El 25 de setiembre pasado la congresista de Unidad y Diálogo Parlamentario, Katy Ugarte, presentó el proyecto de ley que elimina los micropagos. La iniciativa define a estos como todos los medios de pago que no requieren de una clave secreta u otro medio de identificación por parte de los usuarios al momento de efectuar una transacción.
De acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los micropagos siempre serán operaciones por “montos poco significativos”, cuya cifra máxima será determinada por la empresa o entidad bancaria de donde provenga el dinero. La SBS resalta que se exime del mecanismo de seguridad para facilitar y generar rapidez de pagos que se pueden realizar sin exponer a los usuarios a estafas. Dichos pagos, plantea, pueden ser la adquisición de bienes y servicios, como los pasajes de transporte público, o compras de bajo valor en establecimientos como grifos o farmacias.
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El proyecto de Ugarte, en cambio, busca eliminar esta función en todos los niveles, aduciendo en la exposición de motivos que se realizaría la prohibición para proteger a los usuarios de posibles estafas tras los robos de celulares y billeteras.
“Ante la comisión del hurto o robo, la primera reacción del ser humano víctima de estos delitos [...] es buscar un lugar seguro [...] y, posterior a ello, empezar a bloquear tarjetas y líneas móviles (celulares). Mientras ocurre eso, se pierden minutos valiosos en los cuales, se pueden realizar indebidamente consumos en distintos establecimientos, lo cual se facilita con el uso de los micropagos, al carecer de cualquier medio de autenticación exigible en los establecimientos comerciales o negocios afiliados”, señala la iniciativa.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento.
Incoherencias
Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, afirmó que la iniciativa significa un exceso de regulación y que las limitaciones de los micropagos deberían de ser propuestas y aplicadas únicamente por la SBS y los bancos.
“Cada banco establece el costo tope que pondrá a los micropagos. Si yo como banco veo que en la realidad han aumentado en este tipo de estafas a las que se refiere el proyecto, debería ver las seguridades adicionales que aplico. El Congreso no debe hacerlo, porque peca de exceso de regulación al retirar la posibilidad del micropago. Además, no creo que el grueso de las estafas sean en retiros de S/5 como para argumentar [que debe eliminarse el servicio]″, cuestionó.
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Asimismo, indicó que los micropagos son una tendencia mundial. Además, advirtió que retirarlos del mercado solo ampliaría el tiempo en que se realizan las transacciones de costo mínimo.
“No pedir la clave en este tipo de transferencias se hace en todo el mundo y genera fluidez en las operaciones bancarias. Ahora quieren que se pida el DNI para compras de S/2, o para comprar un caramelo en el grifo. Quieren que se firme la boleta por compras mínimas y se usen tres o cuatro minutos en esas transacciones cuando el mundo usa o su teléfono o la tarjeta para pagar al instante”, concluyó.
En tanto, Jorge Delgado, director de la Asociación de Microfinanzas, aseguró que en el 2021 una iniciativa similar ya tuvo opiniones contrarias de la SBS, el Ministerio de Economía y Finanzas e Indecopi. Dicho proyecto de ley, presentado por la entonces congresista Betssy Chávez y que hoy se encuentra archivado, buscaba que en todas las operaciones realizadas con tarjetas se exigiera la clave secreta y el dni.
“Ese proyecto de ley tuvo opinión negativa de la SBS, que afirmaba que los riesgos asociados ya habían sido cubiertos con la regulación actual [...] [Los micropagos] crean un entorno seguro en el que los usuarios pueden realizar sus transacciones de forma ágil, ya que los montos son acotados y se ha establecido la presunción de responsabilidad de la entidad financiera emisora en caso de rechazo o reclamo”, explicó.
