El integrante del Congreso disuelto Miguel Torres (Fuerza Popular) aseguró que sus colegas de bancada Lourdes Alcorta, Luz Salgado, Luis Galarreta decidieron, como él, no ser parte de la lista de candidatos al Parlamento de la agrupación naranja para las elecciones del 2020.
Indicó que ello ocurre porque consideran que “debe haber un espacio para nuevos rostros”. Se mostró satisfecho, en esa línea, con el trabajo parlamentario realizado los tres años y medio que durará su labor legislativa.
"Congresistas como Lourdes Alcorta, como Luz Salgado, como Lucho Galarreta, como yo, hemos decidido no participar porque consideramos que debe haber un espacio para nuevos rostros, para nuevas ideas, y nos vamos satisfechos con lo que se ha podido avanzar", sostuvo en diálogo con la prensa.
Torres dijo respetar la decisión de "aquellos políticos que, con su experiencia, consideran que es importante volver a presentarse al Parlamento".
En otro momento, el también miembro accesitario de la Comisión Permanente señaló que el Poder Ejecutivo debe responder las misivas enviadas por los miembros de este grupo de trabajo.
Aseveró, en ese sentido, que se sentiría “muy sorprendido” en caso el Gobierno no responda sobre la forma cómo devolverá el importe de S/524 millones que le retuvo a la empresa Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.
"Me llamaría muchísimo la atención que eso suceda [que no respondan]. Si lo que vamos a preguntar es la forma en la que se va a llevar a cabo este pago respecto a Odebrecht, yo creo que por un tema de transparencia, el Ejecutivo va a colaborar y va a entregar toda la información", manifestó.
"Me imagino que lo que va a suceder es que se va a elaborar un documento y ese documento lo suscribiremos varios de los congresistas de la Comisión Permanente", detalló.
Como se recuerda, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho a través de una resolución emitida el pasado 28 de octubre, ordenó que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht deberá ejecutarse en los términos en los que fue aprobada en junio último y con los beneficios que se dispuso otorgarle a la constructora.
De esta manera, el Estado debe reembolsar los S/524 millones que le retuvo a la empresa brasileña por la venta de la hidroeléctrica Chaglla