Proyecto de ley plantea suspender las deudas crediticias hasta por dos años: ¿Es viable?

El proyecto fue presentado el 5 de noviembre por la congresista Elizabeth Medina de Perú Libre. Además, se plantea que esta suspensión comprenda el capital, el interés compensatorio, el interés moratorio y otro tipo de penalidad, comisión o gasto.

A detalle, la propuesta señala que, de convertirse en ley, se podrán acoger a la medida los créditos de consumo y personales de hasta S/40.000, los hipotecarios para vivienda que no superen los S/350.000 y sean solo para la primera y única vivienda, y los créditos mypes de hasta S/80.000.

Esta iniciativa comprende los préstamos que se den por parte de las entidades bancarias, las financieras -incluyendo las financieras estatales-, las cajas municipales de ahorro y crédito, las cajas rurales de ahorro y crédito, las cajas municipales de crédito y popular, y las entidades de desarrollo para la pequeña y microempresa.

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Reprogramación

En octubre de 2020, el gobierno promulgó una norma que permitió la reprogramación de créditos de consumo, personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y mypes, comprendiendo una garantía del Estado en estas reprogramaciones.

El plazo para que las personas se acojan al llamado Programa de Garantías COVID-19 era de 70 días hábiles desde que se publicó el reglamento de la norma, el 17 de octubre. Posteriormente, se prorrogó en tres ocasiones la vigencia del programa, hasta el 31 de diciembre.

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En junio, la Banca de Desarrollo del Perú (Cofide) indicó que unas 78 mil personas reprogramaron sus deudas bajo el programa de garantías.

Adicionalmente, a mediados de marzo de 2020, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a las entidades del sistema financiero a realizar modificaciones en los contratos de créditos, con el fin de que los deudores cumplan con sus pagos.

De acuerdo a SBS, si para mayo de 2020 había un 61% de deudores reprogramados en créditos de consumo, para septiembre de 2021 el porcentaje alcanza a un 13%. La tendencia es similar en los micro y pequeños empresarios con deudas.

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“Se ve una tendencia sostenida a la baja”, indica Sandra Belaunde, gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos (Asbanc). “Si bien el objetivo del proyecto es apoyar a aquellas personas que tienen créditos que no pueden pagar -debido a la crisis económica desatada por la pandemia-, éste no logra dicho objetivo de una manera eficiente”, agrega.

Adicionalmente, Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), indicó que “actualmente la tasa de morosidad no se ha elevado significativamente”.

La morosidad bancaria en septiembre alcanzó un 3,73%, según la SBS, y el ratio de morosidad en créditos de consumo en todo el sistema financiero en marzo fue de 9,2%, indicó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“Actualmente la tasa de morosidad no se ha elevado significativamente, está dentro de lo previsible”, sostiene Jorge Delgado, presidente de ASOMIF.

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Viabilidad

El proyecto aún no debe ser debatido, consideró Delgado, dado que existen reprogramaciones en curso. Agregó que, una vez culminado ello, se deberá revisar la propuesta.

Por su parte, Belaunde de Asbanc indicó que la iniciativa legislativa es innecesaria, dado que beneficiaría a un grupo de la población que no necesitaría la suspensión de sus créditos, además de que busca modificar los contratos entre privados, lo que lo hace inconstitucional. Apuntó a que “los que necesitan [de este tipo de ayuda] ya están siendo atendidos por las instituciones financieras”.

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A su vez, Jorge Guillén, profesor asociado de Esan, sostuvo que la propuesta se presenta en un contexto tardío, ya que las personas se vienen recuperando económicamente. Añadió que una medida como la planteada por la bancada de Perú Libre conllevaría a una consecuencias funestas, como la quiebra de algún banco.

Más datos

Las prórrogas dadas por el Gobierno al Programa de Garantías COVID-19 se dieron a través de dos Decretos de Urgencia, ampliando la reprogramación hasta el 31 de marzo y luego hasta el 31 de agosto. La tercera extensión se dio mediante una ley promulgada en junio.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en septiembre se contrajo la producción de servicios financieros y seguros en un 1,55%, por menores créditos de consumo y un magro aumento de créditos corporativos e hipotecarios para vivienda. Además, los créditos de consumo disminuyeron 4,70%.

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