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A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Francisco Sagasti, confirmó la noche del jueves haberse comunicado con el escritor Mario Vargas Llosa para que le transmitiera a la candidata Keiko Fujimori “bajar la tensión y esperar los resultados finales” de los comicios del 6 de junio. Además, enfatizó que lo mismo hizo con personas allegadas a la candidatura de Pedro Castillo.
La tarea de un Jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. (1/4)
— Francisco Sagasti (@FSagasti) June 11, 2021
Mientras tanto, Álvaro Vargas Llosa, hijo del novelista, señaló que no hubo “nada delictuoso ni írrito a lo que son las normas democráticas”.
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Tras la información, trascendió que algunos congresistas estarían alistando una moción de censura contra Sagasti por supuesto quiebre a la neutralidad electoral. Sin embargo, legisladores de diferentes bancadas —incluido el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (APP)— declararon en las últimas horas que no existe tal ánimo.
De otro lado, la excongresista Yeni Vilcatoma presentó una denuncia penal contra el mandatario bajo los presuntos cargos delictivos de perturbación de proceso electoral, motín y atentados contra el derecho de sufragio.
¿Se produjo una vulneración a la neutralidad electoral?
De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, “la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana”. Y, en ese sentido, el 18 de diciembre del 2020, se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 199-2020-PCM para aprobar disposiciones sobre neutralidad de funcionarios y servidores públicos durante el periodo electoral 2021.
En dicha norma, se precisan las conductas prohibidas para trabajadores del Estado, incluidas las altas autoridades del gobierno. Si bien una de las prohibiciones es “intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar el ejercicio del sufragio, utilizando la influencia de su cargo” (literal d, artículo 6.3), constitucionalistas consultados por El Comercio señalan que la comunicación entre Sagasti y Vargas Llosa no configura ese escenario.
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“[Con la llamada] No se advierte inconstitucionalidad en ningún sentido. Lo que observo es que, desde el punto de vista de las competencias del Ejecutivo, de garantizar el orden público, el presidente ha pretendido una invocación en ese aspecto. Aunque personalmente me parezca oportuna, otras personas pueden cuestionar la acción, pero de ninguna manera hay algo inconstitucional”, señala el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani.
Urviola enfatiza que, aún si se forzara la figura de un presunto quiebre a la neutralidad, no habría elementos suficientes para proceder contra Sagasti. Esto, porque —en general— cualquier posible interferencia ya no tiene efecto sobre el voto, cuya etapa inició y acabó el mismo 6 de junio.
“Aquí el campo de acción sobre el proceso electoral está únicamente en manos de la ONPE, para el conteo de actas, y del JNE, para resolver todas las impugnaciones que han presentado los partidos. Por lo demás, el acto de sufragio ya culminó”, dijo Urviola.
La constitucionalista Elena Alvites Alvites se pronunció en el mismo sentido. Según explicó, para esta etapa, un escenario de clara interferencia se daría si hubiese interacción con los entes electorales y el propio JNE. Remarcó que, si bien existe un margen menor para quebrar la neutralidad, el llamar a las personas cercanas a los candidatos para reducir la confrontación no resiste esa conclusión.
“En la etapa actual, se entendería un quiebre a la neutralidad siempre que se interactúe con las autoridades electorales porque ahora el proceso está exclusivamente en manos de ellas. Fuera de ello, se podría configurar alguna vulneración si se realizaran declaraciones en favor o en contra de alguno de los contendientes. La neutralidad exige un mismo trato, y si ese llamado a la calma ha sido para los dos candidatos, estamos dentro del equilibrio que persigue ese principio. Además, se ajustaría la función del presidente, de buscar la paz social para la ciudadanía”, indicó Alvites.
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Para el también expresidente del TC, César Landa Arroyo, una llamada limitada a pedir tranquilidad no se ajusta a un marco de interferencia.
“El presidente es el jefe del Estado y dirige la política general del gobierno. De modo que, cuando la estabilidad se ve cuestionada, llamar democráticamente a ambas partes no rompe la neutralidad electoral. Por el contrario, considero válido que se procure asegurar la paz electoral”, afirmó.
El exmagistrado Landa también destacó la importancia de que los organismos de justicia electoral trabajen sin ataques directos o indirectos de la población y remarcó que “la neutralidad no significa indiferencia al caos electoral que se está creando, sino gobernabilidad y estabilidad del cierre del proceso electoral, para una transferencia pacífica del gobierno, como se viene habiendo desde hace 20 años”.
La constitucionalista Gabriela Oporto Patroni dijo, por su parte, que también se debe tomar en cuenta que Mario Vargas Llosa no es un funcionario público con injerencia sobre las instituciones electorales.
Además, señaló que si la comunicación ha sido con los círculos de ambos candidatos en el tono de buscar tranquilidad, no habría fundamento para acusarlo de una vulneración a la neutralidad.
“Él no ha interferido en la labor de los organismos electorales, no ha interferido en el conteo de votos y, lo que es más importante, no ha buscado favorecer a un candidato o a otro. El proceso electoral formalmente no ha terminado, sino hasta la proclamación de resultados, pero llamar a un escritor que apoya una candidatura no configura una razón para vacar a un mandatario”, explicó Oporto.
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El constitucionalista Natale Amprimo Pla fue un poco más crítico de la acción tomada por el presidente Sagasti, pero igualmente señaló que la sola llamada no demuestra un quiebre a la neutralidad electoral.
“En primer lugar, este contacto se podría calificar de torpe. Quien ejerce la presidencia debe ser muy prudente para no generar malas sensaciones o suspicacias mientras no concluya el proceso electoral. Si la llamada es para invocar a la tranquilidad, no hay problema. Lo cuestionable sería una intención de la comunicación distinta, pero si la conversación ha sido inocua, sería evidentemente un exceso del Congreso impulsar algún tipo de censura”, señaló Amprimo.
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