APP, el partido de insuficientes filtros para sus candidatos

Alianza para el Progreso (APP) vuelve a trastabillar por sus insuficientes filtros para enlistar candidatos al Congreso. Ocurrió en las elecciones generales del 2016 y en las congresales extraordinarias del 2020. Una investigación de El Comercio mostró que este patrón se repite con la postulación de Yeny Solidad Quispe Quiquijana, candidata de APP que fue detenida hace un año por transportar casi 12 kilos de cocaína. ¿Se trata de filtros blandos, exceso de confianza o conveniente desconocimiento?

El congresista César Combina, vocero de la bancada de APP, dijo a El Comercio que Quispe Quiquijana había firmado incluso declaraciones juradas de no tener ningún problema judicial. “Ha pasado todos los filtros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Ventanilla Única, lo que tenemos como partido para filtrar”. Sin embargo, luego de la publicación de este Diario y sus propias corroboraciones, concluyeron que la candidata mintió al partido y la dirigencia.

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APP, sin embargo, ha variado de posición entre la publicación de la investigación y la tarde del sábado. La primera versión, brindada por el excongresista Richard Acuña, fue que “la ‘burrier’ está detenida, nuestra candidata está en trabajo político. Una ‘burrier’ se hizo pasar por nuestra candidata”. Además, la versión que había dado Yeny Quispe es que se trataba de un caso de homonimia.

Luego, en un comunicado publicado por el partido la mañana del sábado, la candidata había manifestado a APP que su caso se trataba de una suplantación de identidad, pero pidieron a Quispe Quiquijana que renuncie a su postulación al Congreso.

Sin embargo, durante la tarde, tras una reunión partidaria, APP confirmó que no se trató de un caso de homonimia. Por ello, la decisión fue diferente: solicitarán al Jurado Electoral Especial de Puno el retiro de Quispe de la lista, pues encontraron jurisprudencia que los respalda porque “no es un retiro arbitrario”.

“Nosotros también hemos podido confirmar por otras fuentes, tanto de la Policía Nacional como el Ministerio Público, que la información [de El Comercio] es cierta”, dijo Combina.

“En el caso de Puno, hubo una confianza en la palabra de la señora”, añadió el legislador, e indicó que aunque han implementado filtros locales, regionales e institucionales, en este caso no fue posible “detectar esta mentira”.

Combina, al ser consultado sobre si los filtros que existen han sido insuficientes, respondió que sí. “Lo mejor sería que cada candidato vaya con una declaración en donde se somete a todo el levantamiento de información que el JNE pueda obtener. En el caso específico de los procesos, necesitamos que la fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional participen en el sistema interconectado”, sugirió.

El pasado 8 de enero, en una entrevista con este Diario, Combina dijo que APP había fortalecido “muchos filtros internos” para lo que venía en este nuevo proceso electoral. Relató también que desde la personería legal del partido se había tomado en cuenta “la mayor cantidad de filtros posibles”.

Opiniones de otros candidatos de APP

Uno de los candidatos de APP en pronunciarse sobre este caso fue Daniel Abugattás, quien dijo a El Comercio que “hay una incomodidad manifiesta” en el partido por el caso Quispe Quiquijana. “¿Dónde estaba esa información? […] Aparentemente ha podido burlar los controles del partido”, añadió. Comentó también que, personalmente, tenía descontento por esta situación. “Quiero pensar que hay un malentendido. Según el informe, aparentemente es contundente”, agregó.

Abugattás consideró que los mecanismos deben ser otros, pues se aprecia que “todo el sistema está mal diseñado”. Este, dijo, responde a “perpetuar una clase política y lo que viene permitiendo que personajes ‘del mal’ estén permanentemente presentándose”.

Por su parte, Roberto Chiabra, también candidato de APP, dijo la tarde del sábado -en contraste a lo expresado por Abugattás- que no había un “descontento”, sino un pedido de aclaración. “El descontento sería si conociendo hubiesen aceptado su postulación y eso no es. La aclaración ya la dieron”, comentó.

Asimismo, mencionó que si los casos no fueron detectados por la Ventanilla Única, entonces “el partido no tendría responsabilidad”. Pero agregó que la situación negativa de todas formas afecta de manera colectiva a la agrupación política.

Un relato que se repite

En enero del 2016, Acuña fue cuestionado por la presencia de los entonces candidatos Benicio Ríos y Edwin Donayre. Ríos ya tenía un proceso judicial por colusión agravada; y Donayre, un juicio oral por indebida apropiación y desvío de combustible, en el caso conocido como ‘gasolinazo’. La información había sido consignada en sus hojas de vida.

Aunque Acuña anunció en esa campaña una investigación y deslizó la posibilidad de separarlos, finalmente resultaron elegidos. Años después, ya en el Congreso, Donayre y Ríos fueron sentenciados a cárcel efectiva. Ambos estuvieron prófugos de la justicia.

La misma situación ocurrió con el exministro César Villanueva, quien había sido invitado por APP para ser parte del Congreso. Una vez en el Parlamento, en agosto del 2019, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró que la constructora había hecho pagos al también exgobernador regional de San Martín por la adjudicación de la carretera San José de Sisa en el 2008. Villanueva cumple actualmente arresto domiciliario.

En el 2020, la situación no fue distinta. El congresista Humberto Acuña, hermano de César Acuña, fue sentenciado en segunda instancia por el delito de cohecho pasivo genérico. Aunque se dictó también su inhabilitación por tres años, esta aún no ha sido aplicada desde setiembre del 2020 -cuando la sentencia fue confirmada- y se han presentado dilaciones.

Definir la aplicación de la inhabilitación sigue siendo un asunto pendiente en el Congreso. Durante el último Consejo Directivo, se informó que tomaron conocimiento sobre la resolución emitida, a mediados de diciembre, por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque sobre el caso Acuña Peralta.

Por tanto, iban a solicitar se informe al Congreso sobre este documento, por lo que hasta entonces se ha suspendido una decisión relacionada al futuro de Humberto Acuña en el Parlamento.

La resolución número 29 de la Corte Superior de Lambayeque, de fecha 17 de diciembre del 2020, indica que debido a que Acuña presentó un recurso de casación a la Sala Superior de Lambayeque, y este fue admitido a trámite el 21 de setiembre del 2020, “no habiendo quedado firme aún dicha condena, y como tal aún no tiene la condición de cosa juzgada [...] resérvese la ejecución de la condena impuesta”.

El también exgobernador regional de Lambayeque fue imputado por haber actuado en complicidad con el abogado Elver Díaz Bravo para ofrecer dinero ilícito al policía Joel Ugaz Cubas para elaborar una declaración con preguntas y respuestas de Acuña Peralta, como si hubiese acudido a declarar.

Jorge Carnero, procurador anticorrupción de Lambayeque, dijo en setiembre del 2020 a este Diario que el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. “La inhabilitación corresponde a las entidades correspondientes como parte de la sentencia expedida”, indicó.

El 1 de setiembre, el Poder Judicial envió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un oficio con la resolución de la condena impuesta a Humberto Acuña Peralta para que se proceda. El 9 de setiembre, este organismo electoral envió al Congreso el oficio del Poder Judicial que da cuenta de la condena ratificada.

A inicios de este año, el legislador Moisés González, quien entró al Congreso con APP pero luego renunció a la bancada en setiembre del 2020, fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de colusión cuando fue alcalde de Querocotillo (Cajamarca).

En un adelanto del fallo del Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, se añade la inhabilitación de González por cuatro años para ejercer cargos públicos.

Finalmente, Radio Cutivalú de Piura informó esta semana que el candidato de APP por esta región, César Reyes, tendría denuncias por presuntos delitos de corrupción y una investigación preliminar por lavado de activos.

César Acuña, en entrevista con el citado medio, respondió que “son denuncias preliminares, ya la Fiscalía hará el seguimiento para ver si tiene validez”.

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