Un nuevo intento por una reforma previsional en el Perú se encuentra ya con dos textos aprobados en el Congreso. Si bien aún está pendiente conocer el planteamiento desde el Ejecutivo, las comisiones de Trabajo y de Economía aprobaron cada una sus dictamenes.
Se trata, además, de dos dictámenes que si bien coinciden en su intención de garantizar una pensión de jubilación a los ciudadanos, difieren en la organización y esquemas planteados para lograr dicho objetivo. En la siguiente nota, repasamos los detalles de cada uno de los proyectos.
Comisión de Trabajo
Fue el 26 de mayo que la Comisión de Trabajo, liderada por la congresista Sigrid Bazán, discutió y aprobó el dictamen en minoría -que agrupa 13 proyectos de ley- con 11 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Dicha propuesta se aprobó luego de que en marzo pasado fuera rechazado por mayoría, se solicitara una reevalución de la votación, se presentara un dictamen en minoría que contenía igual número de firmantes que el de dictamen rechazado. Ante ello, la Oficialía Mayor pidió determinar posiciones sobre los textos.
En este punto, cabe destacar que un grupo de parlamentarios ha presentado ante el presidente del Congreso un pedido para evaluar la votación que llevó al dictamen a su aprobación. Uno de los hechos que se cuestiona es que Oficialía Mayor había solicitado determinar las posiciones de mayoría y minoría, mas no una nueva votación.
“En ningún momento el Oficial Mayor le indica a la comisión que esta actúe de manera contra legem a una decisión adoptada con la dispensa del trámite de sanción del acta. Como segunda conclusión podemos afirmar que, (i) la asistencia técnica y asesoría procesal de la comisión respecto del dictamen en minoría habría buscado viciar el resultado adverso a la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y, (ii) el documento de la Oficialía Mayor en ningún momento autoriza a la comisión a volver a poner a la votación un dictamen con decisión cerrada y ejecutada”, sostiene la carta.
Al respecto, la comisión de Trabajo señaló en su momento a El Comercio que el dictamen en minoría aprobado fue presentado por el congresista Jaime Quito. “Cabe precisar que el nuevo dictamen siguió el trámite parlamentario correspondiente, por lo que fue remitido dentro del plazo a los miembros de la comisión para su revisión y votación informada”, sostuvo la comisión.
El dictamen propone la creación del Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP) en sustitución de los actuales sistemas existentes (privado, público y pensiones sociales). Dicho SIUP tendría al Ministerio de Trabajo como su ente rector.
El SIUP se sostiene en tres pilares: No Contributivo, Contributivo y Complementario. A lo largo de los tres pilares, se considera la contribución del trabajador, empleador y Estado.
El pilar No Contributivo Universal y se financia con recursos públicos incluídas las partidas presupuestales correspondientes a Pensión 65 y al Programa Contigo. Este garantiza una pensión mínima equivalente a una canasta básica de consumo.
El pilar Contributivo tiene un financiamiento tripartito a cargo de empleadores, trabajadores y Estado. Este tiene subpilares. En el caso del trabajador dependiente, se aporta el 9% de la remuneración mensual. El empleador aporta un 4% de la remuneración mensual y el Estado un 1%. Dichos porcentajes se aplican para aquellos que tienen salarios equivalentes a 5 Remuneraciones Mínimas Vitales.
En el caso del trabajador independiente, la contribución se distribuye en un 5% de salario a cargo del trabajador y otro 5% a cargo del Estado. Esto último, en caso que el independiente no tenga continuidad del servicio prestado. Caso contrario, el beneficiario del servicio proveído debe aportar un 5%. Se entiende por continuidad 6 meses continuos o discontinuos durante un año.
Para todos los no considerados en los subpilares anteriores, aplica una contribución del 5% que debe ser igualada por el Estado. Tienen derecho a la pensión al acreditar, por lo menos, 180 unidades de aporte mínimos. El dictamen explica que una unidad de aporte mínimo equivale al 10% de la RMV.
Finalmente, el pilar Complementario considera a quienes perciban ingresos que exceden las 5 RMV. Al excedente de dicho monto se le aplica una tasa de 9%.
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Para los tres casos, la recaudación de los aportes recae en la Sunat. En tanto, para la gestión de los mismos, se determina la creación del Gestor Autónomo Nacional de Pensiones. Esta entidad, adscrita al Ministerio de Trabajo, gestiona los pilares No Contributivo Universal y Contributivo. En tanto, el pilar Complementario cae bajo la gestión de gestores privados o públicos a elección del afiliado.
Comisión de Economía
La comisión de Economía se encargó de aprobar el segundo dictamen que hoy tiene el Congreso sobre reforma previsional. El 9 de junio, en una sesión extraordinaria, consiguió su aprobación con 14 votos a favor y 9 en contra. Así, la presidenta del referido grupo de trabajo, Rosangella Barbarán, dio paso a que esta propuesta -que recopila más de 20 proyectos de ley- esté lista para su debate en el Pleno del Parlamento.
Cabe destacar que esta comisión creó un grupo de trabajo para el estudio y planteamiento de una propuesta de reforma previsional, el mismo que lideró el congresista Jorge Montoya. Duranta la votación del pasado 9 de junio, Barbarán aseveró que el dictamen aprobado contiene planteamientos elaborados por el grupo de Montoya. No obstante, el informe final recién será presentado este miércoles, hecho que fue cuestionado por parlamentarios durante el debate.
En la sesión que dio paso a su aprobación, los parlamentarios plantearon a la congresista Barbarán una cuestión previa para conseguir una sesión conjunta entre las comisiones de Trabajo y Economía para debatir el texto. En dicha comisión, la congresista Bazán se mostró a favor de tal cuestión previa. No obstante, la congresista Barbarán rechazó la moción argumentando que Trabajo ya había dictaminado sobre la materia por lo cual no existe proyecto sobre el cual debatir.
A diferencia de la propuesta de Trabajo, el dictamen de Economía mantiene la existencia del sistema privado y público de pensiones en el país. Sin embargo, uniformiza las condiciones de ambos sistemas con la creación de Gestoras de Fondos de Pensiones (GFP). De este modo, se considera una GFP en el Sistema Privado de Pensiones a bancos, financieras, cajas, cooperativas, compañías de seguros y a las AFP. En el caso del Sistema Nacional de Pensiones, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es considerada una Gestora de Fondos de Pensiones.
Las Gestoras de Fondos de Pensiones deben crear Cuentas Individuales de Capitalización Acumulativa (CICA), las mismas que son similares a las Cuentas Individuales de Capitalización que crean las AFP. Además, las Gestoras de Fondos de Pensiones deben cumplir con tener estas cuentas separadas de su patrimonio propio.
Para el caso de la ONP, se determina la desaparición del esquema de reparto abriendo paso a un esquema de cuentas CICA. Para tal transformación, tiene un plazo de 2 años.
Entre otros puntos, el dictamen de Economía permite a los afiliados al SPP podrán disponer de hasta el 30% del fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios para pagar la cuota inicial para la compra de un primer inmueble urbano. También se le permitirá -por el mismo porcentaje- amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra de un primer inmueble urbano.
¿Y el Ejecutivo?
Con una comisión multisectorial creada el año pasado, el Ejecutivo también elabora su proyecto de ley para presentar ante el Congreso una propuesta de reforma previsional. Y si bien el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, ha asistido a ambas comisiones para dar cuenta de su posición frente a la reforma, hasta la fecha no ha cumplido con la entrega de su proyecto de ley.
Según lo señalado por el ministro de Economía, Alex Contreras, a El Comercio, el objetivo era entregar dicho proyecto antes de la quincena de este mes. Fecha que se cumple esta semana.
Cabe destacar que, en comunicación con este Diario, la comisión de Trabajo aseveró que el dictamen de Trabajo podría no llegar esta semana al Pleno del Congreso dado que existen proyectos de ley -que integran el referido dictamen- que también han sido dictaminados a otras comisiones del Congreso. Para que pueda proceder su discusión en el Pleno, los autores de dichos proyectos de ley deben pedir su exoneración. En el caso del dictamen de Trabajo, son 13 los proyectos de ley que conforman el texto. En el caso de Economía, se tratan de más de 20 proyectos de ley.