Las fuerzas policiales a las afueras del Congreso de la República horas después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara, un 30 de septiembre, su cierre. (Foto: Andina/ Juan Pablo Azabache)
Las fuerzas policiales a las afueras del Congreso de la República horas después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara, un 30 de septiembre, su cierre. (Foto: Andina/ Juan Pablo Azabache)
/ JUAN PABLO AZABACHE
Fernando Vivas

El , cuyo invisible jefe, , no esperaba que le diera tanto trajín (referéndum y, ahora, esto) llama oficialmente al trance que vivimos, ‘’. Son extraordinarias y no definitorias, pues no definirán ni el período de gobierno ni sus reglas. Es más, ni siquiera aplicará la valla del 5% para eliminar partidos. Tampoco se ha aplicado la reciente reforma constitucional sobre la no reelección.

O sea, estos comicios no servirán para descartar nada. No equivalen a una primera vuelta; sino, en todo caso, a una media vuelta. Si algo se podría descartar, eso sí, es que alguien obtenga una mayoría absoluta como la que tuvo Fuerza Popular en el 2016. Hasta donde los últimos sondeos publicados nos permiten decir, nadie abarcará tanto.

—¿Tienes planes?—

Tras el lunes 30 de setiembre, Vizcarra no tenía un plan específico para el interregno. No es un juicio de valor, lo confirmamos con fuentes palaciegas. El cierre del Congreso no era un fin que el presidente persiguiera denodadamente; era un ‘escenario’ condicionado a que el Congreso no se alineara con su propuesta de adelanto de elecciones y a las negociaciones que llevaba el primer ministro Salvador del Solar con Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular.

Las negociaciones fueron saboteadas por la línea radical de FP y por algunos parlamentarios, incluyendo al propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, contagiado de ese radicalismo opositor. El jueves 26 de setiembre, la Comisión de Constitución archivó el proyecto de adelanto de elecciones y el Gobierno, delatando que no había calculado esa precisa ocurrencia, demoró un día en fabricar una cuestión de confianza. Pero escogió un tema certero: la transparencia en la elección de miembros del Tribunal Constitucional.

El 30-S confluyeron dos ‘deadlines’ y dos ultimátums: el del Gobierno al Congreso decidido a llevar a cabo esa elección dentro de sus fueros; y el del Congreso al TC que lo había acotado en varios fallos, advirtiéndole que seis de sus siete miembros podían ser cambiados al tener mandato vencido. Al producirse la elección de uno de los magistrados, Vizcarra se vio en el dilema de cerrar o no el Parlamento. Sabemos, por distintos testimonios, que el Congreso no estaba seguro de que Vizcarra los disolvería. Sabemos, también, que Del Solar y algunos ministros, en un primer momento, manifestaron su desacuerdo.

Consumado el cierre, ambos bandos demoraron en tener metas claras para el 26 de enero, fecha establecida por el JNE para la justa. Vizcarra tuvo un temor inmediato: que el TC resolviera rápido, y a favor del Congreso, una demanda competencial presentada por Olaechea. Palacio tuvo una tosca reacción: la procuraduría de la PCM denunció a Olaechea por usurpación.

El TC fue salomónico: admitió la demanda pero se tomó tiempo para analizarla.(Finalmente, por un voto de diferencia, declaró la demanda infundada el 14 de enero. Cada día que pasaba había legitimado al interregno haciendo inviable volver todo a fojas cero).

El otro temor vizcarrista era el de un eventual desaire de los partidos opositores, negándose a postular. Pero ese nubarrón también se disipó rápidamente cuando los fujimoristas, tras un pequeño titubeo, decidieron participar para no perder presencia en el principal foro nacional. Otros razonaron igual.

La ausencia del riesgo de valla, la existencia de partidos sin representación (Partido Morado, Somos Perú, PPC) y de nuevas promociones de militantes que querían renovar sus bancadas disueltas (en especial Acción Popular, donde las bases tomaron las riendas; pero también APP y FP, presionando a sus líderes) han legitimado y animado las elecciones, permitiendo que Vizcarra respire.

No solo respiró, se tomó algunas discutibles licencias. Sin grita congresal,empezó por reforzar su ‘círculo moqueguano’, llamando a Edmer Trujillo de vuelta al MTC y evitando cambiar ministros, salvo a un descuadrado Francesco Petrozzi. En el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), suma de 52 proyectos prioritarios, más de la mitad de la inversión proyectada corresponde al MTC; de ahí la importancia de Trujillo en el plan vizcarrista.

Cuando en su primera entrevista con El Comercio tras el 30-S Vizcarra dijo que presentaría un plan de trabajo, se entendió que carecía de uno. Pero quiso decir –según fuentes palaciegas– que, a falta de Congreso que diera el voto de investidura al Gabinete Zeballos, iba a presentar su plan a las autoridades. En efecto, un mes después de la disolución, sin bombos ni platillos, presentó su ‘plan de trabajo’ en Palacio, ante un grupo de gobernadores, alcaldes y autoridades de gobierno.

Los más de 40 decretos de urgencia promulgados sin interferencia congresal dan una idea de las prioridades vizcarristas: varios se dirigen a liberar de interferencias los 52 proyectos y a extender la cobertura de salud que, dentro del paquete, es lo más cercano a la ‘narrativa’ social que muchos reclaman al gobierno central.

El fujimorismo fue marcado por el 30-S de dos formas. Perdió el Congreso y empezó una depuración de su ala radical. La desafección de Rosa Bartra no fue casual. Fue resultado directo de no remar en la misma dirección que el secretario general y provocar la disolución. Se apartó de FP y fue llamada por Rafael López Aliaga, a cargo de Solidaridad Nacional, para encabezar la lista más conservadora y amarilla de todas. Mientras Vizcarra, los fujimoristas, acciopopulistas, apepistas y demás reciben el verano en relativa paz,los polos amarillo y morado aportan matices a la renovada gran confrontación.

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