Día Internacional de los Derechos Humanos: Las batallas que se libran en la red

El año 2010 el ciudadano sirio Bassel Khartabil fundó la compañía Aiki Lab y estableció su oficina principal en Damasco. Bassel, un conocido ciberactivista, miembro de la comunidad mundial Open Internet, buscó que su compañía le ofrezca a los sirios “nuevos instrumentos para expresarse y comunicarse”, según explica una nota realizada por el diario The Guardian. Dos años después, el 2012, fue detenido por militares sirios sin mayor explicación. El 2017 su esposa recibió la confirmación de que Bassel había sido ejecutado en prisión el año 2015.

Meses depués un informe de la asociación Human Right Watch destacó que la detención del informático parecía “el resultado directo de su trabajo legítimo para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión”. Antes de ser apresado había colaborado con proyectos de código abierto como Mozilla Firefox o Wikipedia y era el delegado en Siria de Creative Commons. Según reportó el diario La Vanguardia, su compromiso a favor del un acceso a internet más fácil y libre en su país, preocupó al régimen de Damasco en un momento en el que las redes sociales estaban sirviendo a los activistas como plataforma para informar e instigar la revuelta contra el gobierno. La batalla por la defensa de los derechos humanos, hoy se juega también en la red.

¿Internet libre?

El sociólogo español Manuel Castells escribió en el texto “Internet, libertad y sociedad. Una perspectiva analítica” que Internet, como creación cultural, refleja los principios de sus inventores: “Los valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los emprendedores de la nueva economía, determinaron una arquitectura abierta y de difícil control”, explica. Mientras Internet y libertad se convirtieron para mucha gente en sinónimos, aquellas instituciones que habían detentado el poder con anterioridad vieron estos cambios con preocupación. En algunos casos, como el de Bassel, con hostilidad y violencia.

Algunos gobiernos apostaron por el control desde la incursión de la red en la sociedad. China, por ejemplo, promulgó en 1997 una ley que estableció que ninguna persona o institución podía utilizar Internet para crear o reproducir información que incitara a resistir o violar la Constitución o las leyes; derrocar al gobierno o el sistema socialista; o perjudicar la unificación nacional. La censura terminó de consolidarse el año 2010, cuando Google abandonó el territorio. Actualmente, China tiene sus propias redes sociales como WeChat y un buscador como Baidu, que es el segundo más usado en el mundo.

Según la organización Reporteros sin Fronteras en la lista de países enemigos de un Internet libre figuran una decena de territorios, entre los que destacan Corea del Norte, Irán, Pakistán, Siria, Egipto, Bielorrusia, Vietmán. Una segunda categoría la forman países que ejercen un alto control o vigilancia de las actividades de sus ciudadanos en la red como Corea del Sur, Turquía, Rusia, Tailandia y Venezuela. Muchos de estos países, a pesar de pertenecer a la ONU, han ignorado la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet (CDHPI) lanzada oficialmente el 2011, documento complementario a los 30 principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada, también por la Asamblea General de la ONU en 1948.

La CDHPI establece diez principios que todo país debe seguir para asegurar la aplicación de los Derechos Humanos en Internet. Por ejemplo, señala en el artículo ocho: Todo el mundo tendrá acceso universal y abierto a los contenidos de Internet, libre de priorizaciones discriminatorias, filtrado o control de tráfico por razones comerciales, políticas u otras. O en su artículo 3: Toda persona tiene igual derecho a acceder y utilizar Internet de forma segura y libre. La pandemia de la COVID-19, sin embargo, ha demostrado que esa máxima en nuestro país no se cumple. Según cifras del INEI, en el primer trimestre de este año, solo el 40,1% de los hogares del país tenía conexión a Internet. La Asociación de Usuarios de Internet en el Perú lo dijo al respecto a principios de 2020: en el Perú las cifras son muy similares con el promedio mundial, pero en términos duros para entenderlo, debemos decir, que es este año 10 millones de peruanos se quedaron sin acceso a Internet. Y, por lo tanto, a posibilidades de estudiar, trabajar o desarrollarse.

La red social

Pero no son los gobiernos autoritarios los únicos que amenazan la libertad y los derechos humanos en Internet. Con el crecimiento de la red se configuraron industrias que empezaron a sostener un nuevo tipo de poder basado en el intercambio de información en la red, como Google, Facebook o Amazon cuyo modelo de negocio ha sido cuestionado cada vez de forma más evidente, por poner en riesgo información sensible de las y los usuarios ya que —lo sabemos— el dinero llega a dichas empresas gracias al uso que hacen de nuestros datos personales.

¿Qué daño puede ocasionar que se sepan algunos de nuestros datos personales? La filósofa inglesa Carissa Véliz, autora del libro La privacidad es poder, dio la siguiente respuesta a esta pregunta en una entrevista con la BBC: “Los daños pueden ser individuales (que alguien te robe el número de tarjeta de crédito o que alguien te robe la identidad y vaya cometiendo crímenes en tu nombre), hasta daños colectivos (que hackeen nuestra democracia, como lo intentó Cambridge Analytica, mandando propaganda personalizada, incentivando a algunas personas a votar y desincentivando a otras, o mandado fake news para confundir a la población y generar desconfianza)”.

En noviembre de 2019 Amnistía Internacional lanzó un informe al respecto, titulado “Gigantes de la Vigilancia: cómo el modelo de negocio de Google y Facebook amenazan los derechos humanos” en el que señala: “el modelo de negocios basado en la vigilancia tiende inherentemente a aumentar de manera exponencial el poder y la magnitud de las plataformas, por lo que el abuso de la privacidad y de otros derechos también ha ayudado a concentrar el poder en manos de Google y Facebook. La extracción de más y más datos les ha permitido a las empresas ganar mayor control sobre las principales maneras en las que las personas interactúan con Internet, en una medida que probablemente no habría sido posible si las empresas hubiesen implementado un modelo con más respeto hacia la privacidad”.

Esta semana la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) ha dado un paso importante al respecto, al presentar una demanda contra Facebook, acusándolo de abusar de su monopolio en las redes sociales para anular a la competencia. La FTC está pidiendo a los tribunales que obliguen a Facebook a revender Instagram y WhatsApp. Según reporta la agencia de noticias AFP la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James ha dicho: “Utilizando los vastos recursos a su disposición en términos de datos y dinero, Facebook ha aplastado la competencia. Al hacerlo, reduce las opciones de los consumidores, sofoca la innovación y degrada la protección de la privacidad”.

Aunque la demanda se enfoca en un problema empresarial, el trasfondo tiene que ver con los derechos humanos. Lo dice la CDHPI en su artículo cinco: “Toda persona tiene derecho a la privacidad online. Esto incluye el no ser vigilado, el derecho a utilizar cifrado y el derecho al anonimato. Todo el mundo tiene derecho a la protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección, retención, transformación, eliminación y divulgación de sus datos personales”. Es decir: todo eso que, en los términos y condiciones, aparece en letras pequeñas.

Puede interesarle:

Un momento crucial, por Igor Garafulic

Día de los Derechos Humanos: ¿Por qué se celebra hoy 10 de octubre?

La protesta llegó al museo: la muestra “Generación bicentenario en marcha” se presenta en la explanada del LUM

VIDEO RELACIONADO