El 25 de octubre del 2021 se presentó el proyecto de ley 536, que modifica el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para que las tasas y montos fijos puedan modificarse por decreto legislativo en caso de delegación de facultades.
Según explicó Álvaro Gálvez, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el proyecto corrige una situación inconstitucional ya que nuestra Carta Magna establece que solo por ley o cuando exista delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo se pueden crear o modificar los tributos, dentro de los cuales se encuentra el ISC.
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“La CCL se ha manifestado con anterioridad a favor del proyecto. No está modificando ni los productos ni las tasas que se aplican, no está elevando ni reduciendo nada, simplemente está restableciendo una situación anómala”, mencionó en referencia a la facultad que actualmente tiene el MEF para modificar el ISC.
Desde el otro lado de la mesa, Carlos Oliva, exministro de Economía y presidente del Consejo Fiscal, consideró que este proyecto es una mala medida y que el MEF debe mantener la referida facultad.
Impacto
Ante el avance del proyecto en el Congreso, según el ministro de Economía, Kurt Burneo, se plantea retirarle al MEF la facultad de modificar tasas y/o montos fijos del ISC, y compromete ingresos para el 2023 por S/9.700 millones, advirtió en una columna en “La República”.
Sobre ello, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla apuntó que, si bien no es el principal rubro de recaudación, sí es importante porque existe una racionalidad para que sea el MEF el que calibre las tasas del ISC.
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“El Congreso tiene facultad exclusiva para cambiar tasas, crear nuevos impuestos, con todo menos con los selectivos porque su función no es la recaudación sino un cambio de comportamientos de consumos de bienes con externalidades negativas”, agregó.
Así, con el ISC, se busca desincentivar el consumo de, por ejemplo, las gasolinas más contaminantes, el tabaco o el alcohol. Por ambas consideraciones, la principal, relacionada a mitigar externalidades negativas, y por la relacionada a la recaudación, el análisis para tomar una decisión sobre el manejo del ISC debe ser inminentemente técnico, explicó Castilla.
No obstante, para Gálvez, el proyecto no tendrá ningún impacto en la recaudación. “No cambia ninguna tasa como para pensar que habría una reducción”, apuntó.
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Motivaciones
Según Castilla, la motivación del Congreso responde a quitarle un margen de discrecionalidad al Ejecutivo. Oliva coincide al señalar que, de aprobarse, esos impuestos podrían politizarse y cambiar en función de un tema político. “El Congreso es un foro político por naturaleza y las decisiones sobre el selectivo tienen que ser necesariamente técnicas. Se corre el riesgo de que se puedan hacer cambios importantes sin sustento técnico”, insistió.
Por el contrario, Gálvez explicó que en un momento, cuando se dio una delegación de facultades, el Ejecutivo modificó la ley y se delegó las facultades del ISC, “esta situación fue irregular y está siendo corregida”.