Fact-checking: ¿Vladimir Cerrón es un perseguido político, como afirmó Pedro Castillo?

Pedro Castillo, candidato a la presidencia por el partido político Perú Libre, afirmó este jueves que el suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, ha sido condenado “por la corrupción” y esto se trata de una “persecusión política”.

Cerrón, fundador de Perú Libre, asumió el gobierno regional el 1 de enero de 2019. Sin embargo, siete meses después fue suspendido por el Consejo Regional debido a una sentencia judicial. En estas elecciones generales 2021 tentó postular a la segunda vicepresidencia, pero su candidatura fue declarada improcedente.

“Ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción”. “El caso del señor Vladimir Cerrón está en proceso de investigación”. “Totalmente político, es una persecución política”.

Pedro Castillo, jueves 8 de abril. Entrevista con RPP Noticias.

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La afirmación es falsa

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal sentenció, el 5 de agosto del 2019, a Vladimir Cerrón y otros implicados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

El Poder Judicial impuso una condena de cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad contra Cerrón, y se ordenó su inmediata ejecución para el internamiento del entonces gobernador en el Centro Penitenciario de Huancayo. Adicionalmente, se le impuso la pena de inhabilitación por el plazo de 1 año para ele ejercicio de cualquier función pública.

La acusación fiscal sostiene que los implicados “se interesaron de manera directa e indebida en la ampliación del plazo N° 03 de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de La Oroya”, con la finalidad de favorecer al consorcio Altiplano en la suma de S/850.000″.

En aquel entonces, Perú Libre sostenía -al igual que replica hoy Pedro Castillo- que la sentencia correspondía a “una persecución política” contra Cerrón.

En su sentencia, el Poder Judicial indicó que estaba probado que Cerrón y otros tres implicados han tenido una actuación “dolosa con el interés indebido directo a favor del consorcio Altiplano, al haber consentido una paralización de obra injustificada, tramitar y aprobar la ampliación de plazo N° 3, a pesar de conocer que el mismo carecía de sustento y había sido denegado anteriormente, aprobando mediante una nueva resolución la referida ampliación de plazo y reconociendo el pago de mayores gastos generales, por un importe incluso mayor al establecido por el supervisor de la Obra [...]”, entre otros argumentos.

Más de 15 días después de haber sido emitida la sentencia, Vladimir Cerrón permanecía en la clandestinidad. Finalmente, fue detenido el 21 de agosto del 2019 por la Policía Nacional cuando se retiraba de la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín.

En octubre de aquel año, Cerrón fue excarcelado luego de que el Poder Judicial variara su condena de prisión efectiva a suspendida. Además, la sentencia de cuatro años y ocho meses que cumplía en el penal de Huamancaca (Huancayo) fue reformulada a 3 años y 9 meses.

La sentencia se encuentra firme desde octubre del 2019 por la Corte Superior de Justicia de Junín. Adicionalmente, en febrero del 2020 la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la resolución de primera instancia que rechazó la tutela de derecho con la que Cerrón intentó cuestionar la investigación en su contra por asociación ilícita y colusión.

“Hay razones suficientes para investigar al recurrente por los hechos ilícitos que se le atribuyen”, precisa la resolución de la sala. Asimismo, refiere que “la narración de los hechos […] cumple con los estándares de la imputación necesaria a nivel de la investigación preparatoria”, se sostuvo.

El mismo Cerrón, en la declaración jurada presentada al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, consignó la sentencia que se le impuso. Fue retirado de la contienda electoral al encontrarse inmerso en un impedimento de postulación.

El abogado penalista Carlos Caro explicó que la presunción de inocencia contra una persona se rompe una vez que existe una condena. “Con una sentencia confirmada, ya perdió la presunción de inocencia”, dijo.

Además, precisó que afirmar que existe una supuesta persecución política requiere no solo decirlo, sino probarlo. “Eso hay [persecución política] cuando hay injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y no hay indicios de que eso esté sucediendo. El Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. No hay un Poder Judicial tomado”, afirmó.

Incluso, pese a que hay una variante de condena, hay una sentencia en primera instancia. “En la medida que fue confirmada, se rompe la presunción de inocencia”, reiteró.

El Comercio intentó comunicarme con Vladimir Cerrón, pero no recibimos respuesta.

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