‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó esta semana el dictamen que propone la Reforma del Sistema Previsional Peruano (SPP) que, entre otras cosas, busca establecer que los empleadores aporten el 4% de la pensión de sus trabajadores. En el mismo sentido, el Estado se encargaría de subsidiar el 1% del mismo. Actualmente todo el aporte proviene del empleado.
“En el caso del asegurado dependiente de los sectores público y privado, este aporta el 9% de su remuneración mensual, el empleador aporta el 4% de la remuneración mensual del trabajador; el Estado, el 1% de la remuneración mensual del trabajador. Estos porcentajes de aporte se aplican hasta el monto equivalente a cinco remuneraciones mínimas vitales vigentes”, señala la medida que aún debe ser debatida en el Pleno.
MIRA | Puertos en el Perú: ¿Qué concesiones podrían extender su operación por 30 años más con nueva ley?
Al respecto Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, aseguró que la norma representa en la práctica un impuesto a la planilla de trabajadores, lo que empujaría a las empresas a no realizar más contrataciones formales debido al aumento de costos.
“Un 4% del empleador es un impuesto a la planilla. Eso hace más rígido el mercado laboral y eleva la barrera de la formalización. Si tenemos un problema de cobertura previsional en el país, esto agranda el problema de cobertura porque va a disuadir que empleadores de menor tamaño paguen la carga del trabajador”, afirmó.
En el mismo sentido, David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Peruano de Competitividad, remarcó que el Perú ya tiene un costo de operación alto para las empresas y que esta medida solo elevaría el mismo.
“Actualmente el costo de operación que tiene toda empresa, especialmente las pequeñas, es elevadísimo. Aportando el 4% del salario lo que incentiva es a una mayor informalidad. [...] Según el Banco Interamericano de Desarrollo el costo de contratación en el Perú representa el 70% del salario del sueldo base que paga una empresa”, explicó.
LEE TAMBIÉN | CTS: Cinco millones de personas podrán retirar depósitos, pero doce millones no tendrán la opción
Por su parte, Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cuestionó que la propuesta se enfoque principalmente en regular a los trabajadores formales en lugar de generar incentivos para que aquellos que están fuera del sistema se afilien.
“Nuevamente el Congreso se equivoca. ¿A quiénes se están dirigiendo con esta ley? La respuesta es que si tenemos un país donde más del 70% de trabajadores son informales y no tienen ningún tipo de pensión, el Congreso solo está legislando sobre los restantes que sí tienen. El objetivo no debe ser hacer menos acequible entrar al sistema, sino incrementar la base”, manifestó.
Precisamente, el aumento de costos también desincentivaría a las empresas a renovar los contratos de sus trabajadores.
“De aprobarse la ley, afectaría a poco más del 20% de la población económicamente activa (PEA). Pero esa es la base. A futuro cuando las empresas medianas comenzarían a contratar informalmente, entonces ese porcentaje de la PEA puede ir disminuyendo”, agregó Tuesta.
Propuesta de la Comisión de Economía
A la par de la aprobación de esta medida, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso también está debatiendo el predictamen de la Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano. Según Castilla, las propuestas deberán ser homologadas eventualmente antes de ser elevadas ante el Pleno.
“Tiene que haber un texto que acumule ambos proyectos. La comisión principal aquí es la de la Comisión Economía. No creo que en el Pleno prospere la propuesta de la Comisión de Trabajo porque tiene elementos que no son oportunos”, dijo.
ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Petro-Perú ya no operará lotes petroleros: Gobierno vira hacia la inversión privada
En tanto, para Salazar Nishi los proyectos no solo deberían de homologarse, sino que lo ideal sería que sean debatidos previamente ante el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), es decir, en el organismo donde se sociabilizan las propuestas con intervenciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, representantes de los empleadores y de los sindicatos.
“Aquí lo racional sería juntar los proyectos y debatir el dictamen final. Pero antes de eso deberían de pasarlo por CNT donde están representadas las tres partes involucradas. Es la mejor forma para llegar a un acuerdo beneficioso para todos”, indicó.
