Después que en la víspera, el Congreso no encontrará consenso para aprobar un nuevo régimen de promoción para la agricultura, Sergio del Castillo, gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (ProCitrus), alza su voz para reclamar trato igualitario en términos salariales y tributarios.
Con el proyecto de ley ahora en manos de la Comisión de Economía, ¿qué esperan?
Nosotros somos una asociación conformada, principalmente, por pequeños productores y manifestamos nuestro malestar porque no nos convocaron para la propuesta que se discutió en el Congreso. Esperamos que ahora que en la Comisión de Economía se va a volver a analizar el tema, seamos convocados porque tenemos la experiencia de haber construido un sector desde cero. Antes del 98, las exportaciones de cítricos no llegaban ni a las 1.000 toneladas y hoy estamos en más de 260.000. Es un logro gracias a que hubo un impulso o incentivo como la ley de promoción agraria.
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¿Cuál va a ser la principal propuesta que como Procitrus van a llevar a la Comisión de Economía?
Solo queremos ser tratados de manera igualitaria y no como lo que están haciendo hasta ahora que prácticamente están quebrando al agro. El artículo 88 de la Constitución dice que el Estado, y el Legislativo es parte del Estado, debe apoyar preferentemente a su agricultura y por eso se dio la ley de promoción en el 2000, que otorga los mismos beneficios laborales del régimen general (DL 728). Por eso vemos con mucha extrañeza que siguen mintiendo al decir que la ley de promoción agraria no tenía los mismos derechos laborales que el régimen general.
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Si en el papel, los derechos de los trabajadores eran similares, ¿por qué los trabajadores no lo sentían así?, ¿en dónde nació el malestar que impulsó las protestas y terminó con la derogación de la ley?
Eso se ha debido a la informalidad, al incumplimiento de algunas empresas formales y porque no ha habido una fiscalización por parte del Estado porque se sabía que las services habían proliferado cuando era ilegal y no sabemos porque el Estado no fue antes a cerrarlos. Entendemos la molestia de la gente, pero eso también es responsabilidad del Estado por no intervenir y, con toda razón, esa gente se manifiesta porque sienten que han abusado de ellos, pero han castigado la ley [de promoción agraria] y el problema no era la ley sino el incumplimiento de la ley. Y todos tenemos que cumplir las leyes laborales si queremos un Perú justo y moderno.
Si, como usted dice, hay empresas formales que no cumplen con la ley, ¿en Procitrus han identificado a algunas infractoras?
Los asociados de Procitrus tienen certificaciones en temas de ética y cumplimiento de derechos laborales porque de lo contrario no podrían exportar. Pero, el problema es que nosotros solo somos 10.000 de las 70.000 hectáreas que hay en el país, solo somos el 15% del área sembrada. Nosotros no tenemos la capacidad y tampoco es nuestro rol verificar quién cumple con la ley. Simplemente, el Estado no tiene capacidad para controlar todo el espectro.
En el caso de las services, detrás debe de haber una empresa que los contrate y por ley no puede hacerse para actividades principales, ¿entre sus asociados se ha dado el caso?
No, ninguno porque sabemos que las services están prohibidas en el agro y no podríamos certificar a las buenas prácticas agrícolas. Ese tema se ha focalizado principalmente en Ica. Nuestros mecanismos de autorregulación nos garantizan que en nuestro entorno se están cumpliendo las leyes.
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Tomando en cuenta que ustedes abogan por un trato igualitario, ¿cuál va a ser la principal propuesta que van a llevar al Congreso?
Tener los mismos derechos laborales del régimen general, como sucedía con la 27360, no ponernos más cargas. El DL 728 obliga a pagar los beneficios laborales en ciertos momentos del año, nuestra norma nos exceptuaba de eso y por eso [los trabajadores] tenían un pago mayor.
Pero los trabajadores no sentían ese beneficio y por eso el descontento, ¿mantener ese trato salarial no será contraproducente?
Todos tenemos los mismos derechos laborales y no pueden ser diferenciados. Posiblemente haya desconocimiento pero también hubo un aprovechamiento de gente que no ha buscado el bienestar del sector porque no es cierto que no se estaban pagando los derechos laborales. Si bien, había un salario mínimo, nosotros en promedio pagábamos mucho más porque los cultivos son diferenciados, hay especialidades según el producto y algunos ganan muy bien.
Hay desinformación y debilidad del Estado para informar que son los mismos derechos laborales. Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar en los próximos días. Lo que viene sucediendo en el Congreso es netamente político y hay una desinformación total de lo que pasa realmente en el campo.
Entonces, ¿cuál será su propuesta considerando que hay quienes hablan de la posibilidad de aplicar la negociación colectiva, tal como sucede en la construcción?
La realidad de la construcción es muy particular y no se puede aplicar a ningún otro sector. Discrepo que se pueda extrapolar al agro porque hay muchas especialidades y competimos no con el fundo del costado o del frente sino con la mandarina chilena, con la argentina, con la mexicana y con la australiana. Ellos son mis competidores y si pierdo competitividad, ellos ganan mis mercados.
¿Qué es lo peor que podría suceder?
El tema es muy sensible porque el cítrico no es un producto de alto valor como el arándano, por ejemplo. El cítrico es muy sensible y si encarecemos los costos de los trabajadores a través de leyes, nos sacan del mercado, no al 100% pero si a una proporción muy importante.
¿A cuántos?
Hemos calculado que entre 30 y 40% de las mandarinas o cítricos que hoy se exportan podrían perder competitividad y estar a pérdida, por lo que no se justificaría exportarlos. Se va a desincentivar la inversión, se les va a poner en modo supervivencia, el empresario se va a retraer y muchos pequeños y medianos agricultores no van a poder afrontar esos costos y van a pasar a la historia después de avanzar 20 años.
¿Dónde debería estar el principal cambio en el tema salarial?, ¿fijarlos mediante la productividad es el camino?
Por supuesto y es un tema que ya se da en el sector. Ya estamos acostumbrados a pagar bonos de productividad porque eso te hace competitivo, pero debe ser real y quien produzca más que pague más, nadie va a estar en contra de eso. Esa es la manera en cómo debe enfocarse el tema salarial. Antes eran otras mandarinas las que gobernaban en el mercado inglés, hoy son las peruanas. Eso es competitividad, productividad y capacitación.
En el impuesto a la renta (IR), tomando en cuenta que la ley proponía subirlo de manera escalonada y que el ministro Waldo Mendoza se ha manifestado en contra de los beneficios tributarios eternos, ¿están de acuerdo con el incremento paulatino?
Tenemos que ser muy consecuentes. La agricultura se hace fuera del ámbito en donde el Estados da servicios y es muy costoso hacer agricultura en el desierto, por eso debería tener algún tipo de beneficio tributario pero que retorne a las zonas de desarrollo. Coincidimos en que no pueden ser beneficios eternos, pero sí debe haber algún tipo de promoción del sector no solo para las nuevas tierras o ampliación de la frontera agrícola sino para reinversión en nuevas variedades o cambio de cultivos. La mayor cantidad de unidades productivas son de pequeños y medianos agricultores y tenemos que pensar en una ley para los pequeños y medianos agricultores que son los que atraen más mano de obra.
Entonces, ¿no está de acuerdo con pagar la misma tasa de IR a partir del 2028?
Estoy de acuerdo con que se establezca un sistema justo que piense en el mediano y pequeño agricultor y que se le otorgue beneficios a todo aquel que es nuevo o que reconvierte sus cultivos. Tenemos que ayudar a la agricultura y los que ya están consolidados deben ser tratados como todos.
¿Un IR diferenciado según el nivel de desarrollo de la agricultura es la solución?
Así es, pero pensando en el pequeño y mediano agricultor porque ellos son parte de las cadenas productivas y no podemos legislar en función de una realidad como Ica, que es donde se dan los problemas porque es una realidad diferente a Huacho, Huara o Cañete. Tenemos que pensar en todas las realidades y legislar de manera responsable e igualitaria.