Comisión de Economía aprueba que aumento del sueldo mínimo se revise cada dos años: ¿la medida es viable técnicamente?

De ser aprobada, la norma otorgará la potestad al Ejecutivo para que fije el monto del sueldo mínimo a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El incremento sería determinado por un “estudio económico” que considere como indicadores a la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento económico, los índices de productividad, los niveles de oferta y demanda laboral, los costos laborales, los niveles de informalidad y la diferencia entre la RMV y la remuneración promedio.

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Antes de la actualización del monto se deberá contar “obligatoriamente” con un informe favorable del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la exposición de motivos de la norma, se implementarían la periodicidad y los indicadores técnicos “con el fin de equilibrar el bienestar de los trabajadores con esfuerzos de formalización y evitar su politización”.

Actualmente el sueldo mínimo asciende a S/1.025. Su último incremento se dio el 3 de abril del 2022 durante el Gobierno de Pedro Castillo. En ese entonces especialistas comentaron a este Diario que la decisión no se habría basado en criterios técnicos, sino en una búsqueda del Ejecutivo por recuperar popularidad.

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La anterior revisión de la RMV fue cuatro años atrás, el 21 de marzo del 2018, cuando se fijó en S/930 dos días antes de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. En tanto, durante la gestión de Ollanta Humala se dieron tres actualizaciones (S/675, S/750 y S/850) y en la de Alan García otras cuatro (S/530, S/550, S/580 y S/600). Cabe recordar que en el 2011 se dieron dos incrementos en febrero y en agosto.

Según especialistas consultados por El Comercio, el proyecto de ley es positivo en tanto da predictibilidad a las empresas sobre el momento en que se puede incrementar el sueldo mínimo y reduce la posibilidad de que sea utilizado con un trasfondo político. Además, coincidieron en que los criterios establecidos para el cálculo del mismo son pertinentes.

“Establecer la periodicidad de que se revise cada dos años no es lo más técnico, pero sí es positivo. Si no [la RMV] va a seguir siendo una herramienta política, ya se ha comprobado que a veces hay periodos de largo silencio de la RMV y luego se utiliza sin parámetros técnicos para fines políticos”, afirmó Alicia Jiménez, asociada principal del estudio PPU.

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Jiménez explica que la falta de tecnicismo está en que no se sustentan los motivos por los que la revisión debe darse específicamente cada dos años y porque en la práctica excluye al CNT como el órgano central para la regulación de la remuneración.

Para Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, el proyecto debería reenfocarse y no excluir de la figura central al CNT.

“Esto no debería ser impositivo, sino supletorio. Es decir, que el proyecto diga que si el CNT, conformado por sindicatos y empresas, no acuerda la actualización de la RMV cada dos años, solo en ese caso el Ejecutivo puede intervenir y decidir si aumentarla”, propuso.

Toyama advirtió que la norma no contempla que puede haber escenarios de alta inflación o de problemas sociales -como una nueva pandemia- que exijan un incremento del sueldo mínimo con mayor inmediatez que cada dos años.

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Por otro lado, de ser aprobado, el proyecto correría el riesgo de ser inaplicable, ya que exige que el CNT emita un informe favorable al monto fijado para la RMV. Sin embargo, la entidad lleva más de medio año sin sesionar.

“Si bien la norma tiene aspectos positivos, hoy su aplicación o legitimidad estaría comprometida porque la Confiep y otras organizaciones no participan en el CNT. Sin su participación no podría aprobarse lo establecido en la norma por no haber ‘quórum’ y eso haría que fuera inaplicable”, explicó Diego Castillo, socio del estudio Hernández y Cía.

Cabe recordar que el CNT no puede sesionar debido a que desde julio del 2022, los representantes del sector empresarial suspendieron su participación al considerar que el Gobierno de Pedro Castillo faltó al diálogo social en repetidas ocasiones. Esto se debió a que el Ejecutivo aprobó unilateralmente una serie de restricciones a la tercerización laboral y al fortalecer a los sindicatos con el nuevo reglamento de la ley de relaciones colectivas.