Integrantes del grupo de trabajo se reunieron este viernes en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso. (Foto: Lino Chipana / GEC)
Integrantes del grupo de trabajo se reunieron este viernes en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso. (Foto: Lino Chipana / GEC)

Los miembros del Congreso disuelto Rosa Bartra, y Mario Mantilla cuestionaron el , emitido por el Poder Ejecutivo, a través del cual se aprobó una serie de medidas para la realización de las . Este viernes, los también integrantes de la Comisión Permanente debatieron su proyecto de informe final, como parte del análisis de la citada norma.

Además de ellos, también conforman este grupo de trabajo revisor del decreto Indira Huilca y . Ambos, por otro lado, defendieron de cierto modo el dispositivo legal emitido por el Gobierno tras la disolución del Poder Legislativo. La sesión se extendió por casi dos horas.

Durante el debate, Rosa Bartra cuestionó que, a través del decreto publicado, se autorice “de forma amplia” a los organismos electorales a emitir “reglamentos, normas y demás disposiciones” para concretar el proceso electoral.

También criticó que se dé “carta libre” para realizar contrataciones que podrían “sobrepasar la capacidad del Estado de fiscalizar” presuntos actos de corrupción que se presenten.

“No es constitucional [lo que ha hecho el Ejecutivo], porque ha emitido el Decreto de Urgencia 002 bajo el contexto extensivo de sus facultades. Y está pretendiendo con este decreto otorgarle facultad legislativa al Jurado Nacional de Elecciones, cuando no la tiene”, sostuvo Bartra.

Por su lado, Gilbert Violeta consideró que “este decreto fue absolutamente innecesario” y que el presidente Martín Vizcarra estuvo mal asesorado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Entre otros, mencionó que ya con el decreto con el que se disolvió el Congreso y se realizó la convocatoria a elecciones, publicado el 30 de setiembre, los entes electorales podían activar sus mecanismos para realizar los comicios.

“Una competencia del JNE es reglamentar, no dar leyes. Insisto, este decreto era absolutamente innecesario y lo único que nos deja es un mal precedente porque al decirle a la Contraloría General de la República ‘haga usted control concurrente’, también en otra oportunidad podría decirle exonérese al proceso electoral del control”, indicó.

Violeta mostró una postura similar respecto a las contrataciones por parte de los organismos. “Mi oposición no es ni al proceso ni al tema de fondo, es sencillamente generar una observación para evitar un mal precedente: que a través de un decreto de urgencia se aplique o inaplique una ley orgánica”, expresó.

Durante una de sus intervenciones, Mantilla pidió que se precise en el informe que las normas que emita el JNE no pueden trasgredir leyes de mayor jerarquía.

“Estas normas que dé el JNE tienen que estar sometidas a la Constitución, a lo que dice la ley orgánica. En ningún caso estas normas pueden ser contrarias”, precisó.

De otro lado, Gino Costa remarcó que el proceso electoral en curso es extraordinario, y “lo que hay es un esfuerzo de sentido común para llenar a un vacío” en las normas vigentes. Esto con el fin de poder cumplir con los plazos para que se desarrollen las elecciones el 26 de enero del 2020.

“Espero que las objeciones a esta disposición no sean un intento de abrir la puerta para que las elecciones no se puedan convocar en cuatro meses y entonces se pueda reestablecer el Congreso disuelto”, manifestó.

Luego de recoger todas las posturas, Violeta indicó que el lunes 18 volverán a sesionar y se someterá a discusión un nuevo informe.

En el documento que se puso a discusión este viernes -que no se llegó a someter a votación- se recomienda que el próximo Parlamento “debería regular las situaciones fácticas y jurídicas originadas por la disolución constitucional del Congreso"; así como debería delimitar “adecuadamente la función de la Comisión Permanente” en este interregno.

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