Jonathan Castro

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Pertenece a la primera generación de profesionales de una familia de agricultores migrantes que se asentó en la hacienda Huando, en Huaral. Hace 20 años, fue uno de los fundadores del Partido Humanista, hoy eje central de Juntos por el Perú (JP), que postula a . Roberto Sánchez aspira ahora a llegar al Congreso, y ha apelado una resolución en la que declararon improcedente su candidatura.

—¿Con qué partidos están dispuestos a dialogar? Vemos en las redes sociales ataques constantes entre los afiliados a JP con los del Partido Morado, y antes con los del Frente Amplio, agrupaciones con las que podrían tener afinidades.

No hay que perder de vista el bosque. Hay un sector de mafia, corrupción, nefasto en el país, y hay muchas fuerzas políticas que están en ese camino. Nosotros debemos conversar con todas las fuerzas políticas; discrepar las ideas, pero, como decía Barrantes, “busquemos a los honestos, a la gente consecuente”. Eso significa ser revolucionario en esta época. Si eso es con fuerzas liberales, democráticas más allá de la izquierda, debemos tener la capacidad de poner al país por encima de nuestras diferencias ideológicas.

—Usted ha retuiteado un comentario contra una candidata de los morados. ¿Hay una tentación de caer en ese enfrentamiento?

Han estado ocurriendo algunas disputas particulares. Yo, más bien, creo que hay que acentuar los temas fundamentales. Estamos seguros de que vamos a alinear todos los perfiles diversos en nuestras listas para mantener el discurso principal.

—Uds quieren cambiar la Constitución. ¿Cuál es el rol que quieren que el Estado asuma en la economía?

Nosotros queremos un Estado que no nos mire de costado, que nos defienda, que no diga que las personas somos lo principal y luego el Estado nos mantiene en indefensión ante la pandemia, ante condiciones precarias del trabajo. Queremos que un Estado no solo mire cómo el mercado se mueve con su mano invisible. Hemos visto que aquí no hay mano invisible, ha habido manos privilegiadas con muy mala intención de querer cosechar sobre derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, el empleo. Aspiramos a un Estado promotor de inversiones, regulador, que articule la inversión pública. No queremos un Estado con vocación totalitaria. Queremos un Estado soberano que pueda defender sus recursos como corresponde.

—No más un rol subsidiario, sino que el Estado intervenga.

Creemos que el Estado puede intervenir de una manera estratégica mucho más que hoy solo ser un subsidiario. Por ejemplo, en el mundo de la producción, el Estado debe y puede priorizar la agricultura, la pesca, las microempresas, con fondos de financiamiento, bancas de fomento, no solo ser un articulador.

—En la encuesta de Datum, cuando se le pregunta a la población por qué quieren el cambio de la Constitución, dicen que es para endurecer las penas a los corruptos (31%), por no tener la Constitución de Fujimori (25%), para darles mayores castigos a delincuentes (20%) y solo el 12% para permitir una mayor intervención del Estado en la economía. ¿Eso no les dice algo sobre la mirada que tienen del reclamo ciudadano?

Creo que son puntos de vista válidos. Si todo el país tuviera acceso a discriminar la cantidad de miles de millones de dólares en materia de exoneraciones... es una cosa escandalosa. Imaginémonos qué hubiera producido esos US$ 30 mil millones de dólares que no se ha pagado por exoneración en la calidad de vida de la gente. Creo que hay mucho pan por rebanar. El proceso constituyente no es unilateral, le estamos planteando al país la necesidad de esa discusión.

Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, ha impulsado un bloque de promesas: segunda reforma agraria y nueva Constitución. (Foto: Melissa Valdivia)
Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, ha impulsado un bloque de promesas: segunda reforma agraria y nueva Constitución. (Foto: Melissa Valdivia)

—¿Quieren que haya un Congreso y en paralelo una Asamblea Constituyente, o solo un Congreso Constituyente, que cumpla la función de hacer una nueva Constitución y legislar?

El procedimiento puede discutirse en sus canales. Lo fundamental, como hecho político, es que estamos planteando que este abril se pueda incluir una segunda urna de modo que los ciudadanos también puedan opinar sobre la necesidad de nuevas reglas entre la economía, el Estado y la sociedad, una Asamblea Constituyente. Entendemos que no es de acá a julio, eso tiene que ordenarse de manera adecuada. Ese proceso no podría ser un factor de desgobierno, sino de funciones claras y establecidas que nos permitan disponer de un nuevo contrato social.

—¿No es peligroso hacer una Asamblea Constituyente que salga de partidos sumamente debilitados?

Es un momento de muchas crisis, la crisis política es también crisis económica, moral y sanitaria, del régimen. Pero no lo podemos evitar. Cuando hay situaciones de esta naturaleza hay que tomar decisiones de carácter excepcional. Con todas sus dificultades, lo peor va a ser continuar como estamos. Por eso, la responsabilidad nos obliga a que esto no sea solo entre partidos políticos. Necesitamos entonces converger con otros espacios del país.

—¿Con cuáles?

Los gremios diversos de la acción social, sindical, laboral, los grupos corporativos desde el mundo empresarial, las fuerzas de las regionales. Ese mecanismo se puede hacer no solo activando el Acuerdo Nacional u otros foros importantes que pueden contribuir de manera fehaciente.

¿Por qué los asambleístas elegidos serían mejores que los actuales o los anteriores congresistas?

Creemos que la reforma política se ha relativizado, solo ha logrado importantes cambios como la alternancia y paridad. Son mañas, no son cambios de verdad. Creo que es absolutamente legítimo que esos asambleístas de una constituyente tengan parámetros altos en el tema ético, trayectoria para poder tomar decisiones vinculantes alrededor de nuevas normas de cómo se va a conducir la vida económica y social del país. Pero eso también puede ser en el camino. Lo fundamental es el convencimiento que tal como están las cosas no podemos seguir de ninguna manera.

—¿No teme que no se pongan de acuerdo y terminen entrampados por mucho tiempo, como ha pasado en todos los debates importantes en los últimos tiempos en el Congreso?

Creo que es el momento, como en una guerra, de que los estamentos de la sociedad cumplan su rol. Lo peor que puede pasar es dejar que sigamos en este estado de cosas. Podemos ponernos de acuerdo y dejar los temas secundarios, para anteponer un régimen de respeto, de condiciones y progreso, de inversión, de equidad, del imperio de la justicia.

—¿En qué consiste, en concreto, la segunda reforma agraria: mejorar las condiciones de vida del campesino o revisar la concentración de la propiedad de las tierras?

Cuando hablamos de una segunda reforma agraria estamos pensando en todo el sector del agro, y eso es la agroexportación, los grandes proyectos de inversión vinculados al agua y las tierras, la familiar, la producción pecuaria. Estamos hablando de fortalecer la agricultura y agregarle inversión de verdad, banca de fomento, no este Agrobanco que no sirve para nada; ampliar, con fuerza, el manejo inteligente del recurso hídrico. No solo tecnología e innovación, sino la capacidad de planificar en función del mercado. Eso significa repensar la propiedad de la tierra, el límite de la concentración de la propiedad. ¿Quién en su sano juicio quisiera volver al latifundio?

—¿Cómo pretenden incrementar el ingreso medio agrario hasta en 30% como dice su plan de gobierno?

La titulación es un tema complejo, pero es un tema que debe hacerse porque significará la capitalización de los recursos, acceso a créditos. Pero no solamente en el predio, también tiene la chacra, y un recurso que no forma parte de una manera inteligente en la gestión de la agricultura que es el agua. Un programa nacional de manejo de recurso hídrico pensando no solo en la agroexportación, sino en la agricultura familiar porque son millones. Nosotros no avalamos expropiaciones ni nada de lo que pueda referenciar a una experiencia anterior.

—¿Cómo piensan analizar la concentración de la propiedad de la tierra si no se van a ejecutar medidas como las expropiaciones?

Creo que la negociación con los actores mismos debe permitirnos [poner] límites adecuados. Lo que necesitamos es promoción de inversión pero no podemos generar monopolios. Si el régimen no es de libre voluntad y desarrollo, tenemos que tener la capacidad de que con política sana, con procedimientos de control y normas claras, se permita no monopolitos, no latifundios. Los límtes podrían discutirse con los actores mismos. A nadie se le va a expropiar.

Participó en las elecciones de enero del 2020, y fue el segundo más votado de su agrupación. (Foto: GEC)
Participó en las elecciones de enero del 2020, y fue el segundo más votado de su agrupación. (Foto: GEC)

—¿Cómo manejarían Uds. una protesta con toma de carreteras y sin líderes con legitimidad suficiente para negociar por todos los que protestan?

Lo inmediato que debe ocurrir apenas estalle un conflicto debe ser el diálogo y ese no ha sido el proceder de este gobierno provisional. Han esperado que las cosas se compliquen, han esperado opiniones que han contribuido a la desinformación y el enfrentamiento.

—Verónika Mendoza ha señalado que van a renegociar los contratos con las concesionarias del tren en Cusco. ¿Qué tipos de concesiones van a revisar?

Es una medida de carácter político la renegociación de contratos donde es evidente que no es favorable al Estado y al ciudadano. Por sensatez, si existen contratos que perjudican a los ciudadanos y a la administración del erario nacional, ¿en qué país del mundo se permitiría que continúe un régimen así?

—También van a revisar los tratados de libre comercio (TLC). Esos son tratados bilaterales con una relación mucho más compleja que los contratos nacionales.

Ciertamente esos contratos tienen rango distinto de normativa que prácticamente los hacen no revisables. Y es justamente una de las cosas que creemos que debe de replantearse en una nueva Constitución. Lo único que no se revisa son los dogmas.

—¿Cómo planean recuperar los 3 millones de empleos perdidos entre el 2021 y el 2022, como lo han puesto en su plan?

De cada 10 empleos, 8 provienen de las microempresas, no de la minería, no de la agroexportación. Para producir empleo necesitamos priorizar la microempresa. En lo formal, tenemos más de 1 millón de microempresas que si uno los mapea, por sectores, en el rubro adecuado, según la vocación productiva, vamos a poder de manera rápida producir empleos.

—Uds. ponen otra meta ambiciosa: reducir la taza de informalidad en 20 puntos, partiendo de la tasa del 70% que había antes de la pandemia. ¿Cómo pretenden hacerlo?

Al final del gobierno significa que tienes todo un periodo para poder abordar con éxito, con mucha técnica un problema de esta naturaleza. Sigue siendo el Estado, en sus subniveles, ese espacio donde existen demasiadas barreras, no solo de tiempo, aranceles, sino en una voluntad indolente de solucionar barreras a lo que hemos llamado tramitología. Creemos que la ley orgánica de los gobiernos subnacionales debe ser replanteada. Tenemos que fijar nuevas competencias entre los subniveles del Estado para que faciliten el acceso en una serie de documentaciones para que la gente no demore más de 600 días tramitando una licencia básica.

—Sus respuestas tienen la el tono de, como decía Antonio Machado, “se hace camino al andar”. No tienen respuestas concretas para plantearlas en el debate.

Te planteo cosas concretas, por ejemplo, en el mundo de las microempresas. Tenemos un programa nacional de compras públicas para promoción; tenemos un conjunto de medidas orientadas a generar valor agregado, ciencia, tecnología e innovación en el mundo de las pymes; tenemos un fondo de garantías o fideicomisos que grave con impuesto para crear un gran fondo a la microempresa. Tenemos cosas concretas con las que se puede empezar. Pero de las otras condiciones que no dependen de nosotros, como las condiciones de mercado y las sociales, solo tenemos escenarios. Podemos decir cómo queremos hacerlo.

Sánchez es hijo de agricultores que migraron del sur del país hacia Huaral. Él y sus hermanos pertenecen a la primera generación de profesionales de su familia. (Archivo personal)
Sánchez es hijo de agricultores que migraron del sur del país hacia Huaral. Él y sus hermanos pertenecen a la primera generación de profesionales de su familia. (Archivo personal)

—El jueves dijo, en RPP, sobre Nicolás Maduro: “Desafiante líder que tiene que trascender”. ¿A qué se refiere?

Es un líder desafiante, sí, porque en medio de un bloqueo económico criminal, en medio de mucho desencuentro, ha sabido dar la cara. Hoy su país lo ha elegido, es un presidente constitucional. Nosotros desde el Perú no tenemos injerencia. Respetamos al pueblo venezolano y sus líderes, nosotros tenemos nuestro propio camino.

—Si criticaban a Manuel Merino por la represión a los estudiantes que protestaban, ¿no criticaría en los mismos términos a Maduro por la represión de la protesta venezolana y los muertos que ha habido allá?

Creo que los venezolanos tienen sus propios desafíos. Nosotros desde el Perú exigimos esa mirada también a todos los países latinoamericanos.

—¿Ud. cree que debe haber partidos con dueños?

Luchamos contra el sentido patrimonial de la política y no concebimos dueños de partidos. Hoy los partidos no estamos exentos de ese conjunto de cultura patrimonial, sufrimos esa crisis. Tener partidos con vocación de construcción de esa nueva representación sigue siendo un desafío.

—¿Qué mérito hizo Ud. en la alianza para ser elegido por la organización como el candidato con el 1 por Lima? ¿O es por ser líder del Partido Humanista que tenía la inscripción formal?

En enero tuvimos una primera campaña y se me dio la responsabilidad de liderar la lista. Entre todos los compañeros afiliados [a JP], la ciudadanía nos apoyó bastante. Fui el compañero militante con mayor votación. Uno de los criterios ha sido ese respaldo. Otro de los criterios es que cada fuerza política ha propuesto a sus líderes por la propia trayectoria en la propia organización política. JP, mi corriente, me propone en la medida que estos 20 años [de militancia] me ha correspondido estar en diferentes responsabilidades.

—¿Cuál es la situación de Yehude Simon en el partido?

Desde octubre del año pasado ya no ejerce ninguna responsabilidad política ni orgánica en JP. Está suspendido en todas sus funciones por un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional luego de que se conocieran las denuncias [del Caso Lava Jato].

—¿De dónde salieron los S/25 mil que gastó en la campaña del 2020?

Un poquito de mis ahorros. El año pasado [2019] trabajé como funcionario de la Municipalidad de San Borja. Otra parte son aportes de algunas amistades con las que he venido trabajando no solo en el mundo universitario sino cultural. Un amigo que me ha donado S/1.500, otro S/2.000.

—¿Ahora piensa gastar algo similar?

Esta pandemia está relativizando todo. Creemos que el espacio virtual es fundamental. No veo que haya elementos para reuniones amplias.

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