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El 21 de diciembre se publicó el decreto legislativo que crea el fideicomiso de titulización para el desarrollo del transporte y de la movilidad urbana en Lima y Callao. La medida permite que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) transfiera bienes o derechos en dominio fiduciario a una sociedad titulizadora de recursos líquidos para la constitución del fideicomiso.
El patrimonio del mismo estará formado por los pagos que efectúe la ATU; los ingresos provenientes de la recaudación de tarifas futuras cobradas a los usuarios de los servicios que se brindan a través de la infraestructura de transporte urbano; y otros recursos asignados a la ATU como donaciones y transferencias.
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Con ese dinero, el fideicomiso podrá emitir valores libremente transferibles, es decir bonos y otros instrumentos de corto y largo plazo, con el objetivo de obtener recursos financieros, así como efectuar pagos relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura.
El decreto establece que se pueden realizar proyectos de infraestructura a través de acuerdos Gobierno a Gobierno. Estos serán financiados con los recursos institucionales de la ATU y con los recursos captados por el fideicomiso.
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En julio pasado el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, confirmó a El Comercio la creación de dos fideicomisos para la construcción de infraestructura. El primero de ellos se centraría para financiar proyectos en la capital, incluyendo las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.
“Este fideicomiso [puede] financiar proyectos que en este momento no son financiables por el lado de la inversión pública, como la Línea 3, la Línea 4 y todo un paquete de infraestructura [...] La idea es que estos proyectos, al menos en la etapa inicial, se puedan ejecutar a través de modalidades rápidas como gobierno a gobierno, de forma que las obras puedan concretarse en un breve plazo. Eso se va a utilizar para Lima y para los proyectos nacionales que están en el Plan Nacional de Infraestructura”, dijo Contreras.
La ATU tiene un plazo de 120 días hábiles para la elaboración del reglamento interno del fideicomiso.
Reacciones
Según Giancarlo Villafranqui, socio de CMS Grau, la medida es positiva porque abre espacio para la construcción de proyectos a toda escala. Por otro lado, resaltó que es fundamental que en el reglamento se especifique la relación interna que habrá entre el fideicomiso y los contratos de los proyectos.
“Lo que no debe faltar es el mecanismo que regule la relación interna entre el fideicomiso y los contratos de los proyectos. El fideicomiso va a financiar los proyectos, pero debe de explicar cómo este se va a estructurar, también cómo se van a asociar los riesgos a los proyectos. Se debe ver cómo va a conversar la estructura del fideicomiso con las obras”, señaló.
También agregó que el fideicomiso no debe centrarse en financiar únicamente G2G, sino también considerar otros mecanismos.
“El objetivo primordial es cerrar la brecha de conectividad. No solo son los G2G, sino otros mecanismos, los que sean necesarios, porque el objetivo es el desarrollo”, dijo.
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En tanto, para Camilo Carrillo, associate partner de Infraestructura de EY Perú, el decreto abre las puertas para financiar la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro, así como otras obras más pequeñas. Sin embargo, advirtió que es poco probable que los bonos de la ATU generen interés en inversionistas si no se tienen proyectos maduros.
“La idea es buena, pero la pregunta es si hay certeza que los proyectos de Línea 3 o 4 se vayan a llevar a cabo en dos, tres, cinco años. ¿Qué inversionista va a comprar bonos si no tiene una fecha concreta de la obra? A día de hoy no es una medida ejecutable porque no hay certeza en el inicio de los contratos de las Líneas o de otras obras. No vemos en ATU una ampliación del Metropolitano o una nueva ruta de buses. Sin certeza no podrán titularizar los flujos”, explicó.
Asimismo, remarcó que la medida considera a la ATU como el principal garante de los inversionistas y no al Estado. Esto podría implicar menor interés del mercado, pues la entidad no contaría con tantos recursos como para garantizar que cubrirá el riesgo de los proyectos.
“En caso haya un riesgo de flujo futuro, si ponías al Estado como garante se solucionaba, con la ATU no. Por ejemplo, en Chavimochic III y Majes Siguas II los Gobiernos Regionales eran los que pagaban, pero el último garante era el Estado, por eso despertaron interés”, añadió.
