La situación del Partido Nacionalista tras el pedido de disolución hecho por la fiscalía

Aunque la situación penal del Partido Nacionalista se ha complicado, todavía está habilitado para participar en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en enero del 2020. El fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado su disolución, pero esta figura recién podría aplicarse al terminar el juicio que también se le sigue a Ollanta Humala y Nadine Heredia —entre otros— por presuntos aportes ilícitos del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales del 2006 y el 2011.

-Partido Nacionalista: todavía no lo afecta-

“Siempre va a existir el riesgo de que, en caso este partido subsista, se pueda lavar activos”. Con esas palabras el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, sustentó su pedido de disolución del Partido Nacionalista. La organización ya forma parte del proceso por lavado de activos que se sigue a sus líderes.

Sin embargo, se trata de una medida que solo se aplicaría si al final de todo el proceso se determina responsabilidad penal por parte de la organización política.

“El pedido [de Juárez] es una pretensión fiscal, como lo es cuando pide un determinado número de años de prisión para una persona natural. Una disolución se pueden equiparar a una pena efectiva para una persona: se le da al final del proceso penal”, dice la abogada penalista Vanessa Valverde.

Prueba de ello es que el requerimiento de Juárez se dio como durante el control de acusación a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, cuya siguiente audiencia ha sido programada para el 13 de noviembre.

“Lo que se ha discutido es la acusación. Es decir, se trata de un pedido cuyas consecuencias se verían de acuerdo a lo que se determine en el juicio”, explica el también penalista Carlos Caro. La acusación ha sido devuelta al fiscal para que este precise aspectos formales.

Esto significa que la solicitud de disolución no tiene ningún efecto inmediato sobre la participación del Partido Nacionalista en las elecciones parlamentarias del próximo año ni en las generales del 2021. Una fuente vinculada al proceso comentó a El Comercio que la etapa de juicio oral —al ritmo que va el proceso— debería empezar recién a comienzo del próximo año.

Para Valverde, un pedido de disolución como el que se ha hecho para el Partido Nacionalista es delicado, porque afectaría a todos los involucrados en la organización política. “Hay gente que pertenece o ha aportado a un partido político porque cree en el proyecto. Una cosa es que el representante de una empresa esté involucrado y otra que toda la empresa sea parte de un delito”, dice Valverde.

Pese a que no será disuelto, el partido sí parte con desventaja respecto al resto de agrupaciones de cara al próximo proceso electoral. Esto porque, como medida cautelar, sus cuentas fueron congeladas. “Somos el único partido político impedido de utilizar sus cuentas para actividades políticas y electorales", señaló Humala en su cuenta de Twitter el lunes.

“Pedido de disolución del Partido Nacionalista y decomiso de sus cuentas vulnera derecho fundamental a la participación política de más de 230 mil militantes a nivel nacional”, agregó el expresidente.

Caro, sin embargo, señala que la disolución como pena para personas jurídicas ha sido estipulada sin importar el tipo de organización —incluidos los partidos—, por lo que este argumento no tendría asidero.

El exministro de Defensa del gobierno de Humala, Alberto Otárola, pidió que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie sobre la solicitud de disolución y cuestionó las facultades del fiscal para impedir el desempeño político del Partido Nacionalista.

“[El JNE] es el único ente competente para hacerlo”, afirmó.

-El caso de Fuerza Popular-

El caso de Fuerza Popular es distinto. La fiscalía recién ha solicitado incluir al partido como persona jurídica en el proceso que se le sigue a sus principales figuras por el presunto delito de lavado de activos. El 7 de noviembre el juez Víctor Zúñiga deberá determinar si aprueba este pedido, bajo el argumento de que la organización ha sido utilizada para fines ilícitos.

En caso la organización sea incorporada al proceso, podrá ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, la inclusión implicaría que también se le pueden dictar medidas preventivas, explica Valverde. Entre ellas, el congelamiento de cuentas (como ya se le hizo al Partido Nacionalista) o el embargo de inmuebles. También, explica Caro, se podría pedir su suspensión temporal por dos años y medio como medida anticipada, según el artículo 313 del Código Procesal Penal.