de gestión
Lo ocurrido con la NRT ilustra las deficiencias que padece la gestión pública en el país, las cuales se extienden desde empresas públicas como Petro-Perú hasta los diferentes niveles de gobierno. En Piura, por ejemplo, las siete municipalidades con mayores recursos por el canon petrolero en el 2022, con presupuestos anuales que van desde US$18 millones hasta US$92 millones, solo ejecutaron el 55% de lo asignado. Además, es la segunda región con mayor monto de obras públicas paralizadas a agosto del 2023.
En ese sentido, resulta contraproducente que el mismo Estado que no logra proveer servicios básicos de calidad haya solicitado a través de Petro-Perú alrededor de US$ 3.200 millones para cubrir su ineficiencia operativa y además haya buscado adjudicarse temporalmente pozos petroleros en el norte del país. Según cálculos del IPE, con el 25% de estos recursos solicitados Piura podría cerrar la brecha pendiente de acceso a agua y saneamiento, atendiendo a más de un millón de habitantes (50% de la población) en las zonas urbanas y rurales que todavía carecen de estos servicios, o financiar tres hospitales de alta complejidad (inexistente en la región), como el que recientemente fue declarado de interés. Más aún, podrían invertirse estos montos en un mayor impulso del potencial agrícola y pesquero, que emplean a un tercio de la población de la región y cuyas exportaciones alcanzaron un máximo histórico de US$2.282 millones en el 2022, casi el doble que en el 2013.
La complejidad del sector hidrocarburos en el Perú requiere de una mejor gobernanza y mayores capacidades técnicas, aspectos de los que Petro-Perú ha demostrado carecer. Por ello, apostar nuevamente por fórmulas estatales que han fracasado en el pasado solo seguirá provocando las mismas pérdidas que ya vienen pagando todos los peruanos y sin mayor impacto tangible para Piura.
